Mientras esperan la cuenta regresiva para actualizar las tarifas congeladas por efecto del llamado Programa de Convergencia nacional, algunas distribuidoras eléctricas se hacen oír por las demoras en la llegada de fondos que, a cambio de no encarecer la prestación del servicio, el Gobierno prometió canalizar para inversiones en infraestructura hasta diciembre.
A 70 días del término inicial del programa, cooperativas aseguran haber cobrado sólo un anticipo de entre 10 y 20%, según lo expusieron por escrito al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien le piden tomar “debida nota y actuar en consecuencia”, al evaluar que no hay condiciones propicias para mantener el congelamiento.
Factótum de los “precios cuidados” en el sector energético, De Vido recibió una advertencia más amplia: en tal contexto, para las cooperativas eléctricas “de ningún modo se podrá asumir” una eventual prórroga del congelamiento desde enero de 2015. Tampoco habrá calidad de prestación sin recursos, lo que de a poco empieza a derretir el convenio.
El planteo -al que adhieren las 9 cooperativas mendocinas como Alto Verde, Rivadavia y Cecsagal (General Alvear), Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Monte Comán y Santa Rosa, entre otras, y miembros de la Federación Cuyo-se decidió en la última reunión del Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) y fue enviado a la Nación y al Ministerio de Energía de Mendoza con fecha del lunes 20.
Allí se deja explícito que, de no concluir antes de fin de año las obras planificadas, será “imposible garantizar una calidad del servicio que resulte del mismo nivel a la alcanzada el año anterior, en situaciones de máxima demanda”.
“La mayor parte de las cooperativas cumplieron con los requisitos establecidos, pero la operatoria implementada para percibir los fondos ha resultado de una inconveniente lentitud, y con una gestión administrativa de tal complejidad que dilata los plazos considerados razonables”, consigna el escrito elaborado por la FACE con la firma del presidente, Marcelo Gallo, y el secretario, Eric Ferroni.
Para José Álvarez, presidente de la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande, la situación configura una “falta de seguridad jurídica” y es lo que distingue “una política de Gobierno” de una política de Estado.
“A la fecha, los “acuerdos de la convergencia” se avizoran como una acción aislada, no como un proceso cuidado de construcción de una nueva política de Estado en la materia”, opinó el directivo.
Argumentos cruzados
Como muestra vale un botón: a Cooperativa de Godoy Cruz se le aprobó un plan de obras de $ 16,4 millones (al sector eléctrico de Mendoza en conjunto le corresponden $ 200 millones) de los cuales percibió hasta aquí sólo $ 3 millones.
“Y eso que presentamos todas las facturas y certificados de obra, más las auditorías contables de rigor. Sin tarifas ni fondos, estamos en emergencia ya que tampoco hay previsibilidad, por eso lo que expuso la FACE tiene toda la lógica del mundo”, analizó una fuente en off the récord.
Las cuentas del Ministerio de Energía arrojan que las cooperativas zonales ya certificaron obras por más de $ 13 millones, aunque no todas cobraron.
Según el ministro Marcos Zandomeni las demoras son mayormente atribuibles a “errores procedimentales, pero que son subsanables, como la presentación de facturas con fecha previa a la firma de los convenios”.
Otra razón esgrimida por Zandomeni es que “se trata de 9 administraciones diferentes que deben consolidarse en una sola y no resulta fácil”, aunque tampoco dejó de argumentar demoras “de casi 40 días en reunir la documentación necesaria” por parte de las mismas cooperativas.
A poco más de 2 meses para que termine el Programa de Convergencia ¿qué pasará con las obras aprobadas si no llegan los fondos a tiempo? “No lo sé en este momento pero vamos resolviendo los problemas a la par de las empresas”, aseguró el funcionario.
Días de definiciones
Para el Gobierno local, los cuadros tarifarios son tema excluyente de la agenda. De hecho, para hoy está prevista una reunión entre el gobernador Francisco Pérez y funcionarios de Energía, técnicos del área y del EPRE para avanzar en algún tipo de definición.
El lunes 20 las distribuidoras redondearon con la directora de Servicios Públicos, Patricia Martínez, su desacuerdo con el estudio de costos del EPRE.
“En las últimas revisiones siempre hubo diferencias. El estudio 2009 reconoció un costo laboral de 108 mil pesos por empleado, y si bien se actualizó 40%, a la empresa hoy le cuesta más del doble”, dice un ejecutivo.
Aunque no lo dicen en voz alta, algunos directivos detectan que el camino de los “Precios Cuidados” del sector eléctrico al menos está interrumpido.
La lectura no sólo deviene de dilaciones en la llegada de fondos de la Nación, sino también de decisiones en algunas provincias que ya encararon procesos para ajustar tarifas.
