Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Esta semana hizo eclosión una situación que se viene viviendo en los últimos meses y tiene que ver con distintos cuestionamientos hacia los magistrados y funcionarios judiciales que, en función de la acordada (resolución) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que dicho gravamen no es aplicable a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Ya se habían pronunciado varias ONG, pidiendo la eliminación de este beneficio, que consideran un privilegio, pero el tema tomó más envergadura cuando el pronunciamiento vino del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Pero el tema que más preocupó fue cuando, en las audiencias previas a su designación como nuevo juez del máximo Tribunal, el Dr. Horacio Rosatti expresó su posición acerca de que los magistrados deben pagar el Impuesto a las ganancias.
Ante estas posiciones que van tomando cada día más importancia, el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, llamó a una audiencia en la que participaron magistrados de todos los fueros nacionales, provinciales y federales, así como empleados y representantes del Consejo de la Magistratura.
El rechazo a la idea fue unánime y contundente por parte de la todos los representantes de la corporación judicial.
Argumentos de defensa
Los representantes de los distintos estamentos judiciales justificaron la acordada 20/96 con el argumento del artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece la “intangibilidad de los salarios de los magistrados.
También se argumentó el problema de la inflación y la disparidad de los salarios entre funcionarios de algunas provincias, que cobran un tercio de lo que perciben sus pares del fuero federal.
También se hizo referencia a la necesidad de asegurar la independencia de los jueces y al hecho de que no pueden desarrollar ninguna otra actividad, salvo las académicas.
En realidad estamos frente a un problema serio porque la interpretación del artículo 110 de la Constitución ha sido hecha estirando o forzando los argumentos originales.
Dicho artículo establece que los salarios de los magistrados no pueden ser disminuidos por ninguna causa y el hecho de ser intangibles es para asegurar que ningún otro poder del Estado pueda afectar el desempeño de los jueces manipulando los salarios para presionarlos y hacerles perder su independencia.
Desde ya, el planteo de los constituyentes es muy claro, pero las interpretaciones posteriores le dan un alcance que nunca estuvo en la intención de quienes sancionaron esta norma, y para ello, basta repasar otras disposiciones de la misma Carta Magna.
En la parte fundamental, casi filosófica, se establece el principio de igualdad ante la ley. La Constitución dice que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley” y más adelante postula que “la igualdad es la base de las cargas públicas”.
Estos dos principios explican claramente la concepción del Constituyente que, curiosamente, no fue modificado en absoluto con quienes trabajaron en la Reforma de 1994. Es decir, la parte dogmática se mantuvo sin modificación.
Lamentablemente, subsiste en la Justicia una particular interpretación que hizo la Corte durante el gobierno de Juan Perón, en su primer gobierno, por la cual dicho principio fue interpretado como “la igualdad de los iguales”. Esta interpretación fue la que dio pie a estructurar el sistema corporativo que nos rige hasta nuestros días.
Los jueces son ciudadanos argentinos y ésa es una exigencia de la Constitución. Pero, si son ciudadanos, están alcanzados por las reglas de la igualdad en las cargas públicas. Pagar impuestos no es un menoscabo al ejercicio de su magistratura, es una obligación que les cabe como a todos los ciudadanos.
Pagar impuestos, como todos, no afecta su independencia ni el principio de intangibilidad ya que no es un “impuesto a los jueces”.
Demasiados privilegios
Existen en la Argentina una gran cantidad de disposiciones que generan privilegios a sectores sociales o gremiales que crean diferencias groseras y violan claramente el principio de igualdad ante la ley.
Los argentinos, lamentablemente, en lugar de exigir eliminarlos piden tener los propios, como si ésa fuera una manera de igualar.
Lo mismo ocurre con el tema de las jubilaciones, donde algunos sectores tienen tratamientos diferenciales. Algunos tienen asegurado el 82% móvil mientras otros cobran no más del 30% y no aparece una norma que unifique los criterios. Ni siquiera el sistema de arreglo con los jubilados, que se está tratando en el Congreso, asegura un criterio uniforme para toda la población.
Es muy difícil pensar en una sociedad unida cuando la misma ha sido dividida por concesiones graciosas a sectores, facciones o personas. Incluso hay otro problema no resuelto y es el de los derechos adquiridos, cuando los mismos se han conseguido sustentados en leyes que violan este principio constitucional que, insisto, nunca fue derogado en la letra aunque es violado en forma reiterada.
Los privilegios generan distorsiones y reacciones que terminan generando no una grieta sino miles de abismos entre los distintos sectores que se atrincheran cuidando sus “conquistas”. Esto se ha hecho tan común que a nadie le sorprende que todos los días haya algún paro reclamando la permanencia de algún privilegio.
Los camioneros cuestionan el impuesto a las ganancias, argumentando que “el salario no es ganancia” (igual que los funcionarios judiciales) y cerraron un aumento del 37%, siendo los trabajadores que tienen los salarios básicos más altos de la Argentina.
No sería descabellado que los jueces se unieran a los camioneros unificando los reclamos. Hay jueces en el interior que ganan menos que un chofer de camiones.
Hay que revisar conceptos y valores. La Argentina está distorsionada y, si queremos reconstruir una nueva institucionalidad, no lo será manteniendo distorsiones y privilegios que violan la Constitución, que es la norma bajo la cual todos nos debemos comprometer a construir nuestra vida en sociedad.
