Días pasados, al asumir sus funciones, el flamante titular del Fondo para la Transformación y Crecimiento, Sergio Moralejo, se refirió a la situación en que se encuentra el organismo, indicando que destinará 150 millones de pesos (la mitad de la capacidad prestable, que es de 300 millones) para préstamos de cosecha y acarreo. Se trata de una medida que concurre en apoyo de miles de productores que, como consecuencia del escaso valor del precio de la uva en la cosecha anterior, no cuentan con recursos suficientes para levantar la uva que se encuentra en las cepas, pero en los hechos se desvirtúan los verdaderos objetivos con que fue creado el Fondo, que se centraban en el crecimiento industrial y económico de la provincia.
Según se indicó, el Gobierno destinará 150 millones para financiar la cosecha y acarreo de uva, con tasas de interés que van del 12,5% para quienes lo soliciten antes del 31 de enero -de hecho un 50% de la tasa que ofrece el Banco Nación-, que pasará al 17,5% para quienes lo pidan en febrero, contemplando hasta 4 mil quintales para las uvas varietales y 6 mil para las criollas. Según indicó el titular del organismo, el año pasado los préstamos alcanzaron a 1.600 productores y en esta oportunidad que estima que podría llegar a 2 mil beneficiarios, agregando que el recurso podría potenciarse para llegar a un número mayor de productores, siempre que pueda acordarse un crédito complementario del Nación.
El Fondo para la Transformación y Crecimiento fue creado a través de la ley 6071, aprobada en la Legislatura en 29 de noviembre de 1993 y establecía en su artículo 1º que tendría, entre otros objetivos generales el desarrollo socio-económico integral de la provincia "que tienda a un crecimiento auto sostenido y continuo"; "proyectos privados y uso de energía no contaminante"; "capacitación del recurso humano para la generación de unidades productivas estables para incorporarse igualitariamente a la nueva estructura económica productiva; capacitación del recurso humano para el mejoramiento de la calidad de la educación", destacando entonces que el financiamiento de "inversiones privadas" se constituirá con los siguientes recursos: "los que establece la ley de utilización de bonos hidrocarburíferos¸ los fondos que se reintegren por el financiamiento de proyectos de inversión privada; los recursos que se obtengan de la administración financiera del mismo y otros recursos que pueda destinar el Poder Ejecutivo para su integración". En su momento, al explicar la decisión de integrar el organismo, las autoridades indicaron que se intentaba dar un perfil industrial a la Provincia en razón de que con la explotación petrolera, con el correr de los años, Mendoza terminaría quedando sin recurso hidrocarburífero ("sería como un queso", dijo un funcionario) y que por ello resultaba necesario destinar lo producido por el petróleo para concurrir en apoyo del sector privado que presente iniciativas destinadas a ampliar las fuentes de trabajo.
Sin embargo, con el correr de los años, la ley de creación del Fondo sufrió una impresionante cantidad de modificaciones, cambiándose inclusive el objetivo central del organismo y destinando gran parte de su dinero a concurrir en la solución a situaciones coyunturales, como es el caso de los préstamos para cosecha y acarreo o bien para "sostener" el precio de otros productos, como el durazno, la ciruela, el damasco, las peras o las manzanas, por señalar algunos de ellos. Más aún, hubo casos en que se determinó que, por ciertas situaciones meteorológicas (granizo, viento Zonda, heladas) se eximía a los productores a devolver el préstamo otorgado por el organismo, lo que llevó entonces al desfinanciamiento.
El nuevo titular del Fondo cuenta con una importante trayectoria pública y legislativa que pueden permitirle trabajar en la búsqueda de recuperar aquellos objetivos trazados en la creación del organismo. Para ello debería dejar de lado aspectos coyunturales (en el caso de los préstamos para cosecha y acarreo las decisiones ya estaban adoptadas) y fomentar que esos problemas sean afrontados a través de préstamos blandos de entidades bancarias para, de ese modo, trabajar a futuro en la búsqueda de una Mendoza más industrial, más generadora de puestos de trabajo, tal cual se estableció en la ley original.
