¿Luján analiza comprar el edificio del Próvolo y mudar la municipalidad allí?

Según trascendidos extraoficiales, la Municipalidad de Luján de Cuyo tendría todas sus miras en el imponente edificio del instituto religioso Antonio Próvolo (Carrodilla), que está en el ojo de la tormenta desde noviembre del 2016 y luego de que salieran a la luz las denuncias de abusos sexuales a chicos sordomudos.

A tal punto que, según trascendió, el Concejo Deliberante tratará este miércoles un proyecto presentado por el oficialismo para convertir esa intención en ordenanza municipal. Esto último le permitiría adquirirlo a un precio considerablemente menor al valor real. La intención de la comuna sería incluso trasladar el edificio municipal a esas instalaciones.

Esta situación alertó a las víctimas y a sus abogados. "Nos han comentado que se piensa discutir en el Concejo Deliberante de Luján la posibilidad de comprar el inmueble. Esperamos que las autoridades municipales entiendan que dicho bien es el principal patrimonio de la asociación obra San José. Sin el mismo, las víctimas pueden ver frustrado su derecho a obtener una reparación por los daños sufridos", destacó el abogado Leandro Rodríguez Pons, quien ha presentado varías demandas ya contra el Arzobispado y la asociación Obra San José (dueña del inmueble) en representación de las presuntas víctimas.

Requerido

Escenario donde casi una veintena de jóvenes denuncian haber vivido escalofriantes pesadillas (pero despiertos y en la realidad); el instituto Próvolo está en los ojos de todo el mundo desde noviembre del 2016. Fue a fines de ese mes cuando se conocieron los primeros detalles de las denuncias contra 2 curas y ex administrativos del instituto, acusados de haber abusado sexualmente y agredido a ex alumnos que estudiaban y dormían en el lugar.

Ni bien se conocieron los terroríficos detalles de los hechos, el instituto quedó intervenido judicialmente y con permanente custodia policial, situación que llegó a su fin en marzo de este año. A principios de ese mes, la Justicia dispuso la devolución del inmueble a sus dueños originales (Asociación Obra San José, quien a su vez había puesto el predio para que allí funcione el instituto).

En simultáneo, tanto desde la DGE como desde el Ministerio de Salud aclararon que el establecimiento no contaba ni volvería a contar con habilitación para funcionar como escuela ni albergue, más allá de que su interventor había insistido en el plan de reabrirlo con fines educativos.

A seis meses del fin de la intervención y de la devolución a sus dueños, ahora por lo visto es la Municipalidad de Luján de Cuyo quien intentará comprar el imponente y millonario inmueble.

Mediante una ordenanza municipal impulsada por el oficialismo, la comuna conducida por Omar De Marchi planearía hacerse con el edificio para mudar algunas dependencias municipales a ese sitio ubicado en Boedo 385 de Carrodilla. Según trascendió, la comuna intentará adquirirlo por un valor fiscal y significativamente inferior al valor real.

Todo el predio ocupa cerca de 4 hectáreas (40.000 m2), mientras que la superficie cubierta llega a casi 1 hectárea (8.500 metros cuadrados).

Poniendo como referencia el valor del m2 a 120 dólares en la zona de calle Boedo (Carrodilla), todo el terreno está valuado -según relevamientos particulares- en unos 4.800.000 dólares, o casi 192.000.000 pesos (con el dólar cotizado a 40 pesos).

“Entendemos que, para el caso de que el Concejo autorice al municipio a comprar el inmueble, los fondos de la venta deberían depositarse y crearse un Tribunal Arbitral ‘ad-hoc’, compuesto por expertos independientes, a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a las víctimas involucradas en el caso, como sucedió en el caso conocido como ‘Peniteciarías Mendoza’ que llego al Sistema Interamercano”, destacaron Rodríguez Pons y su socio Juan Manuel Lavado.

Antecedentes

No es la primera vez que el edificio se presenta como un botín requerido. Ya en octubre del año pasado, Jorge Bordón -ex administrativo y otro de los imputados por los abusos- ya había demandado al instituto y había solicitado el embargo del inmueble.

Por otra parte, en febrero del 2017 la vicegobernadora Laura Montero manifestó su intención de que la Provincia pueda expropiar el lugar.