El oficialismo busca hoy darle media sanción al proyecto que autoriza el pago a los holdouts. En las horas previas a lo que será un maratónico e histórico debate, el presidente Mauricio Macri lanzó una fuerte presión al Congreso: definió a la iniciativa como una ley bisagra para devolver al país “a la senda del crecimiento” y advirtió que si no se arregla con los fondos buitre las alternativas serán “ajuste o híper inflación”.
Para asegurar tanto el quórum como la aprobación de la norma, ayer el Gobierno aceptó realizarle nuevos cambios al dictamen que el martes pasado firmó Cambiemos más el massismo, el PJ disidente y los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá.
A fin de satisfacer las demandas del Frente Renovador, que incluso coqueteó durante todo el día con no bajar al recinto este mediodía, ayer funcionarios del Ejecutivo acordaron condicionar la ratificación de cada uno de los arreglos que el ministro Alfonso Prat Gay firmó con los distintos grupos de holdouts a que primero la justicia norteamericana desactive todos los embargos que pesan sobre la Argentina.
Esto ya estaba claro -para el oficialismo- en el proyecto, pero anoche se buscaba reforzarlo con una nueva redacción. Así, el artículo 5º de la iniciativa pasará a ser el 2º (el primero es la derogación de las leyes “Cerrojo”), de modo que todo pago que se realice a los buitres y la emisión de nueva deuda dependerá de que los embargos sean levantados, tal como se comprometió el juez Thomas Griesa con el Gobierno argentino.
La presión del massismo se agudizó en las últimas horas porque el viernes la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso esta decisión de Griesa para escuchar los reclamos de los bonistas que aún no aceptaron lo ofrecido por la Casa Rosada. “Estamos obligando a los buitres a que presionen junto Argentina para que el fin de los embargos quede firme”, explicó Massa en una brevísima conferencia de prensa, anoche en el Congreso.
El líder del FR mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno, a quién no nombró, quienes convalidaron estos cambios. El presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, había dado señales instantes antes de distensión luego de una jornada frenética. “Queremos que Sergio esté mañana porque es el principal referente de la oposición”, dijo.
Pero al mediodía, las espadas de Cambiemos se habían apurado a señalar que aún sin los 24 diputados renovadores tenían el quórum asegurado (hablaron de 134 legisladores) y contaban entre ellos a los socios del massismo en UNA, como los seis cordobeses que responden a Juan Schiaretti y a Juan Manuel de la Sota, los dos del Movimiento Popular Neuquino y los dos del dasnevísmo.
En esta cuenta también sumaban a los siete Progresistas (pese a que Libres del Sur votará en contra), los 17 del PJ escindido del Frente para la Victoria (FpV), los seis santiagueños que responden a Gerardo Zamora, y los seguidores de Rodríguez Saá y Darío Giustozzi (suman ocho entre ambos sectores). Tras acordar con el Gobierno, Massa sentenció: “Nunca pusimos el quórum en duda”.
Antes de que llegara el entendimiento, la tensión fue indisimulable. Por eso las autoridades de la bancada del Frente Renovador no participaron de una reunión informativa en la que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, le explicó a los jefes de bloques del oficialismo y de la oposición dialoguista que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones no es un impedimento para votar la ley.
Caputo afirmó que el artículo 5º del proyecto original es taxativo y que Argentina pagará a los holdouts sólo si antes la justicia norteamericana deja en firme la decisión de Griesa de levantar los embargos.
El artículo en cuestión fue modificado hace una semana por iniciativa del radical mendocino Luis Borsani, a fin de que no haya posibilidad de que Argentina pague y luego los embargos persistan.
“Los pagos se efectuarán previo dictado de una orden judicial de los tribunales federales competentes de los Estados Unidos que disponga e implique el levantamiento automático y efectivo de las órdenes ‘Parri Passu’ (embargos)”, dice el mencionado ítem bastante explícitamente.
Pero anoche el oficialismo consensuaba con el peronismo no K otra redacción para que la ratificación de los arreglos con los holdouts y el pago de los mismos queden atados a que la Justicia norteamericana convalide el levantamiento de los embargos en todas las instancias judiciales.
Otros cambios no menores también tendrá el texto en la discusión del articulado. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, admitió que se pondrá “un tope de endeudamiento fijo” del orden de los 12 mil millones de pesos y que se está estudiando “la posibilidad de incorporar dentro de las condiciones para la emisión de bonos las cláusulas de acción colectiva, que es básicamente para evitar juicios (de acreedores que no aceptaron los canjes) en el futuro”.
Sin embargo, el macrismo no aceptará cambios a la Ley de Administración Financiera pedidos por el massismo para eliminar los “súper-poderes” que tiene el Jefe de Gabinete.
Laspina aseguró, además, que el dictamen del procurador del Tesoro, Emilio Balbín, descarta prácticamente el riesgo de litigiosidad futura. Pero el jefe de los abogados del Estado se hizo eco de las opiniones vertidas por los letrados estadounidenses que representan al país y evitó hacer consideraciones más consistentes.
Los que van por el "no"
Quienes no darán quórum son los 81 legisladores del Frente para la Victoria (FpV), donde primó la posición mayoritaria del “cristinismo” sobre la de algunos gobernadores justicialistas. A ellos se suman tres aliados históricos del kirchnerismo (entre ellos Carlos Heller) y los cuatro diputados del Frente de Izquierda (FIT).
Este universo también votará en contra, según garantizaron ayer todas estas bancadas. Pero los votos negativos crecerán ya que los tres diputados de Libres del Sur también sumarán sus rechazados. En total, podrían haber más de 90 votos negativos y la ley podría recibir media sanción con unos 160 votos afirmativos.
Stolbizer confirmó su apoyo
La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer afirmó ayer que “es la única salida posible” el acuerdo con los holdouts por la deuda en default para “evitar un ajuste” y adelantó que votará a favor del dictamen consensuado de mayoría.
“Sabemos que se trata de un pago injusto como consecuencia de una sentencia injusta. Pero también sabemos que es la única salida posible en estos momentos para evitar un ajuste y poder encarar un sendero de crecimiento para la Argentina”, expresó.
