Según revelaron los informes de la necropsia realizada al cuerpo de Luciana Rodríguez, asesinada la semana pasada, la niña murió por politraumatismos graves recibidos por todo el cuerpo, tal como aseguró la fiscal que lleva adelante el caso, Daniela Chaler.
Si bien se había especulado en un primer momento con que la nena había muerto tras un golpe en la cabeza realizado por su padrastro, Jorge Orellano (36), las pericias médicas -que se conocieron en el mediodía de ayer- determinaron que fue debido a múltiples lesiones que se habían registrado durante las últimas 24 horas de vida de la pequeña.
Recordemos que el martes de la semana pasada, cerca de las 23 un hombre -que más tarde se identificó como Orellano- llevó a Luciana, envuelta en una sábana, hasta la guardia de la Clínica Santa María, de Capital.
Allí, los médicos advirtieron que estaba muy mal herida e intentaron reanimarla, pero lamentablemente ya había fallecido. En aquel momento, una de las pediatras que atendió a la pequeña salió al pasillo para informarle al hombre de la muerte y no lo encontró.
"Presuntamente, la muerte ocurrió a las 20 horas de ese día y ocurrió por la sumatoria de golpes que recibió Luciana", indicó a Los Andes la fiscal Daniela Chaler. Por otra parte, también se supo que el cuerpo de la niña presentaba quemaduras de cigarrillos más antiguas que no influyeron en las causas de su muerte.
Además, el informe confirmó que la nena no presentaba signos de desnutrición ni de abuso sexual. De todas formas, se llamaría a declarar al médico forense para que amplíe verbalmente la necropsia.
Por otra parte, Chaler destacó que no hay novedades en el cambio de defensa solicitado por el acusado Orellano, pese a que éste, el lunes por la mañana había anticipado que pediría nuevos defensores de su causa y se abstuvo de hacer declaraciones.
Hasta el momento, el sospechoso es representado por la abogada oficial Silvina González, pero el día en que fue citado a declarar ante ella y ante la fiscal que investiga la muerte, Daniela Chaler, Orellano solicitó ser defendido por los abogados Alfredo Guevara y Pablo Salinas, reconocidos por su defensa de los derechos humanos.
A partir mañana, el expediente con el caso Luciana continuará en manos de Cecilia Vignert, fiscal de turno en Capital, ya que Chaler se tomará licencia durante la segunda quincena de este mes y retomará el caso a su regreso.
Los hechos
El 3 de marzo del año pasado, la Dinaf puso a Luciana, en ese momento de dos años, al cuidado de su tía Romina, hermana de su madre. Al día siguiente, Luciana vuelve con su familia porque su tía"no la quería cuidar más", según la Dinaf. Estos dichos fueron desmentidos por la familiar.
El último día del año pasado, un cuidacoches dice ver a la pequeña sola en la vereda de su casa. La llevan a la comisaría y en una hora la restituyen a su familia. El 2 de enero, la Dinaf inicia los trámites administrativos para entregar a Luciana a su abuela materna. La institución alega que las presentaciones para lograr la orden judicial demorarían "algunos días".
El 7, cinco días después de la determinación de la Dinaf, el padrastro, Jorge Gabriel Orellano (36), llega con Luciana muerta envuelta en una sábana a la clínica Santa María, a la vuelta de su casa. El cuerpo presenta signos de haber recibido una brutal paliza.
El 9 al mediodía, Orellano y la mamá de Luciana, Rita Evelyn Rodríguez (24), quedaron detenidos inmediatamente y posteriormente se los imputó por homicidio con agravamiento por alevosía (basado en el estado de indefensión de la nena) y por homicidio agravado por el vínculo, respectivamente.
Más tarde, ambos fueron trasladados a los penales de Almafuerte y El Borbollón. Cabe destacar que Orellano es un presidiario con experiencia porque ha estado al menos dos veces en distintos penales por otros delitos.
Paralelamente, desde la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Claudia Ríos, se abrió una investigación de oficio para determinar la responsabilidad de funcionarios en la muerte de la pequeña Luciana.
El viernes, cuando la familia de la nena pudo tener el cuerpo en su poder, se realizó el velatorio en la casa de la abuela materna, Claudia Rivas. Desde allí, en horas de la tarde, la familia se trasladó hacia el Centro para pedir justicia por el hecho. Ese mismo día dos operarios relacionados con la muerte de Luciana fueron suspendidos.
El sábado se anunció que Orellano declararía el lunes siguiente, algo que a la postre no sucedió. Además, Claudia Rivas, y dos tías de la niña se presentaron ante la fiscal especial Claudia Ríos, para ahondar en detalles sobre el accionar de los organismos del Estado respecto al homicidio de la niña.
A principios de esta semana, fueron imputados seis operadores y personas con cargos en la OAL (Organo Administrativo Local de la Dinaf por la muerte de Luciana. Ese mismo día -el lunes-, Orellano pidió un cambio de abogados solicitando a aquellos especializados en derechos humanos.
Ayer, los gremios de ATE y Ampros aseguraron que harán un paro el viernes para protestar contra las condiciones laborales de los trabajadores de esa repartición tras las imputaciones ya mencionadas.
