Los gremialistas -ex socios en ATE- Roberto Macho y Raquel Blas, serán sometidos a juicio por cortar calles en una protesta sindical. Así lo decidió la jueza Patricia Alonso, en una resolución a instancias del 2° Juzgado Colegiado penal.
Ambos arriesgan una condena de prisión que puede ir de dos meses a dos años de cárcel. Es decir que se trata de un delito “menor” y por lo tanto, excarcelable, salvo que el acusado tenga antecedentes penales.
En la misma causa fue sobreseído el secretario general de Sitea, Federico Lorite, que también había sido acusado en 2016 "por impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del tránsito", de acuerdo con lo que especifica el artículo 194 del Código Penal.
Macho, Blas y Lorite, habían sido imputados tras una marcha callejera, el 24 de febrero de 2016. La manifestación comenzó con un corte en San Martín y Garibaldi, luego se movilizó por el centro para finalizar en Casa de Gobierno.
Desde un principio los tres gremialistas fueron los únicos imputados. Eso, a pesar de que en la marcha hubo otros activistas, al tratarse de una jornada de protesta convocada por ATE nacional.
En esos días además, surgían las primeras reacciones contra el protocolo "antipiquetes" promovido por los gobiernos nacional y provincial. Y todo se daba en torno a las primeras paritarias de la gestión Cornejo.
Oportunamente, toda la clase sindical repudió las acusaciones, por entender que respondía a “criminalizar la protesta”. Ese concepto no ha cambiado para los sindicalistas que van a juicio.
"Pedimos que terminen con la persecución a trabajadores", dijo Macho. Y relacionó hechos de Jujuy, donde hubo allanamientos a gremialistas que participaron en una jornada de protesta de ATE.
“Es aberrante que se nos impute y enjuicie por una movilización”, indicó Blas. “Si este criterio prosperara sería terrible para cualquier ejercicio del derecho de peticionar y movilizarse”, agregó.
En el Ejecutivo en tanto, durante todo el proceso ha habido “satisfacción” con el accionar de la Justicia. “Está garantizado el derecho constitucional a peticionar, pero cortar las calles es un delito”, han dicho y repetido.
En puerta
La novedad es que si bien Macho y Blas siguen imputados e indefectiblemente deberán afrontar el juicio, el tercer involucrado, Lorite, quedó libre de culpa y cargo.
En el Palacio Judicial se escuchó decir que si bien el hecho es el mismo, los procesos de cada imputado “son distintos”. Y se atribuye el resultado favorable a Lorite, al trabajo de su defensa.
Algo de eso hay. La jueza Alonso aceptó un pedido de nulidad "parcial", ante la solicitud de Juan Dantiack, defensor de Lorite. Los abogados de Blas y Macho también pidieron esa nulidad, pero a ellos se les negó.
Se comenta que hubo una falla “técnica” en el caso Lorite. En diciembre pasado, él presentó un escrito para ampliar su declaración, que no fue incorporado al expediente (dicen que se traspapeló). En febrero -tras cumplirse 2 años del hecho- esa causa prescribió.
Dantiack dijo que en la audiencia, la jueza dijo que “se violó el derecho de la defensa” de Lorite y por eso lo sobreseyó.
En base a eso, Macho y Blas, buscarán -ya en instancias del juicio-, que la nulidad también los alcance y los favorezca.
Puntos clave
24 de febrero de 2016. Gremios marchan por el centro hasta Casa de Gobierno. Se denuncia a Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite.
Dos días después. Se los imputa por incumplir el artículo 194 del Código Penal, que condena al que impide, estorba o entorpece el funcionamiento de transporte.
Febrero 2018. La fiscal Gabriela García Cobos pide "elevar a juicio" la causa de los tres. Dos meses después, la jueza Patricia Alonso accede, aunque sobresee a Lorite.
