Desvaída desde que tuvo que adelgazar el gabinete y admitir que el vigor de su política económica reposa en manos de Christine Lagarde, la Casa Rosada intentará esta semana recuperar la iniciativa.
El presidente Mauricio Macri buscará exhibir desde el escenario de las Naciones Unidas la permanencia de un sólido respaldo internacional a su gestión. Es uno de los factores relevantes que lo han sostenido durante la crisis económica. El otro ha sido el bajo umbral de tolerancia de la sociedad argentina a los discursos y acciones desestabilizadoras. Una novedad sistémica de la que no todos los actores políticos y sociales han tomado nota.
Los ministros, compelidos a asumir un rol más activo en el debate económico, preparan medidas para atenuar el impacto de la inflación en los créditos UVA. Esos préstamos, atados a la evolución de precios y salarios, fueron en su hora la principal oferta de prosperidad para la clase media -núcleo duro del electorado oficialista. Hoy le urgen como preocupación.
El gabinete está urgido a aplicar compresas políticas para el descontento social. No podrá detener el nuevo paro de las centrales obreras. Sólo cruza los dedos para que el discurso sindical se mantenga atado a las consignas más radicalizadas que ponen distancia entre la CGT y el peronismo parlamentario y territorial.
Para los sectores más castigados por una recesión cuyo hipótesis de salida más optimista es el primer trimestre del año electoral, el Gobierno amplió los planes de asistencia alimentaria. No será suficiente, le dijeron los obispos a María Eugenia Vidal. El nombre de la recesión es desempleo.
Vidal y Carolina Stanley encabezan las gestiones de contención social. Pero también Patricia Bullrich. Las herramientas de big data que usaron para estudiar la microsegmentación del voto en las campañas electorales ahora les son de utilidad para detectar las zonas rojas de la agitación política.
En tanto, la retracción política de Marcos Peña fue reemplazada por la actividad de Rogelio Frigerio en el diálogo con los gobernadores y por las espadas parlamentarias de Cambiemos que esperan tener el Presupuesto 2019 con media sanción en la última semana de octubre.
Desde la Cámara baja, Emilio Monzó ya advirtió sobre la jugada que prepara Sergio Massa para diferenciarse de oficialistas y opositores. Por lo bajo, todos los sectores admiten que es necesario aprobar el Presupuesto. Nadie quiere quedar expuesto como desestabilizador ante la opinión pública.
Por eso, Massa estaría promoviendo una abstención masiva. Se la propondría al kirchnerismo y a los opositores sin vínculos con los gobiernos de provincia. En una abstención mayúscula, evitaría quedar pegado tanto con una oposición frontal contra el Presupuesto como con la aprobación de medidas de ajuste sin las cuales no habría reducción del déficit.
Frigerio y Monzó buscan que el debate en Diputados evolucione en simultáneo con el acuerdo fiscal de los gobernadores y la revisión del Senado. Es lo que le planteó al justicialista Miguel Pichetto. Con un piso de 17 gobernadores firmando el pacto fiscal, el oficialismo necesitaría el concurso de 20 diputados y 10 senadores opositores para alcanzar la aprobación del nuevo Presupuesto.
En medio de estas tratativas, el oficialismo desvirtuó las versiones sobre una eventual modificación de la legislación electoral para eliminar las primarias abiertas y obligatorias. Aunque no lo descartan para algunas provincias, advierten que una iniciativa de ese calibre no pasaría ni siquiera el filtro de los aliados de Cambiemos.
El Gobierno busca traducir el ligero alivio que le dieron por unos días los mercados en negociaciones eficientes para controlar el déficit. Incluso a las novedades inesperadas en la cima del Poder Judicial las leyó primariamente como una oportunidad para sellar posibles fugas en la ejecución del Presupuesto.
El desplazamiento de Ricardo Lorenzetti abrió un escenario incierto. La Corte Suprema es al mismo tiempo la máxima instancia de administración de uno de los tres poderes del Estado y el tribunal que dicta sentencias que pueden tener un alto impacto en la economía.
En la Casa Rosada imaginan que la presidencia de Carlos Rosenkrantz ayudará a que el gasto del Poder Judicial se ajuste al contexto general de austeridad. Puede ser un optimismo fundado en cuestiones como la adecuación horaria de los tribunales federales a la realidad social. En otros aspectos, como el pago del impuesto a las Ganancias por los magistrados, los operadores judiciales recomiendan cautela.
En la sede de la Corte sospechan que el Gobierno no alcanza a dimensionar que, con el cambio de presidente, el tribunal también acordó un mecanismo de funcionamiento que agilizará la circulación de fallos.
Es el consenso fundacional en el nuevo equilibrio de poder interno.
El más consecuente de los críticos de la mora que Lorenzetti le imponía a la labor jurisdiccional de la Corte fue el juez Horacio Rosatti. Su voto en favor de Rosenkrantz nació condicionado a lograr esa mejora de la tarea judicial.
Algunos de los temas que preocupan al Gobierno ya asoman en el horizonte. No será este año, pero la Corte deberá actuar nuevamente en materia previsional. Al Ejecutivo le aflige el fallo de Cámara de la Seguridad Social según el cual ningún reajuste de haberes de los jubilados puede ser inferior al 70 por ciento del sueldo de la actividad.
Los cambios en la Corte recién comienzan. En los días finales de su extenso mandato, Lorenzetti se vio forzado a caminar la larga cuadra que va desde Talcahuano hacia Uruguay, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, para pedirle a sus pares los votos de una reelección que no consiguió.
Ahora la incógnita será su voto.
