La polémica dirigente gremial Raquel Blas volvió a ser noticia. En este caso no por sus acostumbradas actitudes altisonantes y confrontativas sino por el simple hecho de que volvió a trabajar luego de pasar más de 14 años con licencia gremial. Así, entonces, algo que debería ser normal y habitual pasó a ser noticia aunque, valga la aclaración, no por voluntad propia sino porque el gremio decidió retirarle el beneficio.
Los argentinos estamos acostumbrados a observar cómo los dirigentes gremiales se eternizan en el poder. Los sindicalistas aducen que mantienen esa condición a través de la elección de sus afiliados, cosa que es real, aunque no aclaran que en la gran mayoría de los casos esas elecciones se realizan dejando mucho que desear en lo que a transparencia se refiere. Raúl Alfonsín fue quien intentó, inmediatamente después de asumir, romper ese esquema y, aprovechando la derrota electoral del justicialismo y la denuncia de un pacto militar-sindical, impulsó una ley de Reordenamiento Sindical que establecía la democratización del gremialismo. Esa iniciativa fue aprobada en Diputados y rechazada por sólo dos votos de diferencia (24 a 22) en el Senado. Fue el último intento serio por modificar una ley de asociaciones gremiales que ha permitido que haya dirigentes como Ramón Baldassini, con 38 años al frente del gremio de los telefónicos; Luis Barrionuevo, con 37 en Gastronómicos; Armando Cavallieri, con 30 en Comercio o Hugo Moyano, con 28 en Camioneros, por señalar sólo algunos casos.
Otro de los aspectos a considerar se centra en los ingresos de los dirigentes sindicales. Supuestamente debería constituir una actividad no rentada, en razón de que quien ocupa un cargo en la comisión directiva de un gremio sigue percibiendo su salario en el lugar donde trabaja, aunque no lo hace por contar con licencia gremial. Además la gran mayoría de los gremialistas nacionales tienen un nivel de vida muy superior al que podrían tener con su salario normal.
En Mendoza, quizás por ser una provincia en la que nos conocemos todos, no se dan casos de gremialistas que se hayan convertido en millonarios, pero sí de muchos que tienen a la dirigencia gremial como su profesión. Uno de los casos era, precisamente, el de Raquel Blas, la dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado que permaneció con su condición de gremialista durante más de 14 años y que, días pasados, se vio obligada a volver a trabajar.
Durante su gestión priorizó la protesta como única bandera. Intransigente a la hora de discutir y hasta con actitudes altisonantes, como cuando rompió y arrojó en la cara una propuesta salarial a los representantes gubernamentales. Participaba en todos los reclamos: desde los atinentes a su gremio hasta sumarse a los ambientalistas en defensa del agua, pasando por la defensa de los derechos humanos. Así, entonces, resultaba difícil encontrar una marcha de protesta en la que no apareciera ella a la cabeza.
Con esas actitudes tuvo un nivel muy alto de exposición pública, lo que no se tradujo en adhesión popular y ello quedó demostrado con el escaso nivel de aceptación que logró en su incursión en la política durante las últimas elecciones, en su candidatura legislativa.
En lo sindical no le fue mejor. Impulsó a Roberto Macho como secretario general, con la condición de que fuera ella, desde atrás, la que condujera el gremio, pero el delfín se molestó y la enfrentó hasta que en los primeros días de enero pidió que se le retirara el beneficio de la licencia gremial. Blas intentó modificar la situación con una presentación judicial, pero sus reclamos no dieron resultado y, obligada por las circunstancias, volvió a su trabajo de docente en una escuela de Godoy Cruz.
Por eso, más allá de que retornar a sus tareas no fue por decisión propia, el caso igual vale porque una actitud que debería ser normal, pasó a ser una noticia que trascendió inclusive las fronteras de la provincia, ya que casi ningún sindicalista vuelve a su trabajo de origen.
