Sobre el final de la semana hubo un encuentro en la Legislatura entre peronistas y radicales. No fue muy extenso. Los radicales pidieron que todas las propuestas que el oficialismo jura públicamente haber aceptado o estar dispuesto a aceptar vinieran puestas en papel.
Anoche, a la hora de cierre de esta edición, los despachos de las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto que el oficialismo debía redactar conteniendo los aportes de la UCR, no había llegado a los destinatarios.
De ambos lados se sostiene que el lunes será una larga jornada. Incluso algunos arriesgan que la sesión especial de Diputados se estirará hasta la madrugada del martes. El oficialismo sigue declamando su voluntad de aceptar todo lo que la oposición plantea.
El radicalismo sigue diciendo que si esa declamación se pone en papeles están dispuestos a votar todo el lunes. Pero el papel oficial demora en aparecer.
El viernes, pasado el mediodía, llegaron a la Legislatura los diputados radicales Néstor Parés, Martín Kerchner, Roberto Infante y Jorge López, más los senadores Gerardo del Río y Sergio Moralejo.
En la Casa de las Leyes los esperaban el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá; el senador Fernando Simón y el diputado José Muñoz. Allí se acordó que el oficialismo pondría en papel todo lo que venía declamando y que el viernes a última hora estaría en los correos electrónicos de los opositores.
Ayer el intendente de Godoy Cruz y hombre fuerte del radicalismo, Alfredo Cornejo, salía a prometer que si mandan un texto de Presupuesto sin pedidos de autorización para tomar deuda, si el texto de Impositiva incorpora las propuestas hechas por los legisladores de su partido, entonces el radicalismo votará el paquete fiscal.
Pero en el centenario partido de Alem reina la desconfianza. El diputado Kerchner relataba que en el encuentro del viernes se había acordado que el oficialismo mandaba los textos con las modificaciones el viernes a la noche, durante el fin de semana los radicales estudiaban lo remitido y el lunes a las 9 se juntaban en la Legislatura para ultimar detalles y sentarse en el recinto.
Las horas corrían. Ayer al atardecer, Muñoz (presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto) admitía las demoras en el envío: “Es que han propuesto muchas modificaciones”.
La propuesta radical en Impositiva constaba de cinco puntos. El primero, implementar la autodeclaración del avalúo de propiedades de mayor valor y, en caso de no hacerlo, entonces subir un 20% el valor fiscal de los inmuebles.
Entre las propiedades sujetas a esta medida se deberían incluir a aquellas en las que se realicen actividades petroleras (como la destilería de Luján), estaciones de servicio, entidades financieras y centros comerciales.
El segundo pedido era mantener los mínimos presuntos al valor de 2014. Mínimo presunto es un valor estimado por la Administración Tributaria Mendoza para algunas actividades a las que es dificultoso gravar con Ingresos Brutos; en estos casos, ATM pone un monto mínimo que el contribuyente debe pagar. El tercero era sostener la carga impositiva de este año también para el régimen simplificado.
El cuarto es el gran tema: Ingresos Brutos a minas y canteras. Este ítem incluye a la actividad petrolera. El acuerdo firmado por Francisco Pérez junto al resto de las provincias productoras de hidrocarburos con la Nación fijaba la alícuota en el 3%. El radicalismo pretende mantenerla en el 5% con una rebaja al 3,5% si el ahorro en el impuesto se destina a exploración.
Por último, que los recaudadores fiscales no puedan embargar preventivamente sin orden de un juez.
En el Presupuesto la cuestión es mucho más simple. Que se eliminen los artículos en los que se autoriza al Ejecutivo a tomar deuda. No son pocos los artículos: el 39, el 40, el 41, el 43, el 44 y el 67.
Por último queda el último punto que se viene agitando en el fondo de la discusión: la inexistencia de una partida específica para financiar las campañas electorales 2015. Ayer Cornejo decía que “la ley obliga al Ejecutivo, esté o no incluida la partida en el Presupuesto. No tenemos nada que negociar y si el Ejecutivo no cumple la ley, entonces iremos a la Justicia”.
Es que en el oficialismo hay preocupación con este tema. La publicidad de campaña siempre ha sido un agujero negro y muchos intendentes del PJ no sólo quieren desdoblar sino también poder usar aportes privados para financiar su propaganda. Por eso es que el tema está en la agenda.
“Las campañas nunca las pagan los partidos sino los privados. Después vienen los condicionamientos en los cuatro años de gobierno”, decía Cornejo.
