En medio de la "tormenta financiera" y una crisis de credibilidad, el Gobierno del presidente Mauricio Macri realizó un reordenamiento ministerial en setiembre para dar una señal de austeridad.
Degradar una decena de ministerios a secretarías no significó un ahorro para el Estado. Pero sí generó inconvenientes para el funcionamiento de los actos administrativos: simplemente, agregó burocracia.
Esto quedó expuesto con la decisión del Gobierno de modificar el régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, para devolverle a los funcionarios que fueron degradados el poder de firma y toma de decisiones.
La gestión Macri oficializó este lunes los montos a partir de los cuales se pueden realizar contrataciones directas y sumó a los secretarios de Gobierno a la lista de autorizantes para gastos de hasta 128 millones de pesos.
Así, si bien no les reasigna la categoría de ministros, les devuelve a Javier Iguacel, Luis Miguen Etchevehere, Pablo Avelluto, Lino Barañao, Sergio Bergman, Gustavo Santos, Adolfo Rubinstein y Jorge Triaca una facultad que tenían cuando eran ministros. La medida fue oficializada a través del Decreto 963/2018 publicado en el Boletín Oficial el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Si bien no lo dice expresamente, la gestión Macri tomó esta decisión por dos motivos: la inflación que disparó los costos y resulta necesario ajustar las escalas de gastos; y la reorganización del Gabinete de setiembre complicó la gestión.
A través del Decreto Nº 802 del 5 de setiembre, con fundamento en necesidades de gestión y diseño organizacional, se creó el cargo de secretario de Gobierno en diversas carteras ministeriales.
La legislación que estaba vigente no permitía a los secretarios a tomar algunas decisiones como la de ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar contrataciones o adquisiciones, por lo que desde ahora sí estarán autorizados.
Esta medida fue tomada “con el fin de dotar de mayor operatividad la gestión de autorización y la aprobación de gastos, así como de los procedimientos de selección”, por lo que el Gobierno consideró necesario también modificar el valor del módulo.
