El Ibama (Instituto Brasileño para Atención del Medio Ambiente) es una entidad autárquica asociada al MMAB (Ministerio brasileño de Medio Ambiente), del mismo modo que la (ANA) Agencia Nacional de Aguas y el Instituto de Conservación de la Biodiversidad.
Los tres son organismos capacitados y entrenados para actuar preventiva y correctivamente, ya sea para evitar o minimizar los efectos de acciones y fenómenos que puedan afectar los recursos naturales, y también recomendar o aplicar sanciones por hechos violatorios de las leyes ambientales.
El Ibama tiene un accionar muy amplio y sus servicios son requeridos tanto para el inicio y desarrollo de proyectos oficiales como privados. Así: otorga autorizaciones, realiza evaluaciones, da licencias, atiende consultas, propone legislaciones específicas al Poder Legislativo, emite informes de performance, realiza controles genéticos y de agrotóxicos, atiende emergencias, controla la flora autóctona y la vida y el tráfico de la fauna silvestre, supervisa contratos en los que haya relación entre el lucro y el medio ambiente, y mucho más.
En nuestro país, el ente equivalente al MMAB sería la (Sayds) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende del jefe de Gabinete nacional, un rango menor en jerarquía institucional al del país vecino, mientras que lo más parecido al Ibama sería la Fundación Vida Silvestre argentina, que es una sociedad civil sin fines de lucro que se financia con el aporte del WWF (World Wildlife Fund for Nature), que es también una ONG con sede en Suiza, junto con empresas y entes privados, para realizar sus actividades, principalmente investigativas y educativas.
Según Sergio Federovsky (“Argentina de espaldas a la ecología” - Capital Intelectual, 2014), los estudios de impacto ambiental existen en la Argentina, sólo que son irrelevantes porque son tomados como un requisito formal para llevar adelante cualquier proyecto que sea impulsado por el gobierno central.
Las leyes de bosques y glaciares son ejemplo de esto ya que sus propósitos no se cumplieron, la tasa de desmonte en áreas a conservar no disminuyó y la ley no fue aplicada en ninguna de las provincias en las que hay bosques amenazados. En cuanto a la Ley de Glaciares, ni siquiera se hizo el inventario completo que se imponía como base científica para la determinación de áreas susceptibles de protección.
Otro interesante ejemplo que sugiere Federovsky es el observar cómo se tratan importantes asuntos de orden ambiental que puedan afectar la calidad de vida de la población, cómo los ríos de llanura en sus dos tramos (cauce natural y valle de inundación) se comportan en caso de inundaciones.
En esos casos, dice el autor, los responsables de mitigar sus efectos (intendentes, gobernadores y hasta los gobiernos centrales) se culpan mutuamente sin entender que el valle de inundación pertenece a la cuenca del río, o sea que los municipios que están dentro de ese valle son también responsables de su prevención, y no sólo aquellos por donde pasa el cauce.
Esta situación se torna grave cuando existen acuerdos entre gobiernos y agentes inmobiliarios para radicar desarrollos en zonas de cuencas inundables que luego terminan muchas veces en tragedia por decisiones en las que no existe participación de organismos medioambientales.
En general, concluye ese autor, los proyectos en nuestro país están basados en necesidades económicas, por lo cual las leyes ambientales se consideran como un obstáculo a cualquiera de ellos que involucren recursos naturales.
En nota de Clarín del 28/11/14, basada en un informe de la Sayds relativa a la tala de bosques en el Norte argentino, Gonzalo Sánchez explica cómo se viola sistemáticamente la Ley de Protección de Bosques Nativos sancionada en 2007, afirmando que, desde ese año hasta el 2013 se deforestaron 1,8 millón de hectáreas y que mayoritariamente esto sucedió en áreas de bosques protegidos en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco.
Es evidente que en algunas provincias no se respeta la Ley de Bosques al mismo tiempo que la Sayds muestra ser una dependencia nacional demasiado débil y sin apoyo del gobierno central para fijar límites a los incumplimientos.
Se impone entonces la necesidad de hacer mayores esfuerzos para preservar nuestros recursos naturales con una explotación sustentable, por eso sería muy importante que todo proyecto industrial o extractivo que comprometa dichos recursos se aprobara por el Congreso de la Nación con el voto de sus dos terceras partes, para evitar las mayorías simples con las cuales un partido en particular pueda manipular la sustentabilidad del país a su gusto en detrimento de las generaciones futuras.
