Durante muchos años las personas con problemas o diferencias físicas fueron marginadas por la sociedad. A punto tal había llegado esa situación que en la década del ’60 las personas zurdas eran vistas como una anomalía y obligados a escribir con la derecha, aceptándose recién en la década del ’80 esa cualidad como una característica física más.
Precisamente es a partir de 1980 en que comenzó, afortunadamente, una campaña de inclusión y, con acertado criterio, se ha modificado la acepción y ahora aquellos “discapacitados” son “personas con capacidades diferentes”. Esa necesidad de inclusión es impulsada también a nivel internacional y es así que, después de los Juegos Olímpicos -en este caso los desarrollados en Londres- se realizan los Juegos Paralímpicos para las personas con distintas capacidades.
La Argentina cuenta con una profusa legislación referida al tema y otorga beneficios a esas personas, entre las que figuran la posibilidad de adquirir un automóvil nacional sin pagar IVA o uno importado a precio FOB; jubilarse con 20 años de servicios y 45 de edad; participar en talleres protegidos de producción con ayuda estatal; cobertura integral del 100% en gastos por medicamentos; solicitar un pase libre en el transporte público. O el ingreso a la administración pública de un determinado porcentaje.
En Mendoza, el 12 de diciembre de 2011 fue promulgada la norma legal por la que la provincia adhiere a la Ley Nacional de Discapacidad, que contempla, entre otros aspectos, que no se podrá negar bajo ningún caso la admisión de una persona con capacidades diferentes, ordenando la modificación de la normativa de la OSEP que establecía en su carta orgánica la no admisión como afiliado en el caso de enfermedades pre-existentes, como era el caso de un bebé por nacer al que se le detectaba algún tipo de discapacidad. También se estipuló que todas las obras sociales deberán brindar una cobertura del 100% en tratamientos, remedios y terapias.
Se contempla, además, la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos y del transporte, a los efectos de que puedan gozar de adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, “como elemento primordial para el desarrollo de actividades”, entre las que figuran la obligación de establecer itinerarios peatonales, rampas para el acceso, lugares especiales de estacionamiento, etc. Y en lo que a transportes se refiere, los ómnibus tendrán dos asientos reservados y señalizados, cercanos a la puerta de cada coche (algo que no es respetado por muchos usuarios del micro) y los colectivos deberán contar con piso antideslizante y espacio para la ubicación de los elementos utilizados por esas personas.
Pese a estas exigencias legales, los problemas siguen planteándose, como sucedió tiempo atrás con la denuncia de familiares de personas con capacidades diferentes cuando señalaron que muchos taxistas o remiseros suelen poner todo tipo de excusas para no trasladarlos. La respuesta no se hizo esperar por parte de las autoridades, las que señalaron que aplicarán multas de hasta 2.500 pesos a aquellos taxistas que impongan algún tipo de excusa para evitar el traslado. La decisión oficial es oportuna pero lo que resulta realmente lamentable es la actitud adoptada por los que manifiestan una repudiable actitud de discriminación.
