Tras un durísimo 2018, donde la economía argentina otra vez puso todo patas para arriba, empezó un año que nadie se anima a vaticinar como más fácil. Y que encima llega cargado de agenda electoral. No será la primera vez que los argentinos votaremos en medio de una crisis económica (parece ser la regla general), pero sí hay que anotar una anomalía en 2019: los intendentes mendocinos pueden darse el gusto de escapar al enojo de la ciudadanía con los políticos. Expliquemos esto.
A diferencia de la última elección, donde varios jefes comunales no podían ni asomar su nariz a la calle (como Lobos y López Puelles), esta vez los 18 podrían aspirar a reelegirse sin muchos obstáculos (salvo el que les puso Cornejo, promulgando la enmienda constitucional que afecta a 7 de ellos si la Corte lo ratifica).
Es decir, en un contexto económico con las cuentas en rojo, esta vez los intendentes han sabido mantener ordenados sus números y “blindarse” ante la situación nacional y, por qué no, provincial. Así, ninguno cerró el 2018 con déficit en sus municipios (al menos así lo declararon) y proyectan un 2019 austero pero haciendo obras para buscar el voto de sus electores.
En definitiva, parece ser una buena época para ser intendente en Mendoza y las evidencias de que casi todos (los 11 que pueden postularse este año) serían reelectos lo demuestran.
Es que a medida que han ido ganando autonomía -financiera y por ende política-, los jefes comunales dependen cada vez menos del “arrastre” que les brinde un candidato provincial o nacional. Por eso no imaginamos a ninguno haciendo campaña “colgado” de un nombre rutilante: primero porque varios departamentos desdoblarán comicios de la Provincia; y segundo porque los que no (los oficialistas), más bien ayudarán a traccionar votos al candidato de Alfredo Cornejo a gobernador.
Allá lejos y hace tiempo, a fines del siglo XIX, queda la época de esos alcaldes menores que -plasmados luego en la Constitución provincial de 1916 como “intendentes”- se dedicaban al ABL (alumbrado, barrido y limpieza) en comunidades pequeñas.
Conforme avanzó el siglo XX, pero sobre todo a partir del regreso de la democracia en 1983, fueron ganando poder territorial gracias al manejo creciente de recursos económicos. Los números lo demuestran: en 1997, según datos del Ministerio de Hacienda de la provincia, los 18 municipios recibieron $ 162 millones de copartipación municipal (que en épocas de 1 a 1 eran 162 millones de dólares); 20 años después, en 2017, esa cifra había crecido a $ 10.158 millones (530 millones de dólares). Y 2018 cerró por encima de los $ 13.000 millones (330 millones de dólares tras la fuerte devaluación de este año).
Este notable incremento de recursos se funda en la necesidad de los gobiernos nacional y provinciales de “tercerizar” en los municipios ciertos servicios que deberían dar ellos, como salud, educación, trabajo y seguridad.
Con esta carga social apoyada en una caja cada vez más grande, los intendentes se han transformado en “minigobernadores” que administran estados en algunos casos más grandes que ciertas provincias: por caso, Guaymallén tiene más población que La Pampa, Santa Cruz o Tierra del Fuego.
Y lo sabe bien su actual intendente Marcelino Iglesias, que la última semana se quejó en una entrevista radial porque tiene que construir una pasarela sobre el Acceso Sur que le corresponde a Vialidad Nacional, aunque reconoció que hoy tiene los recursos para hacerlo. ¿De dónde? De la buena administración, dice él, pero también de la mayor coparticipación que reciben los municipios, que según un informe del Ministerio de Economía de la Nación pasó del 38% de los recursos totales de las provincias en el período 1993-2001 al 43% entre 2001 y 2010.
En el caso de Mendoza, la curva de transferencias de recursos a las comunas también fue ascendiendo cada vez más: si desde 1997 tardó ocho años (hasta 2005) en duplicarse el monto de coparticipación municipal (de $ 162 a 363 millones), desde 2015 lo hizo en solo dos años (de $ 5.695 a 10.158 millones). Ingresos jugosos que se aceleraron a partir de 2010 con la modificación de la ley provincial 6395, que aumentó la coparticipación de varios impuestos del 14% al 18,8%.
Con esta ecuación, los municipios parecen estar en una “década ganada”. Y así, con cuentas ordenadas, obras para mostrar y hasta ahorros propios, la mayoría de los intendentes se encaminan a la campaña electoral sin grandes conflictos que les resten votos.
¿Logrará alguno de ellos saltar a la Gobernación? Hay un dato que puede aportar a la respuesta: solo 3 de los últimos 9 gobernadores (Iglesias, Jaque y Cornejo) llegaron a la Casa de Gobierno habiendo pasado por una intendencia. Pero son 3 de los últimos 5 mandatarios.
