A menudo quienes gobiernan hacen anuncios, a veces grandilocuentes, sobre proyectos que podrían incidir en las costumbres sociales y políticas del Estado.
Y no son pocas las veces que esos anuncios pierden protagonismo y con el transcurso de los años, meses o incluso días, pueden hasta olvidarse.
La gestión actual no escapa a esa modalidad. Tanto Francisco Pérez como su vice, Carlos Ciurca, o alguno de sus ministros, han anunciado proyectos con marcada repercusión pero que en ciertos casos no muestran grandes avances y para algunos, se infiere que quedarán en el olvido.
Aquí se muestran algunos ejemplos de esas iniciativas que esperan una definición legislativa por ahora incierta.
Ética pública
La Constitución de 1994 plantea la necesidad de generar una norma de ética pública que en 1999 se concretó en la ley nacional 25.188, por la que los argentinos pueden conocer las declaraciones juradas patrimoniales de sus funcionarios.
Desde esa época hasta ahora, en Mendoza se presentaron 14 propuestas, pero ninguna prosperó. Las últimas datan de 2012, a través de los proyectos del diputado radical Tadeo García Zalazar y del senador justicialista Fernando Simón, aunque ésta apunta más al acceso a la información pública, que a las declaraciones juradas.
En setiembre de 2013, Pérez envió su proyecto, que había prometido el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, al consolidar a esa norma “otra forma de terminar con la hipocresía” política.
Hoy todos los proyectos están en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara baja sin avanzar. “Este año nos ha costado conseguir consensos legislativos”, justificó el subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno, Gustavo Tobares.
En similar sentido, Jorge Tanús, presidente de la Cámara, atribuyó la demora a que los radicales “quieren votar el de ellos”, y como hay paridad casi total de fuerzas, es casi imposible consensuarlo.
Para García Zalazar en tanto, “no hay voluntad del Ejecutivo”, aunque reconoce diferencias en puntos como la autoridad de aplicación. El proyecto de Pérez obliga a presentar “ante la Escribanía General” la declaración jurada. “Yo pido una agencia específica y planteo multas”, resaltó, dejando en claro la discrepancia que frena el avance.
Ley de Sueldos
Cuando se revela un dato como el de los aumentos salariales de los concejales de Guaymallén, resurge el debate sobre la ley de sueldos.
Este año, el clímax fue cuando se supo que con las subas logradas en la paritaria de Salud, algunos médicos cobrarían hasta $ 80 mil, cuando el tope debería ser el sueldo del Gobernador, que hoy es de $ 40 mil en bruto.
La actual ley de sueldos data de 1991 y establece que el sueldo del gobernador tiene directa relación con la clase 13 del escalafón de la administración pública y desde allí se fijan los salarios del vicegobernador, los ministros, los legisladores y cargos de mayor jerarquía.
En febrero de 2012 Francisco Pérez, tras quejarse de los magros ingresos de los funcionarios públicos, anunció que estaba en su agenda trabajar en una Ley de Sueldos, aunque en el Gobierno dicen que no hay proyecto alguno.
Recién el pasado 15 de junio, y otra vez de la mano de Fernando Simón, el oficialismo presentó su propuesta que hoy “espera consenso” y que, según se informó, “es la que apoya el Gobierno”.
“Estamos construyendo consenso, pero avanza” confirmó Simón al respecto. “No es urgente, se aplicará recién en las próximas paritarias”, indicó por su lado el senador radical Juan Carlos Jaliff, quien coincidió con el avance del consenso que, a este ritmo, posiblemente vea la luz como ley en 2015.
Expropiación de tierras
El 1 de mayo de 2012 Pérez anunció el envío de un proyecto de ley de expropiación de terrenos que tuvieran deudas por canon de riego con 10 años de antigüedad o más. Su intención era recuperar 13 mil hectáreas improductivas de zonas aptas y con derecho a riego.
A los pocos meses envió el proyecto, pero ya con algunos cambios y en vez de “expropiación” mencionaba la palabra “recuperación” de 13 mil hectáreas.
El freno tuvo dos causas. Por un lado, las dificultades del oficialismo para conseguir consenso propio, debido a que muchos de sus legisladores reprochaban la intención del Gobernador de quitar tierras, en muchos casos, a productores que no estaban en condiciones de pagar por las sucesivas contingencias. Además, no se conocía con exactitud adónde se direccionarían las tierras “recuperadas”.
“El expediente no está archivado y no se ha abandonado el proyecto, pero no tuvo el acompañamiento esperado”, dijo Tobares, demostrando que difícilmente ese anuncio llegue a ser ley.
El nuevo banco
El pasado 5 de agosto, cuando asumió como ministro de Agroindustria, Marcelo Costa anunció que el Gobernador buscaba reflotar la idea de un banco provincial, lo que generó repercusiones a favor y en contra, sobre todo cuando muchos mendocinos recordaron las duras caídas de sus dos entidades financieras principales, el Banco de Mendoza y el de Previsión Social, hace una veintena de años.
También volvieron a la escena los anteriores intentos de creación del Banco. De hecho, hay una ley vigente, la 7.610, aprobada en 2006 e impulsada por Julio Cobos, que autoriza al Ejecutivo a gestionar lo necesario para crear la entidad.
Otro proyecto es el de Tanús, que él ha dado en llamar “segunda etapa” y que incorpora intereses privados “porque el de Cobos era muy estatal”, entre otras modificaciones.
Tras el primer cimbronazo mediático las aguas comenzaron a calmarse y en menos de un mes, poco se habla del tema.
Sin embargo, el Gobierno no abandona la idea. "Estamos analizando la posibilidad de confeccionar un estatuto", informó Tobares desde el Gobierno.
Y Costa no ha dejado de militar el tema.
“Estoy yendo a las cámaras comerciales a hablar del proyecto”, dijo, considerando que el año que viene “es el momento” para crearlo, porque finaliza el contrato con el Banco Nación como agente financiero y terminan sus mandatos los gobiernos nacional y provincial, y por lo tanto “no habrá reproches nacionales”.
De todos modos en la oposición no están muy entusiasmados con la idea. Tanto la UCR como el PD a su tiempo han alertado que “no es el momento oportuno” para pensar en un nuevo banco local, sobre todo porque las condiciones económicas actuales no son las más adecuadas.
A la espera de la Ley de Aguas y la coparticipación
El 1° de mayo de este año, Pérez anunció tres nuevos proyectos a enviar desde el Ejecutivo, una nueva ley de Aguas, la creación de la empresa mixta Canal Acequia TV y una nueva distribución de la coparticipación municipal.
En realidad, en diciembre del año pasado el mandatario ya había avisado que buscaría actualizar la ley de Aguas vigente, que data del año 1888. Lo hizo ante un equipo de expertos en temas hídricos y en jurisprudencia encabezados por Miguel Mathus Escorihuela y Alejandro Pérez Hualde.
“Se está trabajando técnicamente en el anteproyecto”, informaron desde Casa de Gobierno, donde igualmente aseguraron que confían en que “antes del 1 de mayo próximo” se presente la propuesta.
En cuanto a Acequia TV, “el proyecto está por salir”, destacó Tobares, justificando en “las complicadas discusiones que hubo este año”, la demora en el envío del proyecto para crear la sociedad mixta con mayoría estatal.
Finalmente, la rediscusión de la distribución de recursos nacionales y provinciales entre los municipios sí se plantea como una iniciativa polémica.
Es que cuando Pérez la lanzó, el oficialismo estaba en plena pelea con la UCR por la autorización de endeudamiento,y no pocos lo vieron como un tiro por elevación al líder radical e intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.
De hecho Pérez planteó un “debate maduro” para “evitar asimetrías que hoy existen donde los tres municipios que más reciben son los mismos que tienen más potencial autónomo de generar ingresos genuinos a través de la industria, el comercio y los servicios”.
Fue su entonces ministro de Hacienda, Marcelo Costa, quien dijo que uno de esos tres municipios era Godoy Cruz, aunque también habló de otros del Gran Mendoza.
“Sabemos que es un debate complejo, pero nos tranquiliza que en la discusión participarán todos los departamentos”, resaltó Tobares, en nombre de Francisco Pérez.
Una emergencia de Ciurca
El 4 de mayo pasado, a sólo tres días de que Pérez diera su discurso ante la Asamblea Legislativa sin haberse referido casi al tema, Carlos Ciurca lanzó la idea de declarar la Emergencia en Seguridad en Mendoza.
El entorno era la reciente muerte del turista neocelandés Nicholas Heyward en el parque General San Martín y una marcha por seguridad de los atletas que usan el Parque en la que insultaron y hasta escupieron al ministro Leonardo Comperatore.
El Gobernador nunca estuvo de acuerdo con esa declaración y si bien aceptó a regañadientes que se transformara en un paquete de leyes que le dieran marco a cierta reacción del Estado ante la creciente ola de inseguridad, hasta ahora, a cuatro meses del anuncio del vicegobernador Ciurca, sólo hubo una sanción en el Senado que se estancó en Diputados.
“La Emergencia fue un proyecto del Senado, no del Ejecutivo”, insistió Tobares, asegurando que “para Pérez el abordaje sin golpes de efecto es una posición política"” y remarcando, para justificar la discrepancia entre las principales autoridades provinciales, que “son dos personas que pueden pensar diferente”, aunque resaltó que “políticamente hablando, Ciurca se subordinó a la decisión de Pérez”.
Es cierto que igualmente algunas leyes avanzaron. De hecho, Pérez sí anunció (en mayo de 2013) el proyecto para convertir juzgados correccionales en juzgados de garantía y de flagrancia, tema que hoy se contempla en la ley 8.680.
“También está por salir la ley de las videocámaras privadas”, resaltó el presidente de la Bicameral de Seguridad, el radical Héctor Quevedo, que confirmó que “hay otras normas aprobadas” que estaban en aquel paquete.
De todos modos, Quevedo consideró que en general “nunca hubo emergencia”, confirmando que el debate que supo ser central, hoy ya dejó de serlo.
