Los desatinos del jefe Gabinete de ministros de la Nación son cada vez más preocupantes. Lamentablemente no es ésta la primera oportunidad en tratar desde esta columna tal situación.
En sus habituales embestidas contra cualquier voz que moleste los intereses del gobierno que representa, Jorge Capitanich acusó hace pocos días nada menos que a la Auditoría General de la Nación (AGN) de ser una “usina opositora”, descalificando un informe elaborado por el presidente del organismo, Leandro Despouy, que puso de manifiesto que 60% de las obras viales nacionales presupuestadas de 2003 a 2012 sufrieron demoras o bien no fueron llevadas a cabo.
“No cabe duda de que la AGN es una usina opositora, porque no es neutral en sus opiniones”, sostuvo en sus declaraciones Capitanich. Y para apuntalar su insólita acusación hizo referencia a la pertenencia radical de Despouy.
No tardaron en llegar respuestas públicas al desatino del jefe de Gabinete al acusar a la AGN de actuar con un rol opositor.
Debe preocupar que Capitanich, en virtud de su investidura, desconozca y reste trascendencia y seriedad a los informes de la AGN, porque eso significa desconocer los preceptos constitucionales. En su artículo 85, la Constitución Nacional determina que “... el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”. Añade que el presidente “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Además, la Constitución no le otorga a dicho organismo relación alguna con el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el jefe de Gabinete también debería recordar que la Auditoría General de la Nación está conformada por siete miembros, de los cuales cuatro, es decir, la mayoría, pertenecen al oficialismo.
De ninguna manera, entonces, se trata de una “usina de la oposición”, como el funcionario acusó, sino que sólo recae en un dirigente de la oposición su presidencia, que no es lo mismo. Y los propios colaboradores de los directores del organismo cuestionado coinciden en señalar que la casi totalidad de las auditorías, como la que generó el enojo del jefe de Gabinete, son aprobadas por unanimidad.
Capitanich ha demostrado en casi toda su gestión, que ya va a cumplir un año, que sólo actúa en línea con las acusaciones propias del poder político de turno, y por ende del gobierno al que representa, contra toda acción o declaración que no coincida con las políticas implementadas por la Casa Rosada.
En tal sentido, además de esta insólita acusación a la Auditoría General de la Nación, hay que añadir recientes agravios, una vez más, a los medios que dan cuenta de acciones incumplidas por el Gobierno o que comprometen a sus integrantes, como también atribuir a acciones de “terrorismo económico manifiesto” los desajustes económicos y las variaciones en los mercados generados por la intempestiva política oficial.
El funcionamiento del sistema democrático exige de un equilibrio entre los poderes del Estado que se basa en que cada uno de ellos cumpla con el rol que le otorga la Constitución. La labor sólo contestataria que habitualmente utiliza Capitanich deja muchas dudas en cuanto a su competencia, o estabilidad emocional, para ejercer el cargo para el cual ha sido designado.
