Los principales cuestionamientos que deberá enfrentar la candidata de Suárez a la Corte

La postulación de María Teresa Day es cuestionada por el ex supremo Pérez Hualde, pero también por dirigentes de la oposición a Suárez.

Los principales cuestionamientos que deberá enfrentar la candidata de Suárez a la Corte
Los principales cuestionamientos que deberá enfrentar la candidata de Suárez a la Corte

Desde que el martes Rodolfo Suárez confirmó que impulsará a la coordinara del Ministerio Público Fiscal, María Teresa Day, para integrar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, desde la oposición surgió una ola de reparos en su contra.

El peronismo empezó a apoyarse en la voz más autorizada que se levantó en rechazo: la del ex juez de la Corte (de origen radical) Alejandro Perez Hualde. "Day no cumple con el requisito de 10 años de ejercicio (de la abogacía) u 8 de magistratura. Desde que se recibió siempre estuvo en el Poder Judicial. Ejercicio de la profesión es estar matriculado y caminar tribunales. Yo fui 28 años abogado. Y los 8 años de magistratura son de juez o fiscal, es decir, de firmar sentencias y hacer acusaciones", explicó el letrado a Los Andes, quien sabe los requisitos de memoria porque estuvo 2 años al frente del Consejo de la Magistratura.

"La carrera de Day es en el Ministerio Público, para la cual no es necesario ser magistrado. Los fiscales sí son magistrados pero la coordinadora no lo es. Ha hecho una gran tarea en su lugar pero tiene que ver con la organización. Eso no la habilita para ser ministra de la Corte", agregó.

Con respecto al concurso que ganó Day en en 2002 para ser defensora de menores (quedó ternada pero no fue elegida por el Gobernador de ese entonces, Roberto Iglesias), Pérez Hualde explicó que eso no habilita los años de magistratura porque no asumió el cargo.

También habló de una "paradoja en el Gobierno" porque "mientras se discute el tema de los equiparados en la Legislatura, se propone en la Corte a una equiparada a magistrado", aunque reconoció que el cargo de Day está equiparado por ley.

Es el mismo cuestionamiento que le hizo la senadora del PJ Natalia Vicencio: "Hace días se debatió un proyecto para terminar con los 'equiparados a magistrados' en la Justicia que indignaban al Gobernador y a la sociedad. Hoy Teresa Day, postulada para la SCJM, es una de las 'equiparadas sin concurso'. Raro e incoherente todo". 

Pérez Hualde explicó que los reparos a la postulación se podrán hacer durante el periodo de impugnaciones, antes de la votación en el Senado. "De todas formas la nulidad se puede plantear aunque la nombren", sentenció, fundamentándose en el artículo 43 de la Constitución Provincial que dice que los nombramientos de funcionarios que no cumplan los requisitos exigidos por la CP son nulos, y esos empleados podrán ser removidos de sus puestos en cualquier momento.

Sin embargo, desde el Gobierno aducen que hay otra "biblioteca" que respalda la trayectoria de Day para ser candidata a la Corte. Y citan los argumentos del actual juez de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti o del constitucionalista Daniel Sabsay: "Abogados que litigan, y por obligada analogía jueces, fiscales, defensores, entran en esa categoría lógicamente detectada del 'ejercicio'. También quienes asesoran en tales roles, o participan en ellos". Y en esta última categoría ubican a Day como para validar sus pergaminos.

Críticas de la oposición

El presidente del PJ, Guillermo Carmona, fue más allá y tildó a Day de "operadora judicial". "Mujer, con perspectiva de género, jurista indiscutible en lugar de una operadora judicial. Esa era la expectativa que crecía para la vacante en la Corte de Mendoza. Solo la primera condición reúne la candidata elegida. Lejos pero muy lejos de una Kemelmajer. Pobre provincia mía!", se lamentó en su cuenta de Twitter.

Otro opositor, el diputado nacional de Protectora José Luis Ramón, también recordó una vieja denuncia que hizo sobre Day, donde la vinculó en una supuesta "maniobra fraudulenta al Estado" -a la que sumó al entonces director de escuelas Jaime Correas, al procurador de la Corte Alejandro Gullé y al presidente de la Corte Jorge Nanclares- para que "la hermana de Gullé cobrara un sueldo de empleada judicial siendo celadora de un colegio".

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