Un juez brasileño aceptó una nueva denuncia contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018, en otra causa relacionada con el presunto pago de sobornos de la constructora Odebrecht.
El juez federal de Brasilia Vallisney de Oliveira aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público contra Lula, los ex ministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo y el empresario Marcelo Odebrecht y los acusó formalmente, según informa el diario local O Globo.
La fiscalía sostiene que Odebrecht prometió al ex mandatario alrededor de 18 millones de dólares para resultar favorecida en la decisiones del Gobierno. El dinero se habría colocado finalmente a disposición del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el líder izquierdista, informó la agencia de noticias Europa Press.
Lula, sus dos ex ministros y el empresario ya son investigados por haber recibido presuntos pagos ilícitos de parte de Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción destapado hace más de cinco años en la estatal Petrobras, a cambio de favorecer políticamente a esa compañía.
Con este nuevo juicio abierto, el ex jefe de Estado (2003-2010) responde a un total de nueve procesos penales, en dos de las cuales fue condenado ya por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El ex presidente fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, dio por comprobado que recibió un apartamento de parte de la constructora OAS a cambio de favorecer a esa empresa.
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia ratificó esa sentencia y la amplió hasta los 12 años y un mes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (tercera instancia), la rebajó a ocho años y diez meses en abril pasado.
El mes pasado, la defensa pidió al Tribunal Superior de Justicia que se le conceda el régimen abierto tras esta última reducción de pena, recordó la agencia de noticias EFE.
No obstante, Lula recibió en febrero pasado una segunda condena de 12 años y 11 meses por corrupción dictada en primera instancia y pendiente de revisión en cortes superiores.
De confirmarse esa segunda pena en un tribunal de segunda instancia, el ex gobernante tendría que permanecer o volver a prisión, en caso, este último, de que fuera excarcelado al pasar a un eventual régimen abierto.