El tema es recurrente. En momentos difíciles como el actual, tanto la Provincia como las municipalidades suelen enfrentarse a serios inconvenientes financieros. El del mes pasado fue quizá el mejor ejemplo, en razón de que tanto el gobierno provincial como las administraciones municipales se enfrentaron a inconvenientes con el pago de los sueldos.
En el caso de la Provincia, la solución llegó a través de la autorización de un giro en descubierto por parte del Banco de la Nación, un aspecto que también merece consideración en razón de que algunos intentaron hacer conocer que ese acuerdo se había alcanzado a través de sus buenos oficios en el planteo a autoridades nacionales, como consecuencia del alejamiento “político” entre el Gobernador y la señora presidenta.
Puede que sea cierto, pero también debería considerarse que el Banco de la Nación (“de la Nación”, no “del gobierno nacional”), debería tener una consideración especial hacia alguien, como el Estado mendocino, que deposita mensualmente millones de pesos de los salarios de los trabajadores en esa entidad financiera.
En el caso de las comunas, al igual que la Provincia, los intendentes también se encontraron con inconvenientes para el pago de los sueldos. Uno de los casos emblemáticos fue Guaymallén, que pudo hacer frente sólo a los sueldos promedio, en razón de que la Provincia le adeuda, en concepto de coparticipación y otros aspectos, una suma de aproximadamente 50 millones de pesos y detrás de ese departamento se encuentra Maipú, con 15 millones de pesos, aunque en este caso el pago de los salarios los realizó en tiempo y forma. Al decir de los propios popes comunales, los fondos adeudados corresponden tanto a coparticipación municipal como a los diferentes programas, especialmente nacionales.
En ese marco cabría abordar entonces la situación de la coparticipación municipal. En ese tema, en su discurso del 1 de mayo del año pasado, el gobernador de la provincia propuso a la Legislatura modificar el reparto de dinero entre los municipios. Destacó que habría que rediscutir la actual ley de coparticipación municipal 6396, para modificar los criterios de distribución, apuntando a que los departamentos con más posibilidades de generar recursos propios deben recibir menos que lo que tienen más problemas para autosustentarse. Si bien se destacó que no existía un proyecto esbozado, se explicó que, como está planteado el reparto de fondos, algunos departamentos se benefician y otros se perjudican.
El Gobernador señaló que resultaba necesario modernizar los criterios de distribución para evitar asimetrías. “Los tres municipios que más coparticipación reciben son los que tienen más potencial autónomo de generar ingresos genuinos a través de la industria, el comercio, el turismo y los servicios”. “El objetivo es que la gente se quede viviendo en el lugar en que nació y que no tenga la necesidad de trasladarse a otro departamento”, dijo un funcionario.
La actual ley de Coparticipación Municipal se sancionó en 1996 y en 2010, durante la gobernación de Celso Jaque, se le introdujeron modificaciones, pasando del 14 al 18,8 por ciento la distribución de los ingresos para los municipios.
En su artículo 1, la norma legal señala que la participación de las municipalidades en los recursos de jurisdicción nacional y provincial efectivamente percibidos por la Provincia se ajustarán al siguiente detalle: a) régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre Nación y provincias (18,8 por ciento); b) impuesto sobre Ingresos Brutos (18,8 por ciento); c) impuesto a los Sellos 18,8; d) impuesto Inmobiliario 18,8 por ciento e) impuesto Automotor 70 por ciento y regalías petrolíferas, uraníferas e hidroeléctricas y gasíferas, 12 por ciento. Se indicó también, a modo de ejemplo, que Las Heras recibía 1.459 pesos por habitante, que Rivadavia tenía 1.647 pesos y que en ese esquema el departamento que quedaba mejor pagado era La Paz con 6.609 per cápita.
Resultaría interesante que, una vez superada la contienda electoral en las elecciones generales, la dirigencia política local se abocara a realizar un profundo estudio sobre la coparticipación municipal y estableciera pautas que permitieran una distribución que se adapte a las reales necesidades de los diferentes municipios.
