Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
A dos semanas de los acuerdos alcanzados con los gobernadores y los sindicatos, el gobierno de Cambiemos demuestra baja capacidad por lograr la lógica contrapartida a ellos.
Es que en la primera semana de agosto, el Ejecutivo selló un acuerdo con los sindicatos, por el cual se les devuelven los 30.000 millones de pesos de las obras sociales que fueron retenidos por el kirchnerismo, y otro con los gobernadores, por el cual retornan a las provincias 39.000 millones que fueron destinados a la Anses tras la estatización de las AFJP.
Pero faltó acordar, a cambio de ello, el apoyo para el aumento de tarifas en el Congreso y la aprobación del Presupuesto 2017, que los legisladores comenzarán a tratar el mes próximo.
A ello se suma que proyectos políticos como los llamados “anticorrupción” -ley del arrepentido y devolución de bienes mal habidos- y la reforma electoral -la implementación del voto electrónico en todo el país en las elecciones del año próximo- se encuentran complicados. Pero el Ejecutivo logró los dos tercios del Senado para aprobar los nombramientos de los jefes del servicio de inteligencia (AFI).
Que todos los bloques opositores hayan logrado la mayoría para tratar el tema de las tarifas en Diputados al mismo tiempo, muestra que quizás no se ubicaron bien las prioridades del Ejecutivo en el Congreso.
Las tarifas han pasado a ser el problema político y económico crucial para Macri en la segunda quincena de agosto. La realidad es que la economía no ha dado los resultados esperados y este es el contexto en el cual el aumento de tarifas se complica. Si la inflación anual sería entre 20 y 25% y el crecimiento el 1,5%, como el gobierno dijo al comenzar su gestión, los márgenes del oficialismo para manejar el tema serían mayores.
Pero ahora, al no lograr mantener el aumento, aunque reducido sobre sus alcances iniciales, pone al Gobierno frente a un traspié político y económico de relevancia, que el Ejecutivo además magnificó para presionar a la Corte Suprema con el fin de obtener un fallo que convalide el aumento.
El martes 17, el ministro de Energía (Aranguren) concurrió a un plenario de comisiones de Diputados ante el cual defendió el aumento. Dos días después, la Corte Suprema dictó sentencia sobre el tema.
El fallo, coincidiendo con el dictamen de la procuradora y varios fallos de primera y segunda instancia, convalida la atribución del Ejecutivo para aumentar las tarifas y los aumentos de los consumidores no residenciales, mantiene la tarifa social más baja para los sectores de menores ingresos y sólo suspendió el incremento para los consumidores que son particulares, condicionándolo a que el Gobierno convoque las audiencias públicas no vinculantes que se ha empeñado en eludir aunque las exige la ley.
El Gobierno tiene posibilidades de resolver el conflicto pero deberá concentrarse en pasos concretos para hacerlo. Ha reaccionado acatando el fallo -como era inevitable- y convocando las audiencias exigidas, aunque para dentro de tres semanas. La prolongación del problema no es lo que conviene al Gobierno, que a diferencia de este caso, había mostrado capacidad para corregir errores, evitando perseverar en el error, como parece haber sucedido ahora.
Políticamente, el oficialismo había logrado el apoyo de 13 de los 24 gobernadores y de los ex secretarios de energía, los que durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner asumieron una posición crítica sobre el congelamiento de las tarifas.
Quizás el Gobierno cometió el error de transformar en conflicto político lo que en realidad era sólo un problema a resolver. Hasta que no lo haga, quedará planteada en los inversores la duda de si el Gobierno está en fuerza de llevar adelante el proceso de reforma que se plantea como objetivo.
Lo que llama la atención es que habiendo logrado designar dos de los cinco miembros de la Corte Suprema y teniendo un actitud dialoguista dos de los preexistentes, no haya podido adoptar las medidas necesarias -como la convocatoria de las audiencias- para reducir el impacto de la sentencia.
Simultáneamente, la oposición gana la calle con movilizaciones crecientes, que tienen como eje a los llamados “movimientos sociales”. El 9 marcharon hacia la Plaza de Mayo, convocados por la izquierda reclamando contra la política económica.
El 10, lo hicieron hacia el Congreso, cuando diputados trataba el “tarifazo”, esta vez con fuerte presencia del kirchnerismo y sus diversas agrupaciones. El 12, en Mar del Plata, los sectores más radicalizados de las organizaciones de derechos humanos como “Hijos” y militantes kirchneristas repudiaron al Presidente y agredieron su auto.
En el campo sindical, la inflación anual, que supera el 40%, ha originado que los gremios comiencen a revisar los aumentos acordados, comenzando por los docentes bonaerenses, que el 11 realizaron su primer paro del año, mientras que un grupo de gremios peronistas encabezados por los bancarios comienzan a reclamar un paro general para setiembre, que por ahora resiste la mayoría de los sindicatos de esta orientación.
Los datos sobre el aumento de pobreza dados a conocer por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) corroboran el retroceso de los indicadores sociales en el primer semestre del año.
Las declaraciones del Presidente sobre la cantidad de desaparecidos han profundizado la crítica de las organizaciones de derechos humanos; al mismo tiempo, la reiteración de su compromiso contra el aborto ha confirmado el mejoramiento de su relación con la Iglesia y el Vaticano.
En conclusión: el Gobierno ha sufrido un traspié político y económico de cierta significación, pero no es una crisis; ha pagado el costo de jugar al “todo o nada”, algo que no era su característica, como sí lo fue del kirchnerismo; ahora debe resolver el problema con rapidez y el fallo de la Corte Suprema no es un impedimento para ello sino un camino que debe utilizar para hacerlo.
