La segunda semana de Mauricio Macri presidente estuvo marcada por el primer desafío para controlar la calle y por una cuestión relacionada con los días por venir, como es la preocupación hecha pública por funcionarios clave acerca de poder encauzar la puja entre precios y salarios.
No sin tensiones internas por ser la primera vez, el Gobierno llegó a la decisión del martes pasado de recurrir a la Gendarmería para desalojar el bloqueo total o parcial que, por sexto día consecutivo, mantenían sobre la autopista a Ezeiza los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, en un conflicto de larga data y como consecuencia, en gran medida, de subsidios sin control a empresarios por parte de los gobiernos kirchneristas.
Al desalojo, incluso con algún exceso por parte de los gendarmes, siguió la negociación y el acuerdo de los trabajadores con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resultado del cual el conflicto quedó al menos en suspenso hasta enero.
La forma en que actuó el Gobierno anticipa lo que será su política para controlar la calle: desalojo por la fuerza de seguridad, seguida de la negociación.
Se trató de una demostración de autoridad política, al tiempo que de disposición al diálogo y la negociación, con lo que pretendería poner fin a más de una década de tolerancia al piquete por parte del anterior gobierno, salvo en el último tiempo cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, recurrió a la Gendarmería para el desalojo. La vicepresidenta Gabriela Michetti lo dijo con todas las letras después del desalojo del martes: “El Estado recuperó el rol de regular la protesta y la circulación”.
Para el Gobierno se trata, también, de cumplir con uno de los mandatos para los que fue votado por su electorado, mayoritariamente poco afecto a la manifestación pública callejera. Por eso aquel principio es el que quedará plasmado en el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en casos de protesta social que afecten derechos de terceros que elaboran los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Desarrollo Social, coordinados por la Jefatura de Gabinete, y que será presentado los próximos días.
En ese sentido, el desafío mayor será conciliar la no criminalización del derecho a la protesta social, argumento en el que fundó la tolerancia su antecesor, con garantizar el derecho a la circulación. La prueba más inmediata a esta política puede suceder esta semana con integrantes de la agrupación kirchnerista Tupac Amaru que trasladaron al acampe en pleno centro porteño la protesta jujeña en reclamo de continuar con la recepción de planes sociales y que prevén movilizarse.
También puede tener otras puestas a prueba en enero. La decisión de Macri de no otorgar un bono de fin de año compensatorio de la inflación a los trabajadores estatales (“la situación económica y financiera heredada no lo permite”, dijo el lunes), tendrá en los próximos días reacciones de ese sector que, por ahora, frenó su protesta ante la ayuda de $ 400 que esta semana recibirán los 8 millones de personas de los sectores más empobrecidos.
Podrían sumarse trabajadores del sector privado, aunque en este caso los que tienen mayor poder de fuego (el transporte, los bancos) ya consiguieron sus bonos, en varios previstos en las paritarias.
Será camino hacia esas paritarias que arrancarán en marzo cuando la política de control de la calle tendrá mayores desafíos. La inflación en diciembre puede llegar a entre 3,6 y 5,2%, según consultoras privadas, lo que incidirá en los reclamos desde el mes próximo. No es resultado de la inflación de arrastre sino de aumentos, sobre todo de los productos de la canasta básica, previos a la anunciada devaluación de 40%, a los que se sumarán los de servicios.
Así lo reconoció el propio Presidente cuando advirtió a los empresarios que podría abrir la importación de productos que, como lo terminó de admitir el miércoles el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvieron “incrementos excesivos en términos de la especulación”.
Por el lado institucional nada indica que el Presidente pueda convocar a sesiones extraordinarias, al menos en enero. “No hay una decisión por el no, pero tampoco por el sí”, dijo a este diario una fuente jerarquizada de la Rosada. Macri se ha sentido cómodo en estas dos semanas gobernando por decreto, con la excepción quizá de la designación de los dos ministros de la Corte, aunque se haya convertido en el primer presidente desde el regreso de la democracia que no convocó a extraordinarias.
“Gobernaremos por decreto si es necesario”, fue hace unos meses el anticipo de su aliado radical Ernesto Sanz, pero lo decía ante la posibilidad de que el kirchnerismo hiciera pesar sus números en Diputados y en el Senado para boicotear la acción de gobierno.
