Después del fallo judicial que dejó en libertad a los miembros de la Tupac Amaru local, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a caldear la relación con el Poder Judicial. En realidad con parte de ese poder, con los jueces que el año pasado llamaba "sacapresos" o "abolicionistas". Esta vez apuntó a una asociación civil filokirchnerista, Justicia Legítima, en la que se agrupan magistrados y funcionarios judiciales de todo el país.
¿Qué es Justicia Legítima? Una asociación civil que nació en diciembre de 2012, junto a una solicitada en la que magistrados de todo el país, funcionarios judiciales y referentes académicos se manifestaban en contra de un comunicado de otras organizaciones judiciales, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, quienes cuestionaban la injerencia del poder político sobre la Justicia.
El poder político de esa época era el gobierno de Cristina Fernández. Eran épocas de investigaciones judiciales que empezaban a acechar a varias figuras del Gobierno y la ex presidenta buscaba una profunda reforma judicial a través proyecto conocido como 'democratización de la Justicia'.
En su sitio web se indica que la misión de Justicia Legítima es trabajar por la democratización de la Justicia y que “impulsa una Justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la Justicia con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales”.
Quizá la gran protagonista y actualmente vocal en la conducción de la asociación es la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Entre los firmantes de aquella solicitada está el camarista federal Eduardo Freiler, quien hoy está a tiro del juicio político por las dificultades que tiene para explicar su crecimiento patrimonial.
En la solicitada fundacional aparecen cuatro nombres vinculados a Mendoza: el miembro de la Suprema Corte local, Omar Palermo; el fiscal general federal Dante Vega; el camarista federal Héctor Cortés y la subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Fátima Ruiz López.
En aquellos días, Palermo también era parte de la Justicia Federal de Mendoza.
Actualmente, en el sitio web de Justicia Legítima, aparecen Palermo y Vega como vocales de la organización. El primero, titular y el segundo, suplente. Vega tiene un perfil más bajo. La cara visible en Mendoza es el supremo Palermo; su liderazgo tiene mucho que ver con que el magistrado es reconocido por sus pares como una autoridad de relieve internacional en derecho penal.
El único nombre vinculado claramente a Justicia Legítima, aparte de Palermo y Vega, es el ex camarista Horacio Báez, actualmente jubilado y parte de la defensa de la líder de la Tupac, Nélida Rojas.
En el Poder Judicial de Mendoza, Justicia Legítima no tiene tantos nombres abiertamente identificados, sino que más bien se señala a simpatizantes con afinidades acerca de lo que debería ser el derecho; por simplificación probablemente errónea, algunos califican a ese colectivo como el ala “garantista” o, como diría Cornejo, los “sacapresos”.
En contraposición existe otra ala que quizá erróneamente se califique de “mano dura”, con la que el Gobernador ha tejido el respaldo a su política de seguridad. Ambas facciones configuran lo que se conoció como la “grieta judicial” que separa a magistrados del fuero penal.
En la última semana, después del fallo de la 8° Cámara del Crimen que dejó libre a Rojas y a sus familiares, Cornejo apuntó a los jueces de ese tribunal y los acusó de ser parte de Justicia Legítima.
Realmente ninguno de los tres miembros, Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, son parte de la asociación. Correa Llano tiene un vínculo con Omar Palermo: el Supremo es titular de la cátedra de Derecho Penal 1 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo; el camarista es jefe de trabajos prácticos en la misma materia. Allí también revista Dante Vega como Jefe de Trabajos Prácticos.
Entre los vinculados se cuenta a la fiscal de la 4° Cámara del Crimen, Daniela Chaler, quien es esposa de Correa Llano. Algo similar sucede con Laura Rouselle, fiscal de la 1° Cámara del Crimen, quien es esposa de Lucas Lecour, presidente de la agrupación defensora de los derechos humanos, Xumek.
Entre los que tienen amistad con el supremo Palermo se señala al juez de la 3° Cámara del Crimen, Eduardo Martearena. A otro que también se lo señaló en su momento fue a Mateo Bermejo, de la 1° Cámara; hace unos años subrogó en la 2° Cámara y participó en la redacción de la causa de Soledad Olivera.
Bermejo se había desempeñado en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y antes junto al entonces fiscal federal Palermo en los juicios de lesa humanidad en Mendoza.
Una magistrada señalada por posiciones públicas es María Belén Salido, de la 7° Cámara del Crimen, quien hace más de año y medio defendió públicamente un fallo de la Suprema Corte sobre las prisiones preventivas, que puso en aprietos al entonces recién asumido Cornejo.
Las razones para desechar la acusación
En los pasillos judiciales se habla mucho del fallo de la 8° Cámara del Crimen sobre la Tupac Amaru local. Se habla y se sospecha que se hablará mucho. Obviamente las versiones varían de acuerdo al lado de la grieta judicial del interlocutor.
Del lado del Gobierno y del ala “dura” de la Justicia, la versión ya se ha hablado; del lado del ala “garantista” se indica que la reacción de Alfredo Cornejo del martes pasado desnuda su voluntad de influir en el ánimo de los jueces y, de esa manera, atentar contra la independencia del Poder Judicial.
En los pasillos se indica que el gran problema de las causas vinculadas a la Tupac es que la fiscal Gabriela Chaves pretendió justificar la figura penal de asociación ilícita con elementos que no estaban en juego en las causas por coacción, sino que correspondían a la causa que se tramita en el fuero federal, por fraude a la administración pública.
Se dice que la fiscal Chaves fundaba sus causas en 8 denuncias de estafas de 2011 de personas enojadas con Rojas por el tiempo de demora en la construcción de las casas, el caso de coacción contra Milena Rojas de 2015 (la mujer que se atrincheró en una de las viviendas y Ramón Martínez la habría amenazado) y 13 casos de personas que denunciaron en noviembre de 2016 que los habían engañado porque les cobraron las cuotas y nunca les dieron las casas por vivir en otro departamento.
Al respecto, aseguran que “ninguno de esos casos justifica la asociación ilícita”.
