Después de 35 días en los que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ejerció una cerrada defensa de la Gendarmería Nacional ante la sospecha de su responsabilidad en la detención de Santiago Maldonado, el Gobierno pasó a admitir que “la hipótesis más fuerte” apunta a esa fuerza de seguridad.
Al mismo tiempo insistió en negar que tenga responsabilidad alguna en un supuesto encubrimiento en la aparente desaparición forzada del joven artesano de 28 años, poco después de que ayer en esta capital un fiscal federal pidió abrir una investigación por ese cargo contra el presidente Mauricio Macri y altos funcionarios del Gobierno.
Los motivos del cambio de posicionamiento gubernamental frente al caso luego de que se cayera la hipótesis según la cual Maldonado era la persona apuñalada días antes de su desaparición por un puestero de una estancia en el departamento chubutense de Cushamen, parecen estar en la fuerte repercusión internacional del asunto, como también en la atención que el mismo empezó a tener en la sociedad argentina, según encuestas que le habrían llegado al presidente Macri, dijeron fuentes gubernamentales.
El cambio en el discurso oficial comenzó a hacerse público después de la reunión que anteayer encabezó el Presidente en la Casa Rosada con Bullrich y su par de Justicia, Germán Garavano, además del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y del jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti.
De ella surgió la decisión de respaldar a Bullrich, prestar toda la colaboración necesaria a la investigación judicial y enviar para ello a Esquel al secretario Avruj.
“Sabemos que la hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero se tiene que verificar si realmente es responsable o no”, dijo ayer Avruj antes de viajar a Esquel, en declaraciones periodísticas en las que, sin embargo, aclaró que “no hay ninguna prueba cierta o pista concreta” que, según la investigación a cargo del juez federal de esa ciudad Guido Otranto, involucre a esa fuerza.
Avruj también señaló que en las últimas horas les ofreció a familiares de Maldonado reunirse con ellos en Esquel, pero que “eligieron no hacerlo”. Desde esa ciudad, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Gastón Chillier, justificó la negativa en la mora del funcionario en hacerse presente en el lugar de los hechos.
También reconoció el “impacto internacional” del caso. “Las instituciones de derechos humanos están mirando esta situación, se están expidiendo y están reclamando”, dijo. La ONU, a través de su agencia regional para los derechos humanos, reclamó porque la investigación no sigue los estándares establecidos en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.
El propio Avruj fue el encargado, además, de asegurar desde Esquel que “no hay ningún encubrimiento posible” por parte del Gobierno a una supuesta responsabilidad de Gendarmería, “en algo tan doloroso como puede ser una desaparición”.
De ese modo pareció responder al pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien ayer incluso le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral abrir una investigación para determinar si desde el Gobierno se encubrió la desaparición de Maldonado.
A partir de una denuncia que hicieron la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Instituto Arturo E. Sampay, que acusaron a Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña y a los ministros Bullrich y Garavano, entre otros, el fiscal, sin imputar a funcionario alguno, abrió un causa penal para determinar la verosimilitud de la denuncia.
Para ello le pidió al juez que le pida a su colega Otranto una “copia urgente” de la investigación así como su apartamiento de la causa.
También a la Jefatura de Gabinete que en forma “urgente” informe sobre la actuación de la Gendarmería en el desalojo de la ruta 40 el 1 de agosto pasado y “perentoria” sobre las acciones gubernamentales para dar con el paradero de Maldonado.
Por su parte, ante el Senado, el jefe de Gabinete insistió en el compromiso del Gobierno “de encontrar con vida a Santiago Maldonado y colaborar con la Justicia” y aseguró que mantiene “todas las hipótesis abiertas. No habrá ningún tipo de encubrimiento”.
Las preguntas de los senadores, sobre todo del Frente para la Victoria, apuntaron a la presunta responsabilidad de la Gendarmería, a la defensa que de la misma hizo la ministra Bullrich y a pedir explicaciones por “la represión” a la marcha multitudinaria del viernes pasado.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió a su vez con los gobernadores neuquino Omar Gutiérrez y rionegrino Alberto Weretilneck para analizar acciones conjuntas de ayuda a la justicia en el caso, con la ausencia del gobierno chubutense, en tanto se informó que el Gobierno aumentó de 500 mil a 2 millones de pesos la recompensa.
Sanz marcó errores en el manejo oficial
El ex senador radical y socio fundador de Cambiemos Ernesto Sanz consideró que “hubo un error de comunicación o de manejo” de parte del Gobierno en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado y que debería haber tenido “un involucramiento mucho más fuerte desde el primer momento”.
Consultado por la reacción del gobierno de Cambiemos, el dirigente radical dijo que prefiere “la respuesta de las últimas 48 horas” que fue “más potente en términos de comunicación a la sociedad” que lo que se expresó cuando se conoció la denuncia.
“Con el diario del lunes uno podría decirle al gobierno ‘mirá, acá hubo un error de comunicación o de manejo y esto debería haber sido un involucramiento mucho más fuerte, desde el primer momento, de la Casa Rosada’”, sostuvo.
Para Sanz, “lo que debería haber primado desde el primer momento” debería haber sido la respuesta de “no se descarta ninguna hipótesis” ya que “eso dicho con fuerza por el Presidente desde el primer minuto te da la idea de que hay un gobierno absolutamente comprometido”.
El ex senador hizo una comparación entre la comunicación del Gobierno con el tema de Maldonado y el tema de las tarifas.
