Tras el rechazo legislativo al endeudamiento que había solicitado la actual administración que encabeza Rodolfo Suárez, uno de los riesgos es atrasarse en obras y equipamiento para el sector Salud.
La situación se complicaría un poco más para buena parte de los habitantes de nuestro territorio, ya que, y como informó Los Andes el pasado 7 de febrero, “más de la mitad de la población se atiende en la salud pública”.
De hecho, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 (ECV), elaborada por la autorizada Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), 52,1% de la población se atiende en hospitales públicos o centros de salud.
Una carga muy fuerte de público al sistema estatal de atención sanitaria, lo que habla a las claras de la importancia y el prestigio de los hombres y mujeres que trabajan como médicos, auxiliares de la medicina, técnicos y en otros servicios dentro del Estado.
Orgullo y complicación porque esta demanda de atención sanitaria implica un permanente esfuerzo de mantener los edificios para estas prestaciones, renovar equipos o disponer en servicio, los existentes, y los instrumentales necesarios para las atenciones.
También influye en este cuadro de situación el hecho de que un alto porcentaje de la población, 41%, no posee cobertura de salud, lo que permite inferir que -estimativamente- un 11% acude al sistema estatal incluso aunque disponga de alguna clase de cobertura médica.
Otro aspecto a considerar es que en un contexto de menor disponibilidad de recursos económicos, como podría ocurrir ahora si no se accede a dineros frescos para obras, hay muchos pobladores que aspiran a tener centros sanitarios más cerca de sus domicilios.
También este fue tema de análisis por parte de nuestro matutino, cuando advirtió (edición 8/1/2020) que las distancias promedio entre las viviendas rurales y los centros de salud es aproximadamente de 3 kilómetros, aunque hay departamentos donde las extensiones presentan variaciones de hasta cuatro veces comparando los puntos donde esa distancia es mayor y menor.
Se da el caso de vecinos del sureño Malargüe donde las familias deben recorrer hasta 7,2 km, mientras que en Luján de Cuyo, especialmente al sur del río Mendoza, esa marca llega a 4,8 km.
En las actuales circunstancias de no aprobación de endeudamiento para obra pública, podría quedar comprometida la ampliación del Hospital Pediátrico Humberto J. Notti, en Guaymallén, el nosocomio al que concurren para su atención los niños de la provincia y de la región.
No está explicitado aún sin los cerca de 15 millones de dólares que se iban a destinar para agrandar este vital complejo médico surgirán de otras fuentes, y finalmente se podrá contar con la ansiada realización, que tiene que ver nada menos que con disponer de más espacio para quirófano, terapia intensiva, neonatología y cirugía cardiovascular.
En el sur de Luján, cruzando el río, también hay un emprendimiento sanitario del que se espera mucho más.
Nos referimos al hospital regional concebido en ese lugar, sobre el Acceso Sur (ruta 40) y a metros de la calle Quintana.
Por ahora ahí se han inaugurado consultorios externos en diversas especialidades, con atención hasta las 14, los días hábiles.
La población agradece este paso, pero reclama que se llegue, como se había prometido, al hospital general con internación y capacidad de atención de eventuales emergencias, por ejemplo de accidentes de tránsito.
Por ahora, todo eso está pendiente y es de esperar que la crítica situación financiera del Gobierno no demore la terminación de este proyecto.
