En septiembre de 2017, cuando anunciaba que pagaría las deudas arrastradas durante años por la errónea liquidación del ítem zona, también ponía sobre la mesa paritaria con el SUTE la recategorización de las escuelas para otorgar ese porcentaje salarial adicional bajo nuevos criterios.
Ayer el gobernador Alfredo Cornejo anunció que esa recategorización estaba lista. El 49% de los docentes y el 52% de los celadores incrementarán sus sueldos por la aplicación del nuevo ítem zona con el salario del mes abril.
El Estado gastará 600 millones de pesos anuales más para cumplir con el nuevo ítem zona. De 4.800 millones de pesos que se gastaban, se pasará a 5.400 millones por año.
Fue una larga historia. El Gobierno la empieza a relatar desde 1984, cuando se sancionó el Estatuto del docente. "La zona ha quedado absoluta y rotundamente desactualizada. Hay lugares eminentemente urbanos, de fácil acceso, con colectivos en la puerta, que cobraban 50 o 70% de zona como estaba definido desde el 84 y escuelas de difícil acceso en la ciudad o en zona rural que no tenían adicional o cobraban menos", dijo el gobernador Alfredo Cornejo.
La historia reciente arranca con la sanción de la ley 9.031, votada el 13 de diciembre de 2017, después de que fracasara la paritaria en la que el Gobierno pretendió negociar con el SUTE la modificación. No hubo acuerdo y el Ejecutivo avanzó con la ley.
“Si bien se necesita un docente con vocación, que trabaje sólo por eso tampoco nos sirve, requiere un incentivo económico y la zona es un incentivo económico que ayuda a mejorar la distribución del ingreso y a combatir la pobreza” decía Cornejo.
Según el subsecretario de Gestión Pública Ulpiano Suárez, "1.108 escuelas suben el porcentaje de ítem zona, 325 mantienen igual porcentaje; estas suman el 74% de las escuelas. Sólo 582 escuelas bajan el porcentaje. Sin embargo ninguno de los docentes va a ver afectado el salario, mientras sigan trabajando en esa escuela".
Con esta frase, que también repitió el Gobernador, se intenta llevar tranquilidad: sólo los docentes que ingresen a a partir de ahora a esos establecimientos serán los que co
brarán un porcentaje menor. Son 26.873 docentes y 4. 669 celadores los que subirán el porcentaje, 11.371 docentes y 1.416 celadores los que mantienen y 16.096 docentes y 2.749 celadores los que deberían bajar el ítem pero que seguirán cobrando lo mismo.
La tarea de la recategorización fue encargada a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). A las escuelas en contexto de encierro se les asignó el máximo de zona 100%.
Se asignó 50% de base a urbano-marginales y 50% a las rurales. Se consideraron urbanas a las escuelas ubicadas dentro de los límites censales de localidades con más de 10 mil habitantes.
La calificación de las urbano-marginales se hizo teniendo en cuenta las denuncias de delitos graves en las inmediaciones de los establecimientos y la vulnerabilidad social de la comunidad, caracterizada por la proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Si las NBI y los delitos están por encima de la media, entonces corresponde la recategorización.
La cercanía al transporte público o a servicio de salud agrega puntos. Lo mismo sucede si en las cercanías hay basurales, industrias contaminantes o servicio de recolección de residuos no regular. También si está en zona inundable o de clima severo.
Así se establecieron cinco categorías de escuelas: hasta 29 puntos sin zona, de 30 a 49 puntos 30%, de 50 a 69 puntos 50%, de 70 a 99 puntos 70% y 100 puntos equivalen al 100%.
Los docentes pueden consultar las nuevas zonas en www.mendoza.edu.ar.
Los Andes se encontró con un ejemplo llamativo: una escuela de pleno centro aparece con 50% de zona. Se trata de la Presidente Quintana de calle San Lorenzo. Desde la DGE indican que es un error.
A tres años del más polémico adicional
El 28 de marzo de 2016 se publicaba en el Boletín Oficial la ley 8.847; era la promulgación de la norma que instituía el polémico "ítem aula".
Esa ley ratificaba el incremento salarial por decreto que otorgó Alfredo Cornejo para todos los docentes, después que fracasara la negociación paritaria con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). El ítem era un 10% calculado sobre el básico, el estado docente y la zona. Con la recategorización anunciada ayer, los 26 mil docentes beneficiados suben también este adicional.
Resultados en revisión durante treinta días
Cuando se sancionó la ley 9.031, en la que dio el puntapié inicial a la recategorización de escuelas, automáticamente se le daba un carácter formal a la Comisión Mixta de Zona que conforman representantes del Gobierno y el SUTE.
Ese era uno de los puntos álgidos de la negociación, por los que el gremio rechazó el proceso que culminó ayer.
Ahora esa comisión mixta, con la participación sindical, podrá revisar la nueva caracterización de las escuelas y emitir dictamen en 30 días. El detalle resistido por el sindicato era que ese dictamen no es vinculante.
