Nadie duda que las tarifas de los servicios públicos se encontraban atrasadas por decisiones que escapan a la mayoría de los ciudadanos. En algunos lugares pagaban $ 48 por bimestre de luz. Pero de allí a los aumentos registrados, hay una distancia sustancial.
Para redactar esta nota, he considerado los mismos períodos de facturación en los años 2017 y 2018.
Así, en el caso de la luz, con 100 KW menos de consumo, he tenido que pagar el 400% de aumento, esto es $ 1.631.
En el gas, con similar consumo, fueron un poco más discretos, el 322% de incremento.
Como jubilado, también en los mismos períodos, he recibido un aumento que no llega al 30%, con lo cual me han producido una tremenda pérdida del poder adquisitivo de mis ya menguados ingresos.
Si a lo expuesto le sumamos la inflación (con aumentos de precios en todos los rubros) que desde hace 7 años no es menor al 25% anual, fácilmente se advertirá cuánto nos están castigando a los adultos mayores con erróneas decisiones políticas, luego de haber aportado una vida para tener una jubilación digna, como dispone la Constitución Nacional.
Dialogando con amigos de la CABA y gran Buenos Aires advierto que pagaban y abonan por los servicios menos que en Mendoza, cosa que también sucede con el combustible. De esta forma, mediante estas diferencias, se vulnera el principio de igualdad que debería regir en una república y se violenta el federalismo, al imponernos tarifas a quienes producimos esos recursos, más caros que en otras zonas del país.
Edgardo Civit Evans
LE 8.142.980
Economista
