Si a esta altura usted ya se perdió entre tanto anuncio sobre la tarifa eléctrica, intentaremos aclararle el panorama teniendo en cuenta que para los usuarios mendocinos es más complejo al cruzarse decisiones de los gobiernos provincial y nacional. Lo cierto es que los cuadros que rigen desde el 1 de febrero a raíz de la eliminación general de subsidios al consumo volverán a modificarse varias veces durante 2016 hasta completar 27% más a fin de año en Mendoza.
Vale recordar que a nivel local todo empezó con un 30% retroactivo a diciembre, según lo refrendó el decreto por el cual se descongelaron las tarifas locales, frenadas desde agosto de 2013. A esto se suma el recálculo obligado por la quita del beneficio decidida por el Ministerio de Energía de la Nación en todo el país, que en Mendoza encareció el cargo variable ($ por kilovatio) hasta 300%.
Pero no se relaje. Sucede que se viene otro 8,75% de ajuste promedio en marzo, el primero de una serie de 4 “retoques” trimestrales dentro de un programa de actualización anual de valores que dispuso antes de dejar el Gobierno Francisco Pérez. Ni más ni menos que la segunda parte del decreto provincial que reconoce a Edemsa, Cooperativa de Godoy Cruz, Edeste y el resto de las cooperativas una actualización periódica de sus costos y el VAD.
El primer “mini-ajuste” de marzo promete llevar el kilovatio de $ 0,44 a $ 0,48 en la categoría inicial (menos de 300 kw/bimestre). Pero aumenta casi 20% o más conforme un mayor consumo: para la Residencial 2 (de 300 a 599 kw) pasa de $ 0,50 a casi $ 0,60 sin ahorro, similar a la 3 (mayor a 600 kw).
En las facturas
Así las cosas, al finalizar 2016 la electricidad en Mendoza será casi 27% superior en costo a la del mes en curso. Frente a esto, prepárese a ahorrar para evitar el shock (eléctrico), único modo a la vista de que el presupuesto doméstico lo sienta menos.
Con todo, al comparar con la facturación estimada en diciembre de 2015, los mendocinos que menos consumen por bimestre habrán tenido que pagar casi $ 126 más que un año atrás.
De ese modo, en el transcurso del año calendario, resulta que un usuario de menos de 300 kilovatios, que en diciembre pasado pagó $ 55,50, terminará el 2016, a igual consumo, con una factura de $ 181,10. Porcentualmente, una variación de 230%.
Achiquemos la brecha comparable. Al tomar la “foto” de febrero (primer mes sin subsidios) y cotejarla con los números del último mes de 2016 (con los primeros 4 “mini-ajustes” trimestrales), la factura promedio de la categoría, sin un recorte sustancial de la demanda, habrá crecido alrededor del 30%.
Llevado a las facturas, el incremento queda un poco más claro. Marcelo M vive con su familia en Capital y representa un caso de hogares de bajo consumo. Con 253 kilovatios al cabo del primer bimestre del año pasado, en marzo recibió una factura de $ 51. En realidad, el costo de la energía sin subsidio era para la vivienda de Marcelo $ 112,66, importe que, sumados los impuestos y ajustes previstos, hará que el monto final facturado hasta el año pasado se multiplique varias veces.
¿Y las franjas superiores? Allí quedará patente el criterio de “a mayor consumo, energía más cara”. Por ejemplo, un usuario que ronda 450 kw (ex T1R2, hoy Residencial 2), que en diciembre último le facturaron $ 127,50, cuando se vaya el 2016, si no ahorra, rozará los $ 533. O sea, una boleta más de 4 veces superior.
Igualmente, cabe tener en cuenta que el movimiento de los precios de la energía tampoco terminará en 2016. Es que recién en junio de 2017 terminará la serie de ajustes trimestrales de casi 9% por tramo acordados en Mendoza. Para entonces, está previsto que la factura más “accesible” esté cerca de los $ 200.
Tarifa social y trabajadores en negro
“Solicitamos que la tarifa social se aplique a todos aquellos usuarios que se encuentran en iguales condiciones económicas y sociales que los que se encuentran alcanzados”. Así reza parte de un pedido formal direccionado al titular del Enre (Ente Nacional Regulador Eléctrico), Alejandro Martínez Leone, desde Mendoza por la ONG de defensa del usuario Protectora.
Los argumentos expuestos por la ONG que promueve la acción son, en base al nuevo Código Civil, evitar “la discriminación social”, y “un grave perjuicio económico y social”.
Así es que, a las 7 categorías alcanzadas por la nueva Tarifa Social, la solicitud firmada por uno de sus apoderados, Mario Vadillo, apunta a incorporar al menos otras 5, entre las que están los trabajadores informales por considerar que, pese a no tener registración laboral “son titulares del servicio y tienen las mismas necesidades de empleados en relación de dependencia”.
Asimismo, el planteo de Protectora incluye ampliarlo a los jubilados y distintas categorías de monotributistas con ingresos de hasta 2 salarios mínimos ($ 12.120), bajo el mismo criterio. Y también a viviendas multifamiliares, cuyo consumo se refleja en el mismo medidor”.
Protectora ya había formulado una petición al Epre, que incluía la convocatoria a una audiencia pública, pero la respuesta no se hizo esperar. Su presidente, Elián Japaz, aclaró que no es procedente la intervención del ente por tratarse de una medida nacional.
