Pocos temas han generado tantas pasiones y tanta confusión como la deuda pública. Por un lado están los que dicen que es malo endeudarse pero que ven al crédito como algo bueno para la economía, lo cual es totalmente contradictorio ya que el crédito y la deuda son las dos caras de la misma moneda.
Por otro lado están los que argumentan que en los últimos años el país se ha desendeudado, lo cual es más relato que realidad. Un déficit fiscal del orden de los 30.000 millones de dólares como el que hubo en el 2015, se tuvo que financiar con deuda si o si. Es matemáticamente imposible desendeudarse si no hay superávit fiscal, y en la Argentina han desaparecido desde mediados de la década pasada. La nueva deuda la escondieron debajo de la alfombra, y se emitió con bonos que vendían la Anses y el Banco Central en el mercado y con el endeudamiento que tomó el Banco Central a través del préstamo de China y con la colocación de Letras en el mercado.
Estos dos factores aumentaron la deuda por casi 7% del PBI.
En estos momentos se está negociando la aprobación de las leyes para salir del default y en los debates parlamentarios se escuchan todo tipo de opiniones. Me parece importante separar la paja del trigo, discutir los mitos y realidades de la deuda pública, cuales son los riesgos de que no resuelva el tema y qué se puede conseguir si finalmente Argentina logra salir del default.
El gobierno recibió una herencia muy compleja en el plano de la deuda, ya que se encontró con un fallo con sentencia firme del juez Griesa y con los acreedores que estaban listos para cobrar. En otras palabras, no tenía cartas de negociación y todo había que arreglarlo contrarreloj.
No hay duda de que los fondos buitres venían siendo ganadores en la pulseada desde hace ya varios años. Estos fondos no son inversores comunes, en realidad son bufetes de abogados que buscan resquicios legales para sacar ventajas de empresas o de países. Lamentablemente, el gobierno anterior le dio argumentos legales para que litiguen y logren la simpatía del juez quien de hecho se las “dejó servida en bandeja” cuando promulgó la ley cerrojo y desconoció las deudas que la Corte de Nueva York reconocía.
No hay que olvidar que durante casi una década el juez Griesa frenó todos los avances de los fondos buitres y no dio a lugar a embargos a su favor. Pero llegó el momento en que el gobierno colmó su paciencia desconociendo la deuda y maltratando al juez, y fue ahí que nos sorprendió con el duro fallo del “pari passu” que en la práctica forzó a la Argentina a frenar los pagos de la deuda reestructurada y entrar en default con los bonistas que habían aceptado el canje.
Además, las más altas autoridades del gobierno trataron al juez de senil e incompetente, con lo cual parece que no tomaron en cuenta los consejos del Viejo Vizcacha en el Martín Fierro cuando decía “Hacete amigo del Juez - No le des de qué quejarse”.
Durante estos años en los que no se pagaron los intereses de los bonos del canje Argentina ha estado al borde del precipicio, ya que convivió permanentemente con el riesgo de que algún bonista insatisfecho pidiera la aceleración de los bonos, o sea que se exigiera el pago de los intereses o pidiera formalmente un nuevo default. Esta situación hubiera implicado que el país se viera forzado a reestructurar nuevamente toda la deuda como en el 2005.
El nuevo gobierno tenía muy poco margen de acción. Los tiempos no daban para encarar una nueva y larga negociación porque el país necesita crédito, y se mantenía el riesgo de la aceleración de los bonos. Además, los argumentos legales que el país podía alegar eran muy débiles, porque la estrategia anterior había sido desconocer la deuda y no contestar muchas de las demandas de los holdouts. Entre otros temas, Argentina nunca cuestionó ante el juez el monto nominal de la deuda que reclamaban los bonistas, a pesar de que el cálculo de intereses era disparatado.
Sin embargo, el nuevo equipo económico logró equilibrar la negociación, consiguió que nuevamente el Juez tome en cuenta los argumentos de la Argentina y que el negociador Pollack ayude a que las partes se acerquen a un entendimiento.
Fue muy importante el hecho de que las nuevas autoridades muestren voluntad de pago cuando lograron cerrar acuerdos con los bonistas italianos y con algunos hedge funds. También mostraron firmeza al momento de negociar con los “buitres” y finalmente acordó una quita que seguramente dejó un cierto sabor amargo, más que nada porque no había argumentos legales para pelear mucho más.
Argentina está ante la oportunidad de salir del default, y poder volver a los mercados voluntarios de deuda. Para ello se ha pedido que el Congreso derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano, lo cual se espera que se apruebe antes de fin de mes. Si por cualquier eventualidad esto no ocurre, entonces los riesgos son elevados.
El primer riesgo es que los bonistas del canje finalmente pierdan la paciencia y decidan acelerar el pago de los bonos. Ello forzaría una reestructuración de toda la deuda, con lo cual Argentina estaría nuevamente en default, sin acceso al financiamiento externo y seguramente sufriendo una fuerte crisis económica. Si bien este escenario es muy poco probable, podría ocurrir.
Un segundo riesgo surge debido a que el gobierno no tendría acceso al financiamiento externo en momentos en que tiene un elevado déficit fiscal, lo cual, como dijo en numerosas oportunidades el Ministro Prat Gay, generaría dilemas de política económica muy complejos: o hacer un fortísimo ajuste fiscal en momentos en que la economía está en recesión (lo cual sería muy mala noticia) o alternativamente recurrir al financiamiento del Banco Central lo que llevaría a se disparen el tipo de cambio y la inflación.
La necesidad de que el Congreso apoye el acuerdo salta a la vista y dada la precariedad legal que enfrenta el país en las cortes de Nueva York, no se ven alternativas.
¿Qué gana el país cerrando el tema? Se lograría que Argentina vuelva a tener acceso al mercado internacional de capitales, habría más financiamiento para las provincias, para las empresas y para el ambicioso plan de infraestructura. Seguramente también vendrá más inversión y caerá el costo de financiamiento.
Muchas veces se habla que el arreglo con los holdouts llevará a un nuevo ciclo de endeudamiento. Esto va a depender de que se reduzca el déficit fiscal, que todavía es alto. Si no hay déficit no habrá nuevo endeudamiento, solo será necesario emitir nueva deuda para refinanciar lo que vence.
El arreglo con los holdouts genera una oportunidad para que vuelvan la inversión y el crecimiento. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas, y para eso habrá que acompañar el acuerdo con políticas para bajar la inflación y el déficit fiscal y que generen un nuevo ambiente de crecimiento con equidad social. CC
