En los últimos días se han generado polémicas por los niveles de ingresos de algunos sectores del Estado, aunque es bueno hacer una reflexión de la totalidad de su estructura, que está en el corazón del grave problema argentino.
El grueso del gasto público está representado por salarios, habiendo sectores intensivos, como educación, salud, seguridad y justicia, y otros que requieren otro tipo de erogaciones.
En el caso planteado en el Departamento General de Irrigación, el Superintendente decretó una reducción, aunque si se toma la totalidad de la masa salarial de los funcionarios involucrados llegamos a la conclusión de que se trata de una cantidad considerable y entonces vale la pena preguntarse si tiene sentido tamaña estructura y si muchas funciones no deberían ser ad-honorem, como lo eran antiguamente.
El Departamento General de Irrigación es un organismo autárquico, lo que implica que tiene autonomía financiera y la posibilidad de darse su propia estructura y sus propias normas. Este es un tema que algún día habrá que aclarar, como también cuál es el grado de autonomía que estos organismos deben tener, porque pareciera que se confunde autarquía con soberanía. No se respetan las normas básicas del Estado ni los lineamientos políticos, toda vez que muchos de los funcionarios ganaban más que el Gobernador.
Como tenían recursos propios, y el monto de las contribuciones de los regantes los deciden los mismos miembros cuyos ingresos se cuestionan, decidían que era bueno aumentar la planta de personal y también los niveles salariales. Si bien el organismo tiene muchos profesionales técnicos, esenciales para su tarea, hay otras funciones no muy claras. Por otra parte, si los ingresos eran tan buenos, ¿no pensaron en bajar las contribuciones de los regantes?
En la misma línea se incluye la decisión de la vicepresidenta de la Nación de limitar la disponibilidad de pasajes para los senadores, a la vez que se impide canjearlos por dinero. Tras esta decisión llovieron quejas justificando el uso de estos importes como complemento, dado que los salarios de los legisladores no se han actualizado. Pero acá cabe también el análisis del costo de las estructuras. Hay senadores que tienen hasta 30 asesores y eso parece un despropósito. Son más empleados que una pyme pero sin las obligaciones que debe asumir el empresario.
En realidad, los salarios del Estado, en todas sus dimensiones, se han actualizado en los últimos 4 años en porcentajes superiores a la media del sector privado. Dada la larga recesión, el sector privado no ha creado empleos netos en los últimos diez años, mientras que el sector público siguió creciendo como si estuviéramos en una situación floreciente. La comparación es válida porque es el sector privado el que con sus impuestos alimenta las arcas públicas. Si los privados están en mala situación, no se pueden incrementar los gastos públicos en la forma desproporcionada que se hizo.
Cuando se habla de reformar el Estado hay que ser precisos y sería correcto reformular el Estado para tener claro cuáles serán las funciones esenciales y cuáles los recursos necesarios para cumplir esas funciones. Y esto vale para la Nación, las provincias y los municipios. El discurso político fácil hacía que se dijera “es función del Estado” y así las administraciones fueron asumiendo responsabilidades que se fueron mezclando con los favores políticos. Y todo se alimentó aumentando impuestos para favorecer a las estructuras políticas y para mejorar los servicios a los ciudadanos.
Estamos en una oportunidad importantísima como para hacer esta reformulación y darles a los agentes públicos la importancia que deben tener. Pero para esto es necesario partir de una formulación seria de la estructura y de los niveles de calificación exigidos para desempeñar esas funciones. Pero lo que nunca debe olvidarse es que la Constitución exige que sea la idoneidad el único requisito para ingresar al Estado. Y es el único que nunca se verifica.
