El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza por la cual se prohíben las carreras de galgos y riñas de gallos en el ámbito departamental, por considerar que esas prácticas son una forma de maltrato y crueldad animal.
La norma fue iniciativa del presidente del cuerpo, Eduardo Pérez (PJ), quien aclaró que se espera en los próximos días la promulgación por parte del Ejecutivo municipal.
Las organizaciones protectoras de animales y ambientalistas se pronunciaron a favor de la iniciativa del departamento.
Si bien la mira principal de la normativa apunta a vedar "la realización, práctica, organización, explotación y promoción de las carreras de perros, sin distinción de raza", también la exclusión alcanza a las riñas de gallos, de canes y de otros animales.
El artículo 3 de la ordenanza veda “la explotación y exhibición de caballos tipo ponys en espacios públicos y fiestas”, lo que resulta novedoso porque ese detalle no está incorporado en otras legislaciones municipales.
Sin embargo, no hay en la disposición de los ediles lujaninos una referencia expresa a los caballos que arrastran carros -carreteleros-, servicio callejero que motiva la queja de mucha gente. Esta recolección de residuos por tracción a sangre fue prohibida en otros departamentos, como Guaymallén.
La ordenanza de Luján, de maltrato animal, prevé que las competencias con galgos serán sancionadas con multas de hasta 5.000 unidades tributarias ($ 14.450). Además si estas actividades se realizacen ejerciendo actos de crueldad, maltratos o se administren estimulantes, drogas o sustancias químicas prohibidas, las multas treparán a 8.500 unidades tributarias, que representan aproximadamente $ 24.565.
Riñas o peleas de gallos tendrán las mismas sanciones económicas.
“Nos basamos en proyectos existentes y otros dispuestos en Córdoba y Santa Fe”, sostuvo el titular de CD de Luján, quien afirmó que por elevación se atacan las apuestas clandestinas que rodean a estas convocatorias.
Dentro de los límites departamentales, las competencias de canes se hacen en las cercanías del dique Cipolletti, El Carrizal, en una de las márgenes del río Mendoza, a la altura del Bajo, y en el sur de Luján (Perdriel y Agrelo).
Protectoras
Dos de las varias ONGs que promueven el bienestar animal -la Asociación por Animales Sanos (APAS) y Cullunche- se pronunciaron a favor de la decisión adoptada en Luján de Cuyo. La primera, a través de comentarios de la arquitecta Carina Médico; y Jennifer Ibarra, titular de la segunda organización.
De todos modos, Médico adelantó que van a promover el cambio del artículo 4to de la ordenanza 12.385, por cuanto actualmente excluye de la prohibición a “la realización de muestras, exposiciones o torneos de destreza con perros, que se efectúen de acuerdo a las autorizaciones pertinentes y se lleven a cabo resguardando la integridad física y sanitaria de los animales”.
La entidad argumentó que ese artículo abre una ventana con la actual redacción que habla de la 'destreza de estos animales', que obviamente es correr, pero eso vale cuando corren espontáneamente y no en competencia". Agregó: "En las exhibiciones y uso de ponys se usan trailers para llevarlos y a veces permanecen mucho tiempo dentro de esos transportes en condiciones de hacinamiento. Vamos a sugerir que la prohibición se administre por aplicación de la ley provincial 7.887, que prohibió los circos con animales en Mendoza", indicó la ambientalista.
Criadores
Los criadores de estos animales argumentan que “es una obligación del Estado regular esta actividad y evitar los abusos, tanto como garantizar la libertad de reunión y la posibilidad de ejercer una tarea lícita, máxime cuando esta forma de reunirse es parte del acervo tradicional de las comunidades del interior del país”, se sostiene en las redes sociales.
Inclusive, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, los galgueros se manifestaron con protestas en la rutas contra la prohibición.
Vale recordar que el Senado nacional aprobó un proyecto de ley que impide las carreras de perros en todo el país y sanciona con prisión de hasta 4 años y el pago de multas de hasta 80 mil pesos a quien "organice, participe o promueva" esas competencias.
