El Senado de Mendoza dio sanción definitiva, con 33 votos afirmativos y cuatro negativos, al proyecto de ley que crea un programa plurianual de estabilización en el mercado de productos vitivinícolas. El mismo se aplicará durante cuatro años (2019 a 2022) y contará con un fondo total de $ 3.200 millones ($ 800 millones por temporada).
El Gobierno ya definió parcialmente el destino que tendrán los $ 800 millones de 2019. Un total de $ 300 millones se utilizarán para el operativo de compra de uva para mosto, $ 180 millones se darán a un bono fiscal para los exportadores de vino granel y $ 130 millones serán para asistir al productor primario. Los $ 190 millones restantes aún no han sido asignados.
Detalles del programa
El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, asistió al tratamiento por parte de Senadores. El funcionario aseguró que la ley se reglamentará rápidamente y explicó que cuando esto suceda, se podrán poner en marcha las herramientas que permitirán reducir los stock vínicos e incentivar el consumo.
Además del operativo de compra de uva para la elaboración de mosto para exportación, la normativa contempla que los exportadores de vino granel, genérico o varietal, podrán obtener un certificado de crédito fiscal para pagar Ingresos Brutos. Este documento se podrá utilizar dentro de los dos años de vigencia de la norma y será transferible. A este fin se destinarán $ 180 millones.
Sobre esto y para responder al planteo de la oposición de que "la ley favorece a los grandes exportadores", Nieri señaló que al reducir el stock se valorizará el producto y se beneficiará a toda la cadena.
Asimismo, está previsto utilizar $ 130 millones para asistir en forma directa al trabajador rural. En el proyecto que surgió de la Cámara de Diputados, se explicitó que este año se invertirá este monto a “fortalecer programas de apoyo al trabajador rural, tanto para los que realizan una actividad permanente, como para los eventuales”.
El origen de los fondos
La propuesta original, que presentó el Ejecutivo provincial, implicaba que el Gobierno Provincial pudiera endeudarse por $ 4 mil millones para generar un plan anticíclico vitivinícola, con una duración de cuatro años ($ 1.000 millones por año). Sin embargo, la oposición, que desde un primer momento se mostró en desacuerdo con tomar deuda, autorizó que se tomara crédito por $ 1.600 millones y que el Estado utilice partidas propias por el mismo monto.
En 2019, la Provincia deberá utilizar $ 300 millones del presupuesto y podrá endeudarse por $ 500 millones más. En 2022 la relación se invierte: $ 500 millones serán de las arcas provinciales y $ 300 millones de deuda. En tanto, en 2020 y 2021 los $ 800 millones se compondrán por partes iguales de financiamiento propio y de endeudamiento.
El texto de la ley explicita, además, las diversas herramientas que se podrán utilizar para lograr mantener "acotados los stocks vínicos de manera de darle mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor, atendiendo especialmente al sector primario". El encargado de definir cada año cuáles serán las acciones de intervención que se utilizarán y qué recursos se asignarán será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, o su equivalente en un futuro.
Nieri explicó que en cada ejercicio se realizará un diagnóstico del sector y, en función de eso, se decidirá cuáles de todas las estrategias que se detallan en el texto de la norma resultan más adecuadas a una situación que puede variar según el volumen de cosecha, las condiciones internacionales, cuánto vino elaboran otros países y el tipo de cambio, entre otros factores.
Dudas sobre los 2/3
El proyecto que recibió media sanción de Diputados requería de los 2/3 de los votos en ambas cámaras. Ayer, el tratamiento sobre tablas de este expediente comenzó cuando el PJ aún no había llegado al recinto, algo que criticaron los senadores de este bloque, ya que manifestaron que habían adelantado su acompañamiento a la iniciativa. Pese a eso, se logró el número requerido.
La ley fue aprobada con 33 votos afirmativos, mientras que los dos senadores del FIT/PTS, Víctor da Vila y Lautaro Jiménez, votaron en contra por considerar que la normativa beneficia a los grandes exportadores, que en su mayoría son de capitales extranjeros, y no al pequeño productor y los trabajadores vitivinícolas.
Tampoco acompañaron Juan Agulles y Silvina Camiolo, del PJ. Ambos son de Malargüe y plantearon que en 2016 se aprobó destinar $ 1 millón al año a un fondo para los productores ovinos y caprinos, pero la normativa aún no se reglamentó.
Las objeciones de las fuerzas opositoras giraron en torno a la definición de un programa plurianual en el último año de la gestión, cuando esto debería haberse hecho en un primer momento. También, en que pretenden que el foco de las acciones estén puestas en el productor primario y no en las grandes empresas, y en que sería más efectivo fijar un precio de referencia de la uva.
Las medidas en San Juan
El Gobierno de San Juan anunció ayer un paquete de medidas por $ 600 millones para equilibrar el mercado de vinos. La acción más destacada consiste en un plan de compensación a las retenciones a la exportación, para el que se destinarán $ 75 millones. Con ese dinero el Estado asumirá el costo de los $ 3 que se deben pagar por cada dólar exportado, aunque sólo recibirán ese beneficio las bodegas que no importaron vinos en entre 2013 y 2018.
También habrá créditos para cosecha y acarreo, un bono fiscal, un plan de reconversión y el lanzamiento, junto con Mendoza, del operativo de compra de uva para mosto.
Operativo de compra de uva para mosto
Antes de que se supiera la suerte del proyecto del Ejecutivo para crear un fondo anticíclico, se lanzó un operativo de compra de uva para elaborar mosto para exportación. El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, detalló que se presentaron a la convocatoria 27 bodegas y que, entre las que hayan brindado una mejor oferta, se elegirá a las que elaboren el mosto sulfitado. Es que las elaboradoras debían detallar cuánto producto proponían quedarse como forma de pago.
En una segunda etapa, el gobierno provincial definirá el precio que le pagará a los productores por la uva y de qué manera se realizará la selección. El operativo contempla que el Ejecutivo compre la uva, las bodegas elaboren el mosto y el Estado lo guarde por un tiempo para venderlo luego en el mercado externo y recuperar la inversión.
