Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
En el entorno más cercano de Mauricio Macri están convencidos: es ahora o nunca, dicen. Con este razonamiento es que el ala más dura del nuevo Gobierno justifica la andanada de decretos de necesidad y urgencia (DNU) con los que el Presidente ha buscado desarmar, en los primeros 20 días de su gobierno, el diseño institucional que Cristina Kirchner le dejó plantado a su sucesor mediante una serie de leyes votadas por las mayorías circunstanciales del Congreso que supo dominar la ex jefa del Estado, instrumentos que le permitieron a ésta el nombramiento de funcionarios de su entera confianza.
Esta premura de la Casa Rosada por desbaratar lo que el Presidente entiende como “trampas” puestas por la ex presidenta para complicar la gobernabilidad luego de su salida del poder, llevó a Macri a reformar vía DNU temas muy complejos y delicados. La semana que finalizó postergó la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal (CPP) y sacó de la órbita del Ministerio Público Fiscal las escuchas telefónicas, que desde que se modificó la Ley de Inteligencia -tras la muerte de Alberto Nisman- quedaron en manos de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
La intención del macrismo es licuarle a la líder de Justicia Legítima todo el poder que en tres años Cristina Kirchner le fue concediendo para fortalecer su posición en la guerra interna que desató en la Justicia.
Pero el rediseño institucional que Macri está haciendo a golpes de DNU también apuntó contra el otro funcionario K que más resistencia le viene presentando al oficialismo: Martín Sabbatella. El hombre de Morón vio primero cómo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue intervenida -y él desplazado de la presidencia- y después cómo el mismo organismo fue disuelto para crear un nuevo ente que manejará un hombre de extrema confianza de Macri: Miguel de Godoy.
No sólo eso, el Presidente también cambió, aludiendo a la “necesidad” y a la “urgencia”, la Ley de Medios y le dio un giro de 180 grados: ahora ningún grupo deberá adecuarse a las exigencias estrictas que votó el Congreso en 2009. El “corazón” de la norma que el Frente para la Victoria (FpV) considera su principal aporte a la democracia voló, así, por los aires.
Se desató una guerra
La avanzada de Macri ya ocasionó una guerra judicial con el kirchnerismo, la cual tendrá su correlato en el Congreso cuando el 1° de marzo vuelvan las sesiones ordinarias.
Algunos de los DNU son difícilmente justificables ya que no están comprendidos por el marco de excepcionalidad que la Constitución prevé para esas herramientas. Nada impide al Ejecutivo llamar a sesiones extraordinarias, por ejemplo. Otros decretos son directamente ilegales ya que reforman temas sobre los que el Congreso está impedido de delegar decisiones al Ejecutivo, como los que abrevan sobre materia penal (la postergación del CPP).
En la Casa Rosada saben que estos DNU tendrán un tortuoso trámite parlamentario porque Cambiemos no tiene mayoría ni en Diputados ni en Senadores.
Pero a favor de Macri juega la ley 26.122 que redactó Cristina Kirchner cuando era senadora nacional, que exige para que un DNU tenga fuerza de ley que sólo una de las dos cámaras lo convalide (dicho de otro modo: el kirchnerismo necesitará ganar las votaciones en el Senado -donde tiene mayoría- y en Diputados, donde nadie la tiene, para derogar cualquier DNU).
De ahí que el macrismo está trabajando en la construcción de una nueva mayoría parlamentaria en la Cámara baja, estrategia a la que ya echó mano para intentar arrebatar al FpV un sillón en el Consejo de la Magistratura. En este tema puntual, Cambiemos recibió el apoyo de históricos aliados del kirchnerismo como los legisladores del partido del santiagueño Gerardo Zamora o los del Movimiento Popular Neuquino.
Sin embargo, por ahora el principal bloque del peronismo no K, el del massismo, no apoya al oficialismo. En el ala dura del Pro creen por ello que el camino a explorar son los diputados del FpV que responden a gobernadores del PJ ortodoxo. “Massa no es confiable”, dicen recelosos.
“Cristina Kirchner dio la orden y no nos quieren dejar gobernar”, explican los ministros de Macri para justificar el uso de los DNU y los altos riesgos institucionales que ha decidido correr el Gobierno. El volátil escenario de la provincia de Buenos Aires les viene como anillo al dedo en su argumentación de la excepcionalidad que más que institucional es política: la semana que finalizó estuvo marcada por dos hechos: los presos del “triple crimen”, a los que se les permitió la huida de una cárcel bonaerense, y la maniobra del FpV para hacerle caer a la gobernadora María Eugenia Vidal su primer presupuesto.
