Si bien algunas versiones atribuyen los movimientos piqueteros a las interrupciones de militantes políticos en las entradas de las fábricas en 1930, para distribuir propaganda, la actual "modalidad" de protesta se remonta a 1996, con la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, en reclamo por los despidos de trabajadores de YPF.
Con el correr del tiempo esos movimientos "espontáneos" pasaron a convertirse en una metodología habitual de protesta y finalmente, como sucede actualmente, a "profesionalizarse" detrás de organizaciones que funcionan en base al clientelismo.
Hay inclusive dirigentes o agrupaciones que han logrado trascendencia pública como es el caso del Partido Obrero; la Federación Tierra y Vivienda, que lidera Luis D'Elía; Libres del Sur; la Corriente Clasista y Combativa y el Grupo Quebracho, entre otros, que coinciden en actuar políticamente.
Los líderes de esas organizaciones a veces aprovechan circunstancias especiales, como sucedió con el paro de la CGT nacional, para movilizarse y agredir, logrando sus objetivos, ya que al día posterior los medios dedicaron más espacio a las protestas que a la huelga en sí. En los últimos tiempos han endurecido la modalidad, mostrándose con los rostros cubiertos, con palos y banderas que son utilizadas como lanzas para agredir a las fuerzas del orden.
De acuerdo con lo señalado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la actual gestión de Mauricio Macri le han realizado 1.124 piquetes, asegurando que "mientras nosotros apostamos al diálogo, hay un partido político que busca imponer una estrategia de bloqueo a nuestro gobierno", refiriéndose implícitamente al kirchnerismo, según dedujeron los medios nacionales.
Bullrich defendió la implementación del protocolo anti piquetes, que el Gobierno aplicó el día del paro en la autopista Panamericana (donde se utilizaron carros hidrantes y gas lacrimógeno), al igual que el desalojo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó con docentes que intentaban instalar una carpa blanca frente al Congreso.
En Mendoza se da una situación particular: no existen fuertes organizaciones "sociales", por lo que las protestas y cortes de calle son llevadas a cabo por partidos de izquierda, en muchos casos en connivencia con algunas organizaciones gremiales, como es el caso de los estatales.
Algunos de esos dirigentes han incursionado, sin éxito, en la actividad política y respecto de las organizaciones de izquierda se plantean situaciones incomprensibles, como es el hecho de que participan en las elecciones, ganan bancas legislativas, pero una vez en el Parlamento reniegan de las discusiones legislativas y afirman que todo debe funcionar a través de asambleas populares. Son grupos con escasa capacidad de convocatoria pero actúan sobre zonas estratégicas, como en el ingreso a la ciudad o frente a la Legislatura.
El reclamo por reivindicaciones sociales, salariales o políticas debe ser permitido, siempre y cuando el mismo se desarrolle dentro del marco de la ley y sin avanzar sobre los derechos de los demás, como viene sucediendo.
De allí que resulte necesario que el Gobierno utilice los medios a su alcance para evitar este tipo de hechos, comenzando con la metodología de disuadir para que los piqueteros cambien su manera de actuar o bien a través de los protocolos anti piquetes, como sucedió en el caso del paro general, lo que permitió que los accesos a la ciudad de Buenos Aires permanecieran liberados.
