La Justicia hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra la Municipalidad de Luján de Cuyo y consideró que corresponde “declarar la nulidad del acta acuerdo 2014, de incremento salarial como Adicional Ayuda Alimentaria”, porque “atribuye el carácter no remunerativo y no bonificable a los adicionales especificados por afectar en forma arbitraria y manifiesta el derecho constitucional a un salario digno”.
El fallo de la jueza Alicia Boromei condena al municipio a “reliquidar los salarios de los meses de octubre de 2014 y los sucesivos que se hubiesen liquidados de igual manera y a abonar el pago de las diferencias retroactivas, incorporando al sueldo básico los adicionales en cuestión”.
Y dispone que hasta el momento de liquidación efectiva a los empleados “dichas sumas devengarán un interés a tasa activa del Banco de la Nación Argentina, que se calculará desde el mes de octubre de 2014 y hasta el efectivo pago”.
Asimismo dispone que “sobre dichos montos se practicarán las retenciones debidas en concepto de aportes a la OSEP y se abonarán las contribuciones patronales al Sistema de Previsión Social”.
El fallo lleva el número 251.036, tiene fecha 26 de junio, se gestó a partir de una acción de amparo de ATE e impone las costas a la comuna. En los fundamentos el fallo argumenta que resultó afectado “en forma arbitraria y manifiesta el derecho constitucional a un salario digno”.
La Fiscalía de Estado había intervenido en el tema y consideró que hubo un “detrimento del aporte a distintas cargas sociales en base al salario bruto”. Mientras que el intendente, Carlos López Puelles, en su momento defendió el acuerdo y aseguró que “no se hizo nada ilegal”.
Tal como informó Los Andes el 20 de febrero de 2015, en octubre de 2014 el Departamento Ejecutivo de Luján firmó un acuerdo con el sindicato para que los trabajadores recibieran un aumento temporal. Y se agregó a los recibos de sueldo un “ítem estabilizador” que evitaba los aportes jubilatorios y de obra social correspondientes al empleador.
Por entonces hubo concejales opositores que calificaron el acta de “ilegal e inconstitucional” mientras la Fiscalía de Estado consideró que hubo una “maniobra financiera que no contó con el apoyo presupuestario pertinente”.
