La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos concurrieron recientemente a los tribunales federales porteños citados por el juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación de la causa conocida como “Los Sauces”.
Este proceso judicial, cabe recordarlo, se inició hace casi dos años a partir de una denuncia formulada por la diputada nacional Margarita Stolbizer, que acusó a las principales figuras del poder político de entonces de adulteración de documentos públicos y el posible pago de coimas y lavado de dinero bajo el paraguas protector de una sociedad que en 2006 habían constituido Néstor Kirchner, su esposa y su hijo Máximo.
Lo que la investigación judicial analiza es si la ex presidenta de la Nación recibió coimas de empresarios cercanos a la ex familia presidencial mediante el pago de alquileres en los hoteles que pertenecen a Los Sauces SA, que en la práctica nunca se concretaron. Es decir, el pago por habitaciones que jamás fueron ocupadas.
Tanto en el escrito que dejó ante el juez, pues no declaró, como en los conceptos que habitualmente efectúa a través de las redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner insistió una vez más que es objeto de una “persecución judicial” sin precedentes en el país y, además, que se ve sometida a los efectos de un “aparato de propaganda”, básicamente política, que dice que es comparable con los “gobiernos totalitarios”.
Lamentablemente, la ex Presidenta parece olvidar, en su descargo por escrito ante el juez Bonadio, la forma de ejercer el poder que caracterizó a los gobiernos kirchneristas (uno de su esposo y dos bajo su propia conducción), en base a una arbitrariedad y atropello hacia opositores políticos, periodistas no afines al oficialismo y jueces independientes, que sí convirtió a una gestión legítimamente electa por el voto popular en una maquinaria destructiva de los preceptos republicanos que siempre deben imperar.
En base a una mayoría propia, el kirchnerismo convirtió al Congreso durante la mayor parte de los doce años que estuvo en el poder en una dependencia política para dar aval a las medidas ordenadas desde la Casa Rosada.
Y ante la resistencia de una mayoría de magistrados judiciales honestos, se valió de una agrupación (Justicia Legítima) que insertó la política partidaria entre jueces y fiscales para neutralizar, básicamente, acciones contra los intereses del kirchnerismo ajenos a la política y sí vinculados con los manejos oscuros que ahora se ventilan con mayor celeridad.
Por lo tanto, la investigación de los movimientos de la empresa Los Sauces debe convertirse en un emblema de la labor de la Justicia argentina contra la corrupción enquistada en muchos estamentos siempre a partir de las altas esferas del poder. Es una causa en la que los jueces tiene la oportunidad de determinar cómo las acciones corruptas se pueden mover en las sombras valiéndose del voto de la gente.
Por eso se debe dejar de lado toda sospecha de influencia del gobierno actual en la causa que nos ocupa y que se originó en la válida denuncia que hizo una diputada de la Nación en su momento. Porque el legislador no sólo elabora y vota leyes, también tiene la obligación constitucional del control de los actos de gobierno. Los Sauces tendría que ser un ejemplo de cómo debe actuar la Justicia a fondo en una investigación sin que intervenga la política, que en éste y otros casos debe permanecer a distancia.
