A poco más de una semana de las elecciones, la agrupación “sorpresa” de las PASO, el Partido Intransigente, cosechó dos duros reveses. Por un lado, la Justicia Electoral Nacional rechazó que pueda usar el nombre “Protectora” en su boleta.
Por otro, la Corte mendocina le informó que no podrá competir con sus listas de legisladores provinciales del sur provincial.
En ambos casos, sus referentes, José Luis Ramón y Mario Vadillo, le achacaron parte de responsabilidad en las malas nuevas al gobernador, Alfredo Cornejo.
El martes, se supo que la Cámara Nacional Electoral rechazó la posibilidad de que se pueda incluir el nombre de Protectora, la organización de defensa del consumidor que sirvió de trampolín a ambos postulantes. Fue en respuesta a la apelación que los abogados de la ONG presentaron. Vadillo y Ramón llegaron a esa instancia luego de que la Junta Electoral aceptara la impugnación hecha por Cambiemos.
El fundamento de la Cámara fue que el nombre elegido, igual al de la ONG que integran, puede “llevar a confusión” a los electores.
Está claro que Ramón, Vadillo y los otros candidatos del PI se referencian en la ONG y ellos dicen tener fundamentos para llamarse “Protectora” en la política también.
“Nosotros armamos una línea interna del PI que se llama Protectora. Por eso pedimos adosarlo en la boleta”, explicó Vadillo, aunque ese partido no fue a interna en las PASO. “Si usamos el nombre debería aparecer en la boleta, es el instrumento del elector para que nos vote”, añadió.
Culpó a Cornejo: “El Gobernador buscó sacarnos la palabra Protectora para que perdamos ese atributo y ganen los partidos mayoritarios”.
Además señaló que la Justicia atrasó los fallos para evitar que pudieran imprimir boletas con el nombre cambiado.
Desde el Ejecutivo contestó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay: “La Cámara nos negó el pedido sobre Armagnague”. Así, recordó la impugnación del cornejismo a la lista del veterano dirigente radical en la primaria, que no prosperó.
También señaló que la Junta Electoral, que falló a su favor al reclamar por el nombre de Protectora, “tiene miembros de Justicia Legítima, como Juan González Macías”. Atendió así a los enfrentamientos de Cornejo con ese sector judicial.
El otro fallo fue la negativa de la Suprema Corte de Justicia para que el PI compita con sus listas de senadores y diputados provinciales del Cuarto Distrito, o sea en San Rafael, Alvear y Malargüe. La ley 8.619 dispone que los partidos deben superar el 3% de los votos en la primaria para participar en la general. En esa región, el PI no superó el piso. Aunque sí lo hizo en la provincia, con 7,4%.
Protectora dice que se mal interpreta la restricción, ya que la Constitución local habla de secciones electorales y no de distritos. Mientras que la provincia sí es un distrito.
“Las leyes hablan de porcentajes para distritos no para secciones”, indicó Vadillo. “No se puede restringir en base a sinónimos. Nunca quisieron que participáramos”, fustigó.
Aquí Garay se limitó a decir: “La ley es clara en los porcentajes mínimos y ellos no los alcanzaron en el Sur”.
Más allá de todo esto, Protectora ha logrado posicionarse frente al oficialismo. Así se notó en el debate organizado por Los Andes, cuando la cornejista Claudia Najul chicaneó a Ramón con el pasado K del PI como integrante del Frente para la Victoria. “Participó en la década ganada”, dijo.
El senador Armando Camerucci se hizo eco de eso y colgó en Twitter un afiche de la fuerza que lidera Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, con el PI como aliado. Se ve una convocatoria de Unidad Ciudadana en el “espacio compañero Oscar Alende”, y el logo del PI.
En Facebook, Ramón le escribió una carta abierta a Camerucci y le recordó el pasado del radical Julio Cobos como vicepresidente de Cristina. Vinculó también a él -como presidente de la UCR en 2007- en esa alianza.
La Corte analizará imputación a legisladores
Una imputación a sindicalistas y a dirigentes y legisladores del FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) terminará siendo analizada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Esto se debe a que la Cuarta Cámara del Crimen aceptó un pedido de casación presentado por los abogados del FIT y permitió así que puedan llegar al Máximo Tribunal a plantear la inconstitucionalidad de esas imputaciones.
Entre los manifestantes hoy imputados hay tres legisladores del FIT: Lautaro Giménez, Héctor Fresina y Víctor Da Vila.
Todos fueron denunciados el pasado 6 de abril -día del paro nacional- luego de una marcha que se inició en la esquina de Colón y 9 de Julio y que luego transitó por calles del Centro.
Para defender a los involucrados, el FIT contrató a los abogados de derechos humanos Pablo Salinas y Viviana Beigel.
La estrategia de los defensores es pedir la inconstitucionalidad de las imputaciones porque se basan en el artículo 194 del Código Penal. “Ese artículo fue generado en la época de (Juan Carlos) Onganía porque -el ex presidente de facto- quería tener control político de las protestas”, destacó Salinas.
