Desde 2016, cuando empezó a aplicarse el incremento por etapas en el marco de la revisión tarifaria integral, los mendocinos vieron considerablemente incrementado el número que figura en sus facturas de servicios públicos.
En dos años, el agua aumentó un 124%; la variación del cargo fijo por bimestre y del kilovatio en el caso de la luz osciló entre 400% y 500%; y con el gas, las subas rondaron el 400 y el 500% para el monto fijo y el 120% y el 330% para el precio por m3, con marcadas diferencias según el tipo de usuario.
Después de 15 años de tarifas congeladas, se definió un cronograma de ajuste de los valores, que también establece que las empresas distribuidoras deben ejecutar un plan de inversión. Por otra parte, el gobierno nacional decidió, como una de las herramientas para reducir el déficit fiscal, eliminar los subsidios que hacían que los montos a pagar fueran considerablemente inferiores.
Sin embargo, este denominado sinceramiento implicó que en dos años hubiera aumentos de alrededor de 500% en algunos montos que componen la factura. De todos modos, el impacto en la boleta es variable porque depende del consumo.
Así, aunque el precio del kilovatio o del metro cúbico de gas haya subido un 500%, si el usuario utiliza más -o menos- luz o gas que el año anterior, el monto a pagar puede tener variaciones diversas. Por otra parte, el ajuste para este último servicio fue variable según la categoría.
Luz
Desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) detallaron que desde 2016 el incremento promedio en la boleta se ubicó entre el 400% y el 500%.
Cuando se analiza la evolución de los dos componentes principales de la facturación, en los cuadros tarifarios que publica el organismo, se observa que de abril de 2016 a octubre de 2018, el cargo fijo por bimestre subió 400% y el valor del kilovatio entre 555% y 576% de acuerdo al tipo de usuario.
Al discriminar por categoría de clientes residenciales, las variaciones en el cargo fijo fueron de 405% para el R1 (hasta 299 kilovatios por bimestre), de 403% para el R2 (de 300 a 599 kilovatios) y de 400% para el R3 (más de 600 kilovatios). En tanto, el precio del kilovatio por hora varió un 576% para el R1, 555% para el R2 y 556% para el R3.
El monto final a pagar se compone, para un usuario residencial promedio, en un 36% por el costo de la generación de la energía y su transporte, importe que se define desde Nación; en 35% por el valor agregado de distribución, que es el costo de operación de las distribuidoras locales, que se fija en la provincia; y el 29% restante corresponde a impuestos como IVA, alumbrado público, tasas municipales y fondo para tarifa social.
En cuanto al componente que se establece en la provincia, el VAD, tuvo dos ajustes el año pasado, producto de la normalización tarifaria, de 8% en julio y de 12% en noviembre. En la audiencia pública que se realizó en julio de este año, el EPRE había propuesto un nuevo incremento de este ítem en un 2%, pero no obtuvo aval del Ejecutivo provincial. Sobre el costo de abastecimiento, la energía estaba subsidiada en alrededor del 35% y se estableció un cronograma de eliminación progresiva de este subsidio hasta 2019.
Gas
Con el gas, la variación de los dos cargos que primero aparecen en la boleta -el fijo por bimestre y el precio del metro cúbico- es mucho más marcada según el consumo. Así, el monto fijo aumentó, desde abril de 2016, 392% para el usuario R1, 400% para el R2 1, 408% para el R2 2, 418% para el R2 3, 445% para el R3 1, 463% para el R3 2, 480% para el R3 3 y 521% para el R3 4. Es decir, el incremento fue mayor para los que más consumen.
Sin embargo, cuando se analiza la evolución del precio del metro cúbico ocurre lo contrario, ya que la suba fue de 332% para el usuario R1, 332% para el R2 1, 332% para el R2 2, 332% para el R2 3, 186% para el R3 1, 186% para el R3 2, 186% para el R3 3 y 122% para el R3 4.
Esto, sostienen, apuntó a reducir la brecha del valor del gas para los distintos tipos de consumo, ya que en 2016 el precio que pagaba un R1 era casi la mitad del que se aplicaba a un R3 4 (esta dispersión no se observaba en el caso del kilovatio). Por otra parte, se elevaron los mínimos para pasar de una a otra categoría.
Hay que recordar que la composición del monto que pagan los usuarios residenciales de Ecogas es de aproximadamente un 39% del precio del gas, un 40% del costo de distribución y transporte, y un 21% de impuestos.
Pero también hubo otras modificaciones. A fines del mes pasado fue publicada en el Boletín Oficial una resolución que dejaba sin efecto desde octubre las bonificaciones para los usuarios residenciales que reducían su consumo con respecto al mismo período del año anterior.
Como contraparte, los primeros días de este mes se dio marcha atrás a la decisión de trasladar a los usuarios la diferencia del precio del gas por la devaluación, cuyo pago iban a tener que afrontar en 24 cuotas -de entre 90 y 100 pesos- todos los clientes.
Es que el precio del gas en boca de pozo está dolarizado y en los contratos que las distribuidoras suscribieron con las productoras se calculó que la cotización iba a ser de $ 18,33 de enero a marzo de 2018 y de $ 20,35 de abril a setiembre.
Como está fijado que las distribuidoras no deben ganar ni perder por el costo del gas, se había previsto que los usuarios pagaran la diferencia producto de la devaluación, que generó una deuda de 20 mil millones de pesos.
La oposición de todo el arco político, incluido Cambiemos, provocó que el gobierno nacional decidiera que la mitad de ese monto fuera pagado por el Estado (en 30 cuotas) y la otra mitad por las empresas productoras.
Agua y cloacas
Si bien hay diversos operadores en el territorio, Aguas Mendocinas abastece a más de 400 mil usuarios en toda la provincia, en algunos casos del servicio de agua y en otros también del de cloacas. Estas boletas tuvieron un aumento, desde comienzos de 2016 a este mes de 124%.
El porcentaje es mucho menor que el de los otros dos servicios, luz y gas, ya que se han ido haciendo sucesivos ajustes desde que se intervino Obras Sanitarias Mendoza (en agosto de 2009) y se creó Agua y Saneamiento Mendoza (en noviembre de 2011).
La tarifa fue modificada 36,57% en 2009; 35% en 2011; 25,42% en 2012 y 2013; 17,39%, 35% y 4,16% en 2017; 35% en 2016; y 30%, 9,2%, 8,5% y 7,8% en lo que va de 2018 (aún resta un último 7,2% en diciembre). Es decir que, el 10 años, la variación acumulada fue de 1.050%.
Aysam ha lanzado una licitación para adquirir 160 mil medidores de agua, que se instalarán en 2019, con lo que a este número de usuarios dejará de aplicársele el cálculo en función del "consumo presunto". Una de las finalidades de esto es optimizar el uso del agua, pero aún no se dieron detalles de cómo impactará en las boletas, aunque sí adelantaron que se premiará el ahorro y se castigará el uso excesivo.
Advierten que la electricidad tiene 525% de atraso
Daniel Garro, director de Value International Group, explicó que, en términos nominales -es decir, sin considerar la inflación-, el salario promedio subió 3.842% desde abril de 2002 a setiembre de 2018 (232% anual). En el mismo período, los precios al consumidor tuvieron una variación de 2.890% (175% anual), mientras que el incremento del precio de la tarifa eléctrica fue de 2.365%, lo que implica un 143% anual.
El economista resaltó que sólo considera la variación de la tarifa eléctrica, no de la facturación (el monto que efectivamente pagan los usuarios), ya que esta última tiene muchos componentes impositivos, que nada tienen que ver con el precio de lo que se paga por la energía. Para entenderlo, detalló que por cada $ 1 de aumento, sólo $ 0,28 van a tarifa, mientras el resto son impuestos y/o menores subsidios. Es decir que $ 0,72 de cada $ 1 de aumento va a parar al Estado, no a las empresas proveedoras del servicio.
A partir de este análisis, Garro concluye que en relación con los precios, las tarifas eléctricas están atrasadas todavía un 525%. En cuanto a los salarios, estos subieron 89% más por año que las tarifas eléctricas, lo que implica que las tarifas han estado creciendo por debajo de la suba salarial promedio anual (y estima que la situación debe ser similar con el gas). De hecho, indicó que en abril del 2002 se necesitaba un 0,01% del salario para comprar 1 kw de energía eléctrica y en setiembre de 2018, 0,005% del mismo.
Cuando la base de cálculo es el dólar, continuó, se observa que desde abril de 2002 a setiembre de este año, la suba de los salarios en dólares fue de 249% (15,1% anual) y la de la tarifa eléctrica de un 85% (5,1% anual), mientras que el tipo de cambio creció un 1.300% en el mismo período, ya que pasó de $ 3 a $ 39 por dólar (79% anual).
Esto permite señalar que, en dólares, los salarios han subido 10 puntos más que las tarifas, por año promedio, y que para que la tarifa eléctrica estuviera en el mismo nivel del 2002 en U$S -descontada la inflación de Estados Unidos, el tipo de cambio debería estar en $ 58,2.
Si bien opinó que el gobierno actual se ha equivocado en diversas decisiones de política económica, y por eso hay estanflación por tercera vez en 6 años, para él "está claro que en este caso es donde menos mal se ha comportado". Planteó que técnicamente el ajuste está mal realizado, pero que los aumentos son, simplemente, una recomposición de la situación insostenible en las tarifas de servicios públicos dejada por la gestión anterior.
Más del 10% de los ingresos se va en el pago de facturas
La Asociación Consumidores Mendocinos realizó un análisis del incremento que sufrieron las tarifas de servicios públicos desde 2015 a 2018, para cuantificar el impacto que el aumento en el costo de la energía tuvo en los ingresos familiares. Para eso, tomó en consideración también la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al aumento de la Canasta Básica Alimentaria.
Para medir la "pobreza energética", adoptaron el criterio -internacional- de que está en esta situación un hogar que debe dedicar más del 10% de sus ingresos -descontando la Canasta Básica Alimentaria- para calefaccionar su vivienda. Esto es, para alcanzar los 21 grados en la habitación principal y 18 en las restantes, según la Organización Mundial de la Salud.
Para realizar el cálculo tomaron datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares y estimaron los consumos imprescindibles de gas y electricidad para un hogar, de acuerdo a la cantidad de integrantes. Además, compararon las tarifas vigentes de los últimos tres años.
Así, concluyeron que en el segundo trimestre de 2018 unos 500 mil habitantes del Gran Mendoza son pobres energéticos, lo que equivale a un 42,89% de la población de este conglomerado. En 2015, en cambio, sólo el 4,52% estaba en esta situación, es decir un poco más de 51 mil personas. Esto, pese a que consideraron que las familias de menores recursos accedían a la tarifa social.
Sebastián Laza: “Se podría haber aplicado en forma gradual”
El economista, asesor del gobierno provincial, Sebastián Laza consideró que el incremento en las tarifas de gas y electricidad" se podría haber aplicado de un modo más gradual para no impactar tanto en los bolsillos de las familias". Otra opción, agregó, hubiera sido implementar aumentos más fuertes para las franjas altas y medias altas, y moderados para las medias y bajas, más allá de la tarifa social.
Laza señaló que las subas se aceleraron porque el gobierno nacional apuntó a bajar el gasto público vinculado a los subsidios, que explicaba una parte del déficit fiscal, y a darle un incentivo a los generadores de gas y electricidad para que mejoraran rápidamente la producción disponible.
Sobre esto último, planteó que el subsidio compensaba a las empresas pero no incentivaba a invertir; además de que no era transparente. En este sentido, recordó que en verano eran frecuentes los cortes de electricidad y que la producción de gas era insuficiente y debía importarse con sobreprecios.
