Como la crisis cambiaria que cambió el rumbo del gobierno arreció en medio de la disputa política por el ajuste tarifario, los primeros límites visibles del nuevo escenario político se hicieron evidentes en el Parlamento y la liga de gobernadores justicialistas.
Esa frontera sigue indefinida. Se terminará de conocer cuando se conozcan los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recién entonces los gobernadores sabrán el tamaño definitivo del ajuste requerido y harán valer su poder de presión en el Congreso.
Mientras, hay aprestos preventivos en los que Macri ha preferido evitar la confrontación. Accedió a negociar la transferencia de Aysa, Edenor y Edesur a los presupuestos de las jurisdicciones que se benefician con sus servicios. Una deuda antigua de la Nación con la equidad federal que ordena la Constitución.
Del lado de los gobernadores primó también la cautela. El proyecto aprobado en Diputados para detonar el ajuste tarifario entró en el ritmo más pausado del Senado y el gobierno se ilusionó con encontrar una salida que evite el veto anunciado por el Presidente.
Pero no por ser los primeros y más evidentes, los límites a Macri en el Congreso y las administraciones provinciales son los únicos y de mayor complejidad.
El Fondo Monetario no es sólo el horizonte de un acuerdo para garantizar la estabilidad del programa económico. Es también el eje de un relato que había caído en desgracia con la decadencia del kirchnerismo y que ahora busca una oportunidad para resucitar.
En ese relato convergen la expresidenta Cristina Fernández y la izquierda tradicional, que ahora revive la idea de un empate hegemónico entre el gobierno, que se había agigantado tras las elecciones de octubre, y la oposición frontal, que había remitido tras el fracaso de su última operación política de envergadura, el caso Maldonado.
La marcha hacia el Obelisco porteño, acicateada por esa alianza del kirchnerismo y la izquierda que desde la salida de Cristina viene siendo una constante en las calles, ha sido la primera exhibición pública de ese reposicionamiento político. Que corre por izquierda al peronismo parlamentario, mientras lo asiste como factor de presión social.
En esa avanzada colaboran también los dirigentes de las organizaciones sociales que han sido las principales beneficiarias del gradualismo de Macri. Los movimientos piqueteros se llevaron hasta ahora una porción para nada desdeñable del presupuesto cuyo déficit alertó a los mercados. El doble juego del piqueterismo frente al Gobierno ha sido una constante tolerada por Macri. Patriotas en la calle, conciliadores en la tesorería.
El gobierno alega con razón que ese límite a su gestión es más difuso que el preciso y cuantificable de las mayorías parlamentarias. No por eso es menos fáctico.
Considerando esta circunstancia, ensayó una gestión oficiosa ante el Vaticano para que la Iglesia Católica no fogonee esos conflictos. Las imágenes de la Pastoral Social avalando las protestas contra el acuerdo con el FMI -que todavía no se firmó- despertaron todas las alarmas en la Casa Rosada.
A Roma viene lo que a Roma va. La respuesta estuvo en el Tedeum del 25 de Mayo. Reclamos por los índices de pobreza, aunque hayan disminuido. Y el planteo frontal de oposición al debate por la despenalización del aborto, que se aproxima a sus instancias definitivas.
Las consideraciones sociales de los obispos se recuestan en el reciente documento del papa Francisco, en el que objetó los mecanismos del mercado financiero global. Un planteo doctrinal que pasó inadvertido porque el papado de Jorge Bergoglio se agita en su propia crisis. Del fin del mundo le han llegado las actualizaciones más impiadosas del problema irresuelto que tiene la Iglesia con los casos de pedofilia.
El episcopado chileno colapsó en conjunto. Y en Australia le piden explicaciones al cardenal George Pell, actual prefecto de Economía de la Santa Sede. Pell y el cardenal Francisco Errázuriz -referente histórico de los obispos chilenos- son dos de los integrantes del Grupo de los 9, el círculo de asesores más cercano a Bergoglio.
Estas complicaciones del Vaticano deberían preocupar al macrismo. Obligarán al episcopado argentino a obtener del fin del mundo alguna buena noticia para el Papa. La Iglesia espera obtenerla en el Congreso el día que se debata la despenalización del aborto.
Los legisladores todavía indecisos definirán la situación. En el modo que voten aquellos que se referencian en Macri podrá leerse hasta dónde el Gobierno decidió tensar la cuerda con Roma, ahora que el frente económico-social se impone con una urgencia que no tenía prevista cuando se lanzó a instalar la agenda de género. El pragmatismo, ha dicho el ministro Dujovne, es la fase superior del gradualismo.
La incidencia de la Iglesia en el nuevo escenario de conflictividad social, de todos modos, es una preocupación subalterna del Gobierno frente al más previsible encrespamiento del clima sindical. Durante la corrida cambiaria los salarios fueron el ancla exhibida por los funcionarios ante los mercados, como garantía de su compromiso antiinflacionario.
Con el nuevo esquema de precios relativos establecido por la devaluación, la activación de las cláusulas gatillo y los pedidos de reapertura de paritarias son un frente abierto con pronóstico reservado.
El kirchnerismo y la izquierda empujan a las centrales obreras para que inicien un plan de lucha. Los líderes sindicales tienen la presión más objetiva del índice inflacionario que no cede. También ven en el horizonte que la economía del ajuste conduce a una retracción de la actividad, y eso pone en primer plano, antes que el salario, la preservación del empleo.
El país extrañará los días en que al gradualismo lo llamaban ajuste.
