Con sorpresa y malestar, el Gobierno nacional, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, salió a criticar ayer la ratificación por parte de la CGT de realizar el martes próximo una marcha en reclamo de cambios en la política económica y social a apenas una semana después del respaldo que Cambiemos recibió en las PASO.
La CGT ignoró las críticas y continuó con la organización del acto en la Plaza de Mayo con el que finalizará la marcha. Por las redes, la central distribuyó un flyer con los reclamos de la convocatoria: "Contra la flexibilización laboral y la reforma previsional. Por jubilación digna y defensa del empleo".
Cuestionamiento
"La verdad es que recibí la noticia con sorpresa", dijo Macri. "Tuvimos una elección recientemente (las PASO) y los argentinos han ratificado la vocación de cambio y el apoyo a este Gobierno. Hubiese esperado de los gremios una actitud de decir 'bueno, vamos a acompañar para que el país crezca durante muchos años, para que los argentinos tengan un mejor futuro'".
La confirmación del acto la adoptó el consejo directivo de la CGT en su reunión de anteayer, con lo que ratificó así una decisión que el 28 de julio pasado en el estadio de Ferro había tomado un plenario ampliado de sus secretarios generales. Sin embargo Macri redujo la convocatoria de la protesta a "un grupo de gremios, porque no son todos, que han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que ha pasado en la Argentina".
El jefe de Estado aprovechó una conferencia de prensa en la residencia de Olivos junto al presidente del Banco Mundial, Jim Yonk Kim, para referirse así a la próxima protesta de la CGT, poco después de que en similares términos lo hiciera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
En declaraciones periodísticas, se preguntó Frigerio: "¿Ratificar esta marcha en este momento? ¿A tres días de las elecciones?". Y respondió: "Me parece un error que tiene que ver con la crisis de conducción que tiene la central obrera".
Ciertamente, la ratificación de la protesta en la reunión del miércoles se produjo después de duros cruces entre dirigentes de "los gordos" de los sindicatos de servicios y de "los independientes" (UPCN, Uocra y Obras Sanitarias) con el sector minoritario encabezado por los camioneros.
Mientras se producía esa reunión en la sede de la CGT, a pocas cuadras de allí, en el sindicato de petroleros, el camionero Hugo Moyano almorzaba junto a sindicalistas del sector energético con un cuarteto de ministro encabezados -precisamente- por Frigerio.
Las diferencias internas en la CGT son parte del proceso de renovación de autoridades que seguramente se abrirá a partir de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo después del desgaste político que tuvo el triunvirato de secretarios generales electo en el congreso reunificador del 22 de agosto de 2016, del que se cumplió un año sin recordatorio alguno.
Nación y provincias acuerdan texto de la ley de responsabilidad fiscal
Los gobiernos de la Nación y las provincias acordaron el texto de la Ley de Responsabilidad Fiscal que será enviado al Parlamento y compromete a las jurisdicciones a no aumentar impuestos, informó el Ministerio de Hacienda.
El consenso fue alcanzado durante la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal celebrado en el Palacio de Hacienda.
La iniciativa fue firmada por 22 provincias, con excepción de La Pampa, y por su condición, la Ciudad de Buenos Aires. “El proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales”, indicó Hacienda.
Entre las principales pautas se destaca la imposibilidad de aumentar la presión impositiva, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.
A su vez, las provincias tendrán la obligación de mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes).
Además el gobierno nacional y las provincias deberán congelar la plantilla de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017.
También se establece “la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales, que serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia”. Por otra parte, se incorporarán “Pautas de fin de mandato” para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
“Llegar a un consenso nos beneficia a todos, es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos”, indicó el ministro Nicolás Dujovne.
