Durante sus casi once años de ejercicio del gobierno nacional, el kirchnerismo se ha caracterizado por su atropello y denostación de todos aquellos que públicamente expresen alguna disidencia o pretendan marcar errores en la gestión.
Pero lo más grave es que esa actitud se pone de manifiesto, incluso, contra personas u organismos incluidos en la Constitución. La Justicia y los organismos de control han sido, por lo general, blanco de la agresión verbal y el descrédito por parte de muchos funcionarios kirchneristas y en determinadas ocasiones hasta desde la primera magistratura.
Frecuentemente, en los últimos tiempos ha habido embates muy fuertes contra la Auditoría General de la Nación.
La Constitución nacional otorga al Poder Legislativo el “control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”.
En ese marco, también determina que “el examen y la opinión” del Congreso sobre el desempeño y situación general de la administración pública “estarán sustentados” en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN) organismo incluido en el artículo 85 de la Carta Magna.
Este organismo, “de asistencia técnica”, tendrá a su cargo “el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”.
También determina la normativa constitucional que el presidente de la AGN será designado a propuesta del partido político opositor con mayor número de legisladores en el Congreso.
De ese modo, desde hace ya varios años el presidente es el doctor Leandro Despouy, un abogado políticamente vinculado a la UCR al que el kirchnerismo le ha apuntado frecuentemente con sus críticas por apreciaciones sobre dictámenes del organismo que cuestionaron acciones del Gobierno.
Lo que lamentablemente no advierte públicamente el oficialismo es que muchos dictámenes de la AGN fueron adoptados por amplia mayoría o mayoría absoluta y que es el kirchnerismo la fuerza política con mayor representación en dicho ente de control.
De ninguna manera se puede tolerar que un presidencialismo fuerte, amparado por un mayoritario y legítimo respaldo popular en las urnas, considere que de ese modo tiene en sus manos la herramienta necesaria para el sometimiento de la voluntad popular también expresada en las minorías políticas.
Con más razón cuando, como ocurre actualmente en la Argentina, como resultado de sucesivas votaciones el oficialismo de turno cuenta con mayoría propia en las Cámaras del Congreso para imponerse en votaciones que le resultan de su interés.
Es aquí cuando el desempeño de otros institutos de la República incluidos en la Constitución, como la Auditoría General de la Nación, deben aportar un equilibrio de fuerzas basado en la veracidad de los informes que sustenta y da a conocer.
Del mismo modo corresponde que se respete al Poder Judicial, natural destinatario de toda irregularidad que las mayorías políticas pretendan esconder o disimular.
La insistente falta de respeto a los poderes y organismos que crea la ley suprema de la Nación nos habla de una peligrosa manera de ejercer el poder, lejos de los principios republicanos y cada vez más cerca de los tentadores preceptos del autoritarismo.
