Acerca de la organización Tupac, las noticias se suceden sin límites de continuidad y por ese motivo surge la necesidad de opinar sobre su situación.
En particular, de la decisión de la Justicia jujeña de otorgar la prisión domiciliaria a la líder de la agrupación Tupac Amaru a nivel nacional, Milagro Sala, ante un pedido sobre el particular realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras paralelamente una decisión similar -en referencia a la prisión domiciliaria- se produjo en Mendoza con relación a la líder local de la organización, Nélida Rojas.
No buscamos fijar una posición sobre el criterio adoptado por la Justicia para adoptar la medida, sino reclamar que haya mayor celeridad en las acciones judiciales a los efectos de evitar -como está ocurriendo- que el tema sea utilizado por algunos oportunistas para politizarlo.
Debemos partir de la base de que todo lo que sucede con la agrupación Tupac Amaru está teñido de aspectos oscuros, de una especie de "neblina" que dificulta observar la realidad.
En el orden nacional, persiste la discusión respecto de la calificación por la cual está detenida la titular de la Tupac, Milagro Sala. Mientras algunos sostienen que la Tupac instauró un sistema de vasallaje feudal en pleno siglo XXI; que desvió dinero destinado a la construcción de viviendas para fines políticos y que amenazó al actual gobernador, la Justicia se atuvo al planteo realizado por la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, en su autorización a la "prisión domiciliaria" se dispuso que la dirigente no podrá recibir visitas multitudinarias ni de madrugada. Quedó la sensación de que el magistrado que dictó la medida intentó evitar lo denunciado en Mendoza, en la que la fiscal de la causa pidió que la Justicia de Garantías revoque el beneficio de prisión domiciliaria de la dirigente Nélida Rojas, en razón de que la líder de la organización realizó una asamblea en su propia casa, en la que pidió el pago de las "cuotas sociales" para "afrontar los gastos de la agrupación".
Otro de los aspectos llamativos que dejó la situación planteada con Milagro Sala radicó en que ahora pudo conocerse -o al menos tomó mayor estado público- la mansión que la dirigente barrial posee en la localidad de El Carmen, a unos 27 kilómetros de la capital provincial y que supuestamente fue saqueada, lo que obliga a una inmediata refacción para poder contener a la dirigente. Es llamativo también que algunos allegados hayan decidido iniciar una campaña de recolección de fondos para acortar esos plazos de refacción "porque en la cárcel su vida corre peligro".
El tema central pasaría por establecer por qué motivos se llegó a esta situación. Todo parte de la utilización de un clientelismo político inadmisible al permitirse, por parte del Gobierno, el funcionamiento de organizaciones "barriales", como la Tupac Amaru o los también tristemente famosos "Sueños Compartidos" que lideraban Hebe de Bonafini y los hermanos Schoklender, que bajo el paraguas de cubrir las necesidades de viviendas por parte de la gente, efectuaban actividades políticas a favor del oficialismo, en muchos de los casos obligando a los "socios" a participar de actos partidarios y que terminaron siendo un subterfugio para controlar a los pobres y utilizarlos como masa de maniobra.
La situación no hace más que demostrar que la construcción de viviendas por parte del Estado debe quedar en manos de los organismos específicos, como el IPV y no de pseudas cooperativas, como sucedió.
La conclusión del tema queda ahora en manos de la Justicia, partiendo de la base de que, si se demuestran las acusaciones, aplicar el castigo que corresponda.
