El incremento en los sueldos de funcionarios y autoridades, en el Concejo Deliberante y el municipio de Guaymallén y en la Universidad Nacional de Cuyo, generaron una fuerte reacción de la ciudadanía y del ámbito universitario y obligaron al intendente departamental a dar marcha atrás en la decisión y al rector de la casa de altos estudios a efectuar aclaraciones sobre la situación. Resultó evidente que tanto uno como otro no midieron las consecuencias del malestar existente en la actualidad como consecuencia de las dificultades económicas por las que atraviesa el grueso de la sociedad.
Debemos partir de una base: los funcionarios jerárquicos que tienen grandes responsabilidades y la dirigencia política que cumple acabadamente con el mandato que el pueblo les otorgó a través del voto, deben estar bien remunerados, dentro de las posibilidades financieras con que cuenta el organismo para el que desarrollan sus funciones. De lo contrario la actividad política se concentraría en una escasa franja de la sociedad con mejores posibilidades económicas e inaccesible para el resto de los habitantes y, en el caso de los funcionarios, es la única manera de lograr que la gente capaz deje temporalmente su trabajo en la actividad privada para volcarse a la pública.
Pero también es necesario advertir que debe existir coherencia en las decisiones. En el caso de Guaymallén, es preciso recordar que los trabajadores municipales son los peores remunerados de la actividad pública provincial. Sucede que las comunas tienen un presupuesto que deben respetar para cumplir con sus tareas de alumbrado, barrido y limpieza, razón por la cual fijar un sueldo de 40 mil pesos para un concejal es un despropósito. Mucho más cuando con ese salario superan a lo que percibe mensualmente el propio Gobernador de la Provincia, los integrantes del Gabinete y los legisladores provinciales, que están "enganchados" al sueldo del mandatario. Y peor aún cuando el propio Gobernador y su Vice decidieron congelar sus salarios durante este año como consecuencia de la difícil situación económica por la que atraviesa la Provincia.
También preocupa el hecho de que la situación haya tomado estado público como consecuencia de la denuncia efectuada por uno de los ediles y mucho más inquietante fue la actitud del resto del Concejo, que reaccionó con dureza hacia su par, lo que constituye una verdadera actitud corporativa y ratifica que todo se había acordado casi a escondidas en la intención de que nadie, salvo los "beneficiados", se enterara.
En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la situación es más confusa. Porque las nuevas autoridades que asumieron recientemente sus funciones se enfrentan a la necesidad de cubrir cargos, mientras también deben estudiar la situación de un importante sector del personal al que se le vencen los contratos. Según el rector, "las ordenanzas apuntan a nivelar un piso (salarial) para los nuevos funcionarios en base a sus situaciones específicas"; dijo que "el rector, el vice rector, decanos, vicedecanos y secretarios cobrarán en modo similar a sus antecesores" y respecto de los contratados señaló que "no se está echando a nadie, sino que en algunos casos finaliza una relación contractual".
Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, como es el caso de los intendentes o el rector de la UNCuyo, deben actuar con la suficiente mesura y raciocinio en aspectos sensibles, como es el de los salarios de los funcionarios. Para ser más justos, en el caso de los concejales y funcionarios departamentales, por el solo hecho de funcionar de manera independiente y con presupuesto propio, los sueldos no deberían estar "enganchados" al sueldo del Gobernador, sino a la mejor categoría de los trabajadores municipales, como sucede con el sueldo del mandatario provincial respecto de los trabajadores estatales. Y en la UNCuyo, estableciendo pautas tanto salariales como para el caso de los contratados, que eviten hacia futuro cualquier sospecha sobre la relación con determinada tendencia política.
