La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos nosotros sea recta y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican qué es “lo suyo” o qué es lo justo. Para que ello ocurra es imprescindible educar.
Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno lo conforman los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes para que haya justicia.
Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestra que convivimos con un alto porcentaje de anomia; cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial”, el 73% responde que es regular o malo.
El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación lo demuestra, en la actualidad, el hecho que de los 993 cargos de jueces que lo integran -de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional- hay, nada menos, que 259 vacantes -147 corresponden a la Justicia Nacional-. En 10 de las cuales ni siquiera se ha convocado a concurso, en otros 233 está en trámite; en el despacho del presidente de la República hay 19 ternas para que se designe al magistrado y pida al Senado que les preste acuerdo; 7 designados esperan que esta Cámara les preste acuerdo.
En el Poder Judicial de la Nación, además de los jueces federales lo componen también los mal llamados tribunales Nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces y que son los equivalentes a los provinciales y que atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que todavía no fueron transferidos a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129) y que sostenemos todos los argentinos.
Además del 26% de vacantes que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa, si observamos que en la CABA hay 12 jueces federales, para 2.890.151 habitantes; y sólo 7 en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km² que posee la CABA. Santa Fe es atendida por 9 juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen 4 juzgados federales y en la de Córdoba hay sólo 3, a pesar que el gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).
La Corte Suprema
Si la reforma de la Justicia debe comenzar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene 5 jueces (en otras época tuvo 7 y 9), deberá resolverse su mayor problema, que es la cantidad desmesurada de causas que resuelve. En 1998 falló en 46.435 expedientes -la mayor cifra de su historia-; al año siguiente en 16.120; 20.276 en 2004 y 9.889 en 2012, año en que su presidente Ricardo Lorenzetti y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto de Código Civil y Comercial. La Corte Suprema de los EEUU, que tiene 9 jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), resuelve por año sólo un centenar de causas.
Estos números son más que suficientes para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.
