Tras más de seis meses de demora en el debate, la Cámara de Diputados convirtió por fin en ley un proyecto acordado entre Cambiemos y el PJ no kirchnerista, que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales de los partidos políticos y frentes, lo que estaba prohibido desde 2009, con la sanción de la ley de creación de las PASO.
Con el kirchnerismo, la izquierda y otros bloques de la oposición más radicalizada votando en contra, la iniciativa fue aprobada ayer a la tarde en general por 148 votos afirmativos y 69 negativos.
Elisa Carrió y los diputados de su bloque, Coalición Cívica-ARI, acompañaron la ley en general pero en particular votaron en contra del artículo 4°, que es precisamente el punto medular de la ley porque permite el aporte de las empresas privadas.
Por eso ese artículo salió aprobado por 135 a 81, es decir una diferencia menor que la de la votación general.
El resto del articulado también obtuvo más de 129 votos, que era la mayoría especial requerida por tratarse de una ley electoral. La ley, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, era impulsada por Cambiemos tras el escándalo de los aportantes truchos a la campaña electoral de María Eugenia Vidal y también por el peronismo, para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes por el caso de los cuadernos de las coimas, como consecuencia del cual varios hombres de negocios desfilaron por los tribunales, y con la amenaza latente de que algún día explote el capítulo argentino del caso Odebrecht. "Lo que estamos haciendo es solucionarle los problemas legales a Cambiemos", dijo la diputada kirchnerista María Emilia Soria, que fue una de las voces cantantes de la oposición en rechazo al proyecto de ley.
En cambio, el radical cordobés Diego Mestre, presidente de la comisión de Justicia de la Cámara, sostuvo que la ley pretende "echar luz y dejar el oscurantismo atrás" en materia de financiamiento electoral, porque establece la trazabilidad de los dineros aportados y se podrá saber "quiénes los aportan, cuánto aportan, adónde van y cómo se usan esos fondos".
El kirchnerismo había propuesto un dictamen propio que determinaba que el financiamiento de las campañas debía seguir siendo únicamente estatal. "Lo que hoy se está discutiendo es si las grandes decisiones de este gobierno las van a tomar las empresas o los mercados", dijo Gabriela Cerruti, también del bloque Frente para la Victoria-PJ.
El presidente de la bancada K, Agustín Rossi, afirmó que es necesario "ir a un financiamiento que sea 100%" estatal y que "cuanto menor sea la injerencia de las empresas, mejor será para el conjunto de la actividad de la política y de los partidos".
Al informar el proyecto en detalle, el macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió el proyecto y señaló que la legislación actual "en el fondo se esconde una hipocresía, porque las empresas terminan contribuyendo, pero lo hacen a nombre de 10, 15 o 20 gerentes".
“Se trata de si estamos dispuestos a que la sociedad conozca de dónde viene y hacia dónde va el dinero que reciben los partidos políticos; se trata de ser claros, de ser transparentes, de mostrar quién financia las campañas, cómo se financian esas campañas y en qué gastan los partidos a través de las campañas”, dijo Silvia Lospennato, también del bloque PRO.
