La impotencia y la frustración contenida de los más de 60 papás que acudieron en la tarde de ayer a una reunión en el Instituto Antonio Próvolo, convocada por los directivos de la institución, llegó al límite en más de una ocasión.
Las autoridades llamaron a la policía y, con la presencia de varios uniformados, representantes de la Dirección General de Escuelas explicaron las medidas que se van a adoptar de ahora en adelante.
Una de las primeras situaciones tensas se originó porque los directivos sólo querían permitir el ingreso a los familiares, mientras estos exigían que se dejara entrar a los periodistas. Si bien la prensa pudo atravesar finalmente el portón sobre calle Besares, hubo mayor resistencia a la hora de pasar por las puertas dobles del edificio principal. Sin embargo, los mismos padres abrieron el portal.
Ya en el salón donde se desarrolló la reunión, una de las madres manifestó que los padres debían hacerse cargo de lo ocurrido porque cuando llevó por primera vez a su hija, le causó pena ver cómo algunos dejaban a sus niños toda la semana “sin preocuparse”.
Su declaración hizo estallar a otra mamá, a quien tuvieron que contener para que no la golpeara. Es que los chicos que quedaban albergados eran de departamentos alejados del Gran Mendoza o de otras provincias.
Los directivos del colegio no hablaron con los padres, más que para indicarles que estaban esperando a diversos funcionarios de la Dirección General de Escuelas, quienes iban a dar detalles de las decisiones tomadas.
El director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Francisco Fernández, fue el encargado de explicar cómo se iba a asegurar que los chicos puedan terminar el ciclo lectivo (del que apenas quedan cinco días hábiles, ya que hoy tampoco habrá clases en el instituto lujanino).
Si bien la decisión es que continúen las mismas autoridades y cuerpo docente, una pregunta reiterada de los familiares es cómo los directivos podían desconocer lo que ocurría y por eso no sienten confianza de que sigan al frente de la institución educativa, más allá de que haya una intervención del gobierno escolar.
Mariana Díaz resalta que sus tres niños son hipacúsicos y que han avanzado mucho desde que asisten al colegio, al punto que pueden comunicarse y el mayor de ellos resultó abanderado. A esta misma posibilidad de manifestarse le atribuye que sus hijos no hayan tenido problemas, porque cuentan todo. Pero resaltó que no quiere que los hechos denunciados se tapen, como ya ocurrió en el pasado.
Marcela Anzorena, quien vive en Tunuyán, contó indignada que sus dos hijos van al instituto, pero mientras la nena de 11 años es hipoacúsica y habla, el nene de 13 es sordomudo y tiene más dificultades.
La mamá detalló que los sacerdotes le recomendaron que dejara albergado al niño, algo que no hicieron, pero que desde que estudia allí, el chico se ha vuelto más agresivo y no quiere que nadie lo toque; ni siquiera que ella lo abrace. La mujer indicó que planea llevarlo a un médico particular para que lo evalúe y, en función de lo que le diga, hacer la denuncia.
Las subsecretarias de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, Emma Cunietti, y de Gestión Educativa, Mónica Coronado, explicaron a los padres que en los próximos días llegarán a la institución unas 20 personas para realizar un abordaje.
Entre ellos, intérpretes y psicólogos, por lo que recomendaron que los padres sigan llevando a sus hijos, para que los chicos tengan la oportunidad de expresar lo que hayan visto o les haya ocurrido.
