Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
La multitudinaria Marcha Federal que culminó el viernes en la Ciudad de Buenos Aires, y que según sus organizadores se realizó “contra el tarifazo, los despidos y el ajuste”, expuso con claridad en las calles porteñas a miles de manifestantes convocados por dirigentes sindicales y de organizaciones sociales a los que se les acabó la paciencia con el gobierno de Mauricio Macri. En realidad, muchos de ellos ya habían abandonado esa paciencia junto al escrutinio de noviembre pasado cuando, sorprendidos y enojados por la derrota electoral, decidieron ahí nomás iniciar la resistencia.
El mismo viernes, la cúpula de la CGT unificada se reunió con un grupo de ministros encabezados por el de Trabajo, Jorge Triaca, para plantear reclamos similares a los callejeros pero guardando las formas de un diálogo institucional. Varios de esos gremialistas dijeron que estaban obligados a hacerlo de ese modo porque acababan de asumir la responsabilidad de conducir la central obrera, pero que sus sindicatos también habían movilizado gente a la marcha y se aprestaban a encarar medidas de fuerza.
A ese viejo negocio de por las dudas poner los huevos en distintas canastas, también apelaron otros dirigentes que están enrolados en bloques políticos que proclaman ser “oposición colaborativa”, pero juegan al desgaste apresurado de la gestión macrista alimentando la conflictividad social. Una buena parte del sector empresario tampoco se priva de eludir el compromiso que les toca y miran para otro lado como si fueran víctimas inocentes del momento sensible que vive el país.
Esos empresarios se quejan de la apertura de importaciones pero no se esfuerzan en invertir para hacer más competitivos sus productos. Reconocen el alto nivel inflacionario, pero no se avienen a compensar con un bono extra la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores, ni contribuyen a blanquear el empleo informal. El sector servicios y el comercio tampoco se destacan, salvo excepciones, por su sensibilidad social.
El optimismo
En medio de ese preocupante cuadro de complicaciones, el Gobierno parece debatirse entre sus buenos deseos y el tiempo en que se verán los resultados que espera. Define al momento como una transición hacia el ordenamiento del Estado y la estabilización de la economía, y acusa a quienes agitan la inquietud social, de buscar solamente réditos políticos y no el bienestar de los más afectados.
Se queja, además, de que muchos dirigentes que hoy exigen soluciones rápidas, se pasaron años tolerando que les dijeran que no había inflación, o aplaudiendo en la Casa Rosada cuando se afirmaba que la pobreza era ínfima. “Ahora, frente a la verdad, están apurados”, reflexiona un funcionario del área económica, convencido de que las cosas van por buen camino y mejorando.
Cerca del Presidente, se admite que los plazos se han extendido más de lo previsto, pero que la mayoría de la sociedad conserva las expectativas favorables sobre la gestión oficial. Creen allí que una cosa es lo que se ve y escucha en los medios masivos por parte de la dirigencia, y otra muy distinta lo que siente el ciudadano común en todo el país.
Esa idea de que el Gobierno tiene todavía resto de credibilidad en sectores sociales que no siguen el día a día de la política mediática, es la que impulsa el consultor del Pro, Jaime Durán Barba, un innovador en materia de comunicación política y hombre al que se le atribuye gran parte del triunfo electoral que convirtió a Macri en Presidente. Es el mismo que por estos días asegura que el año próximo, gracias al éxito de las políticas en marcha que producirán bienestar y a la vez un afianzamiento de la autoridad del Gobierno, el oficialismo ganará con comodidad las elecciones legislativas.
Los planes
Pero la política es un territorio mucho más amplio que el que ocupan las repercusiones de una gestión de gobierno y las expectativas electorales de quienes aspiran a llegar al poder. Mientras por un lado se confronta, por el otro se negocia y en esa tarea están ocupadas las distintas variantes opositoras. Alentar y aprovechar la división que muestra el peronismo, ha resultado hasta ahora uno de los mejores negocios políticos del Gobierno.
La radicalización casi extrema del kirchnerismo conducido por Cristina Fernández, al punto de coincidir con algunos de los sectores más combativos de la izquierda, ha reforzado la estrategia separatista de quienes quieren un peronismo más institucionalizado.
Allí están los que buscan una renovación partidaria, bajo la idea de no obstruir la gestión de Macri para, al final de su período, volver al poder en un país más gobernable.
Uno de los ideólogos de ese grupo, junto a quienes tienen responsabilidades de gestión como gobernadores o intendentes, es el senador Miguel Pichetto, cuyo territorio político no es una provincia o una ciudad, sino el de la mayoría determinante en la Cámara alta del Congreso.
Los sigilosos pasos de Pichetto no sólo son observados dentro del peronismo tradicional. Sergio Massa y su Frente Renovador hace todos los días una inversión hacia el futuro, cultivando su relación con el jefe de los senadores peronistas.
Pero como mañana es hoy, el endurecimiento de la confrontación callejera con el Gobierno tendría pronto su contraparte en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, junto a Pichetto, Massa y otros legisladores afines, están tejiendo un acuerdo amplio de gobernabilidad que saque a Macri del ojo de la tempestad de este momento. Creen que a eso sólo podrá conseguirlo la política.
