El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, una sentencia que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018.
El fallo fue dictado por el juez Sergio Moro, de Curitiba, a cargo de la investigación del caso Lava Jato en la primera instancia, que desde hace tres años sentó en el banquillo y condenó a pesadas penas de prisión a decenas de políticos tanto de izquierda como de derecha y a encumbrados empresarios.
Lula, de 71 años, fue acusado de ser el beneficiario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
El juez ordenó confiscar el inmueble denunciado, en una causa que afirma que Lula fue el destinatario de 1,1 millones de dólares en forma ilícita.
"Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión", determinó Moro, a cargo de la investigación del Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal. El magistrado indicó que el ex mandatario, ícono de la izquierda latinoamericana, podrá "presentar su apelación en libertad".
“Considerando que la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena. Así, el ex presidente podrá presentar su apelación en libertad”, agrega.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales (ver aparte), siempre negó categóricamente los cargos y los atribuyó a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018, para las cuales figura como gran favorito en los sondeos, pese a ser a la vez uno de los políticos con mayor índice de rechazo.
Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia.
El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, preparaba ayer al mediodía movilizaciones de protesta en todo el país, dijo el líder de esa formación en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini.
La Bolsa de San Pablo, que operaba con estabilidad durante la mañana, escaló rápidamente y subió 1,57% a inicios de la tarde, tras el anuncio de la condena, en tanto que el real se reforzaba frente al dólar. La condena de Lula fue vista por el mercado como la posibilidad de que el PT no vuelva al gobernar en 2018.
Temer, en la mira
La investigación Lava Jato amenaza también al presidente conservador Michel Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de medidas favorables al gigante de la alimentación JBS e investigado por presunta tentativa de comprar el silencio de un ex diputado preso.
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados discutía ayer un informe que recomienda encaminar a la Corte Suprema la denuncia por corrupción pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General.
El caso deberá ser luego sometido a voto del plenario y si llegara al Supremo Tribunal Federal (STF) y este abriera un proceso formal, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de un dictamen.
Sería la segunda sucesión presidencial desde mayo de 2016, cuando Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff, la reemplazó por el juicio político en el Congreso que destituyó a la mandataria izquierdista por manipulación de las cuentas públicas.
Las cinco causas abiertas contra Lula
- Departamento tríplex: Moro acusó a Lula de haber recibido el tríplex cuando aún era presidente y también de ser el destinatario de un soborno de 1,1 millones de dólares de OAS.
Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, dijo a la Justicia que el departamento fue reservado -y luego lujosamente reformado- para Lula y su esposa Marisa Leticia, tras el fin del mandato.
- Instituto Lula: Investiga si la constructora Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en San Pablo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.
- Aviones de combate: En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares. Según la investigación, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de la empresa de su hijo Luis Claudio.
- Compra de silencio: Investiga la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que el ex mandatario participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.
- Angola: En este caso es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015.
Rousseff califica a la sentencia como "absurda"
La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff repudió ayer la condena de 9 años y medio de prisión contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y afirmó que el veredicto del juez Sérgio Moro “es un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil y hiere profundamente la democracia”. “Sin pruebas, están cumpliendo el guión trazado por los grandes medios de comunicación. Hace años que Lula, el presidente más popular de la historia del país y uno de los líderes más importantes del siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel”, dijo Dilma.
Según Rousseff, destituida en juicio político por violar la ley de responsabilidad fiscal, Brasil “no puede aceptar más este paso en dirección hacia el estado de excepción: las garras de los golpistas intentan manchar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo lograrán”.
Rousseff plantea que Lula podrá ser candidato en 2018, algo que ocurrirá si la sentencia no es confirmada en segunda instancia, y en ese momento "el pueblo sabrá democráticamente rescatarlo".
El Partido de los Trabajadores (PT) calificó al fallo como un "atentado contra la democracia".
El senador Ronaldo Caiado, jefe del bloque de senadores del derechista Partido Demócrata, afirmó que se “hizo justicia porque el juez Moro consideró que Lula se enriqueció con su cargo, además que era una sentencia reclamada por la sociedad”.
