Uno de los crímenes más aberrantes de los últimos años, la muerte de la niña Luciana Rodríguez (3) por presuntos maltratos, transitará su ultima página el mes próximo, cuando su madre Rita Rodríguez (24) y su padrastro, Jorge Orellano (37), sean juzgados por homicidio agravado.
La muerte de Luciana no sólo mostró la crueldad de sus padres, sino también la inoperancia de los funcionarios de la Dinaf.
La Séptima Cámara del Crimen dispuso que el debate oral y público comience el 18 de mayo próximo, en tres jornadas. Rita será juzgada por homicidio agravado por el vínculo, en tanto que su pareja lo será por homicidio agravado por alevosía (basado en el estado de indefensión de la nena).
Los jueces Belén Salido, Graciela Urciuolo y Agustín Chacón han decidido realizar el juicio por la muerte de la pequeña, ocurrida el 7 de enero de 2014 en una casa usurpada que los imputados ocupaban en Entre Ríos al 300 de Ciudad, dejando para el futuro otra causa contra Orellano por el presunto abuso de una de las hijas de la pareja.
Además, el caso Luciana dejó abierta otra causa, ésta contra funcionarios de la Dinaf, que recientemente han visto cómo se aliviaba, sustancialmente, su situación procesal (ver aparte).
La muerte de Luciana
El martes 7 de enero del año pasado Orellano salió de la una vivienda ubicada en Entre Ríos 358 de Ciudad y se dirigió a la clínica Santa María, que se encuentra a una cuadra de la casa.
En sus brazos llevaba a la pequeña Luciana, a quien abandonó en un consultorio.
Cuando los médicos vieron que la pequeña estaba muerta, dieron aviso a la Policía.
Rápidamente los investigadores detuvieron a Rita, quien dijo que no estaba al tanto de la situación. Fue llevada a la clínica por orden de la fiscal Daniela Chaler para que reconociera el cadáver. Luego fue detenida, lo mismo que su pareja, quien se encontraba en la casa que usurpaban.
Presunto abuso sexual
Jorge Orellano no sólo será juzgado el mes próximo por el homicidio de la pequeña Luciana. Los mismos jueces de la Séptima Cámara lo juzgarán luego por abuso sexual gravemente ultrajante.
La presunta víctima sería una de las dos hijas que tenía la pareja, una niña que al momento de producirse la investigación tenía un año y medio.
La fiscal Daniela Chaler ordenó que las dos hijas de la pareja fueran llevadas al Notti y allí los médicos determinaron que una tenía algunas lesiones en la zona genital. Luego, los profesionales del Cuerpo Médico Forense establecieron que se trataba de lesiones compatibles con un posible ataque sexual.
La pareja podría ir a la cárcel; los funcionarios, no
Mientras que el panorama para la pareja Rodríguez-Orellano se presenta más que complicado, los cinco funcionarios de la Dinaf implicados se han visto beneficiados en los últimos días, ya que de ser juzgados no irán presos si son encontrados culpables.
Recientemente, la fiscal especial Claudia Ríos elevó a juicio la causa contra los funcionarios Fernando Herrera, Felipe Vizcarra,Vanesa Consina, Mónica Castro y Fabiana Lucentina.
Durante toda la investigación estuvieron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que tiene una pena de 1 mes a dos años de prisión (no efectiva). Además estaban imputados por abandono de persona agravado, un delito que sí tiene penas severas: de 5 a 15 años.
Ahora, al terminar la investigación, la fiscal determinó que sólo sean juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario. Por este delito también está imputado Mauricio Flores.
Esta novedad fue rechazada por Graciela Cola, abogada de la familia de Luciana.
Por lo tanto, un juez de garantías deberá establecer si estos funcionarios "se salvan" de ir a la cárcel o bien son juzgados también por abandono de persona.
El accionar oficial en relación a este caso de maltrato fue más que escandaloso: 16 denuncias acumuló la Justicia en relación a la situación de la pequeña. Incluso hay dos testimonios de cuidacoches que vieron a Orellano golpeando a la niña, pero cuando fueron a la comisaría no les tomaron la denuncia. Una de esas denuncias se hizo un par de horas antes de que la menor muriera.
Estas denuncias incluirían las actuaciones de personal de tres ministerios: policías (Seguridad), funcionarios del OAL (Órgano Administrativo Local, de la Dinaf (Desarrollo Social) y de la línea 102 de maltrato infantil (Salud).
