Tras pasar dos días en el interior del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, esta tarde, el ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se entregó a la Policía. La gran cantidad de militantes había impedido la salida del edificio del ex mandatario, pero momentos después se entregó.
La multitud, que desde el jueves pasado rodeó el edificio, se ha ido reduciendo desde que Lula anunciara esta mañana en un encendido discurso que se entregaría para comenzar a cumplir la pena de 12 años y un mes de cárcel que le impuso la Justicia por corrupción.
En el primer intento para salir, decenas de personas se agolparon a las puertas del estacionamiento del sindicato y, en medio de muchos empujones con los responsables de la seguridad de Lula, impidieron la salida del coche. Desde que se conoció la intención del ex mandatario, cientos de simpatizantes se han reunido frente a la sede policial.
El auto de prisión contra Lula fue dictado el pasado jueves por el juez federal Sérgio Moro, responsable por su caso y quien le dio plazo para la entrega hasta la tarde de ayer.
Lula ignoró ese plazo y hoy, tras un acto junto a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y de movimientos sociales, anunció su decisión de entregarse.
"Voy a cumplir el mandato", sostuvo Lula en San Paulo, en referencia a la orden del magistrado del caso "Lava Jato", mientras miles lo ovacionaban en los alrededores de la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, su cuna política desde sus tiempos de joven líder sindical.
"No les tengo miedo, voy a demostrar que soy inocente", proclamó en el que probablemente haya sido su último acto político antes de ser llevado a la cárcel en la ciudad sureña de Curitiba.
Medios brasileños informaron que sus abogados negociaron su entrega a la Policía para hoy, para después de que se celebrara una misa en memoria de su fallecida esposa, Marisa Letícia, que habría cumplido hoy 68 años.
"No los perdono por haberle dicho a la sociedad que soy un ladrón", dijo el ex líder sindical ante la consistente masa de seguidores apostados en la periferia de San Paulo.
Lula fue condenado en enero en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por cargos de corrupción en el contexto del Lava Jato, una megacausa que salpica a casi toda la clase política brasileña.
La sentencia se produjo a pesar de que los magistrados reconocieron que no hay pruebas materiales que demuestren que el imputado sea dueño del departamento que habría recibido como parte de un soborno de la constructora OAS.
La Justicia rechazó varios recursos de su defensa para evitar una orden de arresto, aunque los abogados de Lula sostienen que aún no se agotaron todas las instancias, y por lo tanto esta orden de arresto les resulta arbitraria.