Luz: 270 mil mendocinos se quedarían sin subsidios

El 50% viven en zonas residenciales cotizadas y aún gozan del beneficio según el EPRE. Depuran un listado de 2 mil cuentas con tarifa social para priorizar la asistencia.

Luz: 270 mil mendocinos se quedarían sin subsidios

“La quita de subsidios II- El regreso”. Así podría llamarse si fuera una película la decisión anunciada por la Nación de retomar la poda de los beneficios que gozan buena parte de los usuarios de energía eléctrica. Una medida que al sumar las renuncias voluntarias no llega al 10% de las 600 mil cuentas desde que se aplicó por primera vez en 2012 a barrios privados de Mendoza, y ahora alcanzaría a otro 50% en forma personalizada o “a medida” de zonas residenciales y que, descontando los que pagan tarifa plana, alcanza a unos 270 mil usuarios.

Son las estimaciones que maneja el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre), hasta ahora responsable de coordinar la implementación del recorte, en base a la cantidad de mendocinos que, por poder adquisitivo, nivel de consumo y tipo de la vivienda que ocupan, estarán en la mira.

El registro del ente indica que, de los casi 600 mil usuarios que hay en la provincia, 8% pagan una tarifa plena desde hace casi 4 años cuando se completó la primera etapa de la poda. La renuncia por motu proprio no logró mucha adhesión, hasta ahora: quienes desistieron del beneficio apenas suman 12.000 en la provincia.

Con la experiencia a cuestas de la primera fase de la quita que empezó a regir el 1 de enero de 2012 producto del cruce de base de datos de la Dirección Provincial de Catastro, ATM y Afip, el presidente del Epre, Elián Japaz, consideró que “seguramente seguirá un criterio individual a partir de un barrido, luego del cual cada usuario deberá justificar por qué amerita contar con el subsidio.

Incluso está hecho un trabajo que combina información de Catastro sobre características constructivas y zona de residencia, por cada actividad económica identificada por “nic” (número de cliente) que en su momento quedó a medias”.

Cabe recordar que, luego de englobar a 102 barrios privados de Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú, San Martín, Tunuyán, Tupungato y San Rafael, estaba previsto que la quita de subsidios siguiera en 2013, pero todo quedó en suspenso.

Así, zonas históricamente residenciales y con viviendas cotizadas, caso avenida Emilio Civit y Boulogne Sur Mer, de Capital, o el exclusivo Barrio Arizu de Godoy Cruz, quedaron a salvo y, pese a concentrar construcciones de alto valor de mercado, aún gozan del beneficio.

Ayer, las 46 distribuidoras eléctricas de todo el país, reunidas en Adeera (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina), analizaron la medida.

“Salvo los dos barrios privados (El Escorial y Palmares) el resto del departamento está subsidiado. Ahora hay que esperar un instructivo para saber si el recorte es por nivel de ingreso o por zonas, pero lo cierto es que el grueso del beneficio está en Capital Federal: allí la tarifa es hasta 8 veces inferior a lo que se paga en las provincias”, consignaron desde la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz.

Del dólar ahorro a Ganancias

Sobre los parámetros para delimitar quiénes quedarán alcanzados se sabe que serán diversos, siempre producto del cruce de bases de datos de organismos oficiales, para llegar a una suerte de nueva “sintonía fina”.

A diferencia de lo que se hizo en 2011 cuando aún no existía el cepo cambiario, para ponderar la capacidad contributiva se tendrá en cuenta la compra del llamado “dólar ahorro”, además de la condición de tributar impuestos nacionales como Ganancias y Bienes Personales (información controlada por AFIP), provinciales como Ingresos Brutos (ATM).

Ser sujeto de aportes patronales, cuántos gozan de jubilaciones elevadas es información que deberá suministrar la Anses.

El trabajo de depurar padrones de usuarios ya empezó. “Vamos a tener una reunión para organizar el trabajo”, anticipó el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, quien solicitó al EPRE un listado actual de los beneficiarios de la tarifa social que hoy rondan los 2.000. “El propósito es saber a cuántos efectivamente les corresponde, por percibir el salario mínimo vital y móvil, entre otras condiciones”, explicó Japaz.

También se prevé la necesidad de distinguir a los titulares de inmuebles en alquiler, de los usuarios actuales del servicio.

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